Por: Ismael Castagnet Lacuesta
Todo empezó con una conferencia de prensa donde autoridades de la educación y del Plan Ceibal (cabe hacer la diferencia, ya que no son la misma cosa) anunciaron con bombos y platillos que habían firmado un convenio con Google mediante el cual la multinacional de la información se comprometía a proveer de correo electrónico y alojamiento en la nube (Google Drive) con capacidad ilimitada y aplicaciones para la educación (Google Apps for Education) para todos los alumnos de educación primaria y secundaria de los sistemas público y privado del país.
Inmediatamente varias personas (integrantes de colectivos docentes, de investigación, de cultura libre, etc) empezaron a cuestionar dicho acuerdo por medio de correos internos. A los pocos días ya estaban coordinando una respuesta pública entre los distintos grupos que cuajó en la carta abierta expuesta en esta página, donde también se empezó a recoger firmas de apoyo.
La cantidad (y calidad) de firmas aumentó rápidamente y por diversas razones seguramente. Se notaba cierta avidez por decir “No” a la impunidad con que se ha venido desarrollando el Plan Ceibal desde sus inicios. Desde un ente para-estatal se toman decisiones que afectan a la educación toda, sin consultar a las autoridades educativas ni al cuerpo docente, que es el que da la batalla educativa todos los días en las trincheras de las aulas. Es más, no sólo no se los consultó sobre la forma de incorporar herramientas informáticas al acto educativo, sino que se desdeñó su opinión, en privado y en público maniendo frases como “ahora los estudiantes van a ser los docentes de los maestros”. Los deterministas tecnológicos postulaban que por el mero hecho de incorporar herramientas informáticas al aula mejoraría el desempeño académico de sus estudiantes (cosa demostrada con cifras que no ha sucedido, ni acá ni en ningún lado). Pero claro, es complicado hablar en términos educativos con un empresario que poco conoce del tema, son lenguajes muy distintos los que usan unos y otros.
En un país donde es raro que un movimiento ciudadano cuestione políticas del gobierno, se logró una amplia exposición en la prensa y que se discuta en el Parlamento la conveniencia de firmar este tipo de acuerdos. Hasta la Universidad de la República (luego de un proceso iniciado en el Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería que se irradió rápidamente al resto de la Facultad y luego al Consejo Directivo Central) expresó su preocupación por este acuerdo y salió públicamente a cuestionarlo (en la prensa y en el Parlamento).
Finalmente se logró un stand-by por parte de la ANEP al acuerdo, mientras ANTEL y Facultad de Ingeniería diseñan posibles soluciones “hechas en casa” que impliquen que los datos de nuestros niños queden alojados en servidores radicados en nuestro país y administrados por funcionarios públicos y no alojados en Estados Unidos a manos de la multinacional citada.
Entendamos que a nivel global las multinacionales de la información como (Apple, Facebook, Google y Amazon) están compitiendo por quién provee una plataforma global de Internet para sus usuarios. Esto implica tener la mayor cantidad de usuarios (cautivos), productos para ofrecerles, plataforma de pago, de firma digital, servicios de todo tipo, infraestructura de servidores y redes propia, sistema de marketing, etc. En ese marco es lógico que conseguir, de una sola mordida, captar TODOS los estudiantes de un país, es algo así como el sueño del pibe. Estos estudiantes irán creciendo y en el futuro seguramente seguirán usando las herramientas de Google en su vida laboral, personal, etc.
Si el país evalúa positivamente esta iniciativa, seguramente se irá diseminando por otros países de la región y en poco tiempo TODOS los estudiantes (futuros ciudadanos, trabajadores, sindicalistas, militares, empresarios, gobernantes) alojarán sus datos en servidores de la multinacional.
Esto no es casual, a fines del año pasado el encargado de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Google for Education (o sea, lo que nos ofrecen ahora de forma «gratuita») visitó las instalaciones del Plan Ceibal. Supongo que algún beneficio le traerá a la empresa el hecho de que usemos su software si ese señor es «encargado de desarrollo de negocios», no?
Un dictamen de la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales expresó que este convenio no viola la privacidad de los estudiantes, pero no dice nada de cómo debemos actuar en caso de que la empresa incumpla con los términos del contrato, como ya sucedió varias veces alrededor del mundo. Como muestra vaya este ejemplo donde le iniciaron juicio en EEUU por analizar sin permiso los mails de los usuarios de Google Apps for Education (casualmente, el mismo software que nos ofrecen ahora): https://www.edweek.org/ew/articles/2014/03/13/26google.h33.html
Dicho dictamen también dice que el acuerdo no es obligatorio, o sea que cada usuario tiene la libertad de aceptar o no las licencias de uso del software. Como en este caso estamos hablando de menores de edad, tendrían que ser los padres quienes aceptaran la licencia de uso, algo complicado de implementar pues o se hace «a mano» o se implementa un sistema on-line que debería poder identificar a los padres de los alumnos para que dieran su consentimiento. También nos hace preguntarnos ¿qué pasará con los niños cuyos padres no den dicho consentimiento, quedarán relegados en el aula escolar cuando los demás compañeros usen los programas de Google?
Se nos dice que la empresa se compromete a no usar los datos de nuestros niños con fines COMERCIALES, pero no se dice nada de otros fines con los que puedan usarse en un futuro. Luego de las revelaciones de Edward Snowden de que TODAS las multinacionales de la información colaboran abiertamente con el gobierno de EEUU, no sería de extrañar que terminen usando esos datos con fines políticos y hasta militares en el futuro.
En estos días nuestra fuerza política (Frente Amplio) está discutiendo este tema a diferentes niveles. Grupos políticos, coordinadoras, parlamentarios en comisión de Educación y hasta en la mesa política (que tengo entendido postergó el tema, pero lo volverá a tratar en breve).
Esperamos una pronta resolución que vaya en la línea del Programa de Gobierno 2015-2020 que en la página 59 dice textualmente:
«Diseñar y poner en práctica una política de software y activos informáticos. Esta política deberá promover el desarrollo del ecosistema de software a nivel nacional e incentivar el desarrollo de software libre promoviendo un modelo socializante. Establecer el marco regulatorio para uso de los recursos, entre ellos, el de computación en la «nube» en sus diferentes modalidades de servicios,tanto de software como de datos. Esta regulación deberá garantizar la soberanía nacional sobre dichos datos y servicios, de tal manera que sean localizados íntegramente en el territorio nacional y evitar la generación de monopolios privados y asegurar la gestión estatal de dichos servicios«.
En resumen, nuestro programa de gobierno habla de hacer todo lo contrario a lo que se hizo con este convenio entre Google y el Plan Ceibal ya que los datos de nuestros niños estarán en servidores fuera del territorio nacional y gestionados por una empresa extranjera.
Mejor curarse en salud y seguir los lineamientos del programa, apostando por una solución local, con nuestros técnicos, nuestros programas y nuestros servidores.
