Una mirada a los actores y las tendencias de “el control de los territorios” en el contexto latinoamericano actual
Idealmente, existen hoy las mejores condiciones posibles para analizar desde distintos enfoques y concluir que las raíces de los problemas actuales de violencia están directamente conectadas con todo lo que generó el modelo neoliberal en nuestro país: desindustrialización, exclusión social, precarización laboral, individualismo, guerra social de pobres contra pobres, destrucción de los mecanismos de contención social, desarraigo, infantilización de la pobreza, desmantelamiento de la educación pública.
Sin embargo, es necesario partir del hecho que el debate político posicionado desde la derecha está siendo sobre la “inseguridad” y no sobre la violencia.
En el Uruguay no se han desarrollado hasta el momento, situaciones estructurales de “control territorial” por parte de la economía criminal en alguna de sus diversas manifestaciones. A diferencia de lo que sucede en muchos puntos de América Latina, este tipo de fenómeno, no se presenta en el contexto uruguayo de la mano de “problemas de seguridad”, sino en todo caso por la implantación de modelos de acumulación de capital que -basados en el control de amplios territorios- generan las bases para el desarrollo de potenciales violencias sociales.
Una mirada a los actores y las tendencias de “el control de los territorios” en el contexto latinoamericano actual, puede aportar algunos elementos a una perspectiva que vincule el debate sobre la “seguridad” con la incidencia que puedan tener los modelos productivos que basan su lógica de funcionamiento en la localización del capital y la des-localización de otras culturas productivas, no intensivas en capital.
Para empezar, es preciso definir el concepto: “Control del territorio” es una mirada de las relaciones de poder que se desarrollan en los diferentes espacios sociales. Utilizar esta idea facilita a identificar a los actores que efectivamente “controlan” un territorio dado, arbitrando sobre los conflictos sociales, imponiendo una determinada lógica de producción y reproducción de la vida, aplicando una “ley de hecho” entendida como normas sociales efectivas que si no son respetadas despliegan diferentes mecanismos de presión social para mantener un determinado “orden”.
El control del territorio es el resultado de un proceso socio-económico e histórico por el cual determinados grupos sociales logran establecer e imponer un cierto “orden social”. Se trata entonces de una mirada que busca en primer lugar, distinguir entre los grupos sociales que tienen a su alcance mecanismos de poder y los grupos que carecen de dichos mecanismos y deben por tanto aceptar las condicionantes estructurales que le son impuestas.
En segundo lugar, implica una perspectiva de análisis histórica y dinámica en tanto busca las conexiones que existen entre los grupos de poder que controlan los diversos territorios y el poder de los Estados, en tanto estos formalmente detentan el monopolio del uso legal de la fuerza para hacer cumplir las normas legales en toda la extensión de los territorios nacionales.
Esto quiere decir, que más allá de que los Estados nacionales detentan formalmente el monopolio del poder, en los territorios particulares, son determinados grupos sociales que establecen con su propio carácter de dominación de clase, los que “controlan” el proceso de producción y reproducción social.
En algunos casos, se puede dar que ambos tipos de poder sean contradictorios y estén en pugna, pero en otros casos, ambos tipos de poder, el poder del Estado y el poder de los actores territoriales, pueden operar en complementariedad y se refuerzan mutuamente.
Esto quiere decir además que el control del territorio se puede desarrollar en el marco de la legalidad jurídica vigente y reconocida formalmente por el Estado, o puede operar mediante prácticas ilegales que el Estado no puede llegar a reprimir, y por tanto no “controla” en el sentido literal del término. También puede darse una combinación de ambos tipos de procesos.
Finalmente, cuando se habla de “territorio” puede darse a entender que solamente se circunscribe el análisis al medio rural, lo cual inicialmente es correcto pero también se puede aplicar a espacios urbanos en tanto la definición de “territorio” es “una entidad multidimensional que resulta de los muchos tipos de prácticas y relaciones;…vínculos entre los sistemas simbólico culturales y las relaciones productivas que pueden ser altamente complejas”1.
El control del territorio en América Latina
En los conflictos sociales relacionados a la tenencia de la tierra se expresa, desde América Central hasta el Cono sur, un tipo de control del territorio que se manifiesta con grandes dosis de violencia, uso de milicias privadas, desplazamientos forzados, destrucción de los medios de vida de los sectores campesinos e indígenas, represión de las demandas por acceso a la tierra, privatización de recursos y fortalecimiento de los grupos locales de poder.
En este tipo de control territorial, están confluyendo dos tipos de actores que provienen de dos lógicas claramente diferenciadas. Por un lado, empresas transnacionales de diversos sectores económicos, con fuerte capacidad de inversión de activos financieros en los mercados de commodities. Por otro, actores locales vinculados a las viejas oligarquías terratenientes, que basan su poder en la propiedad de grandes latifundios, y que están conectados a sectores económicos como la cría extensiva de ganado, madereras, agronegocio sojero, palma para agrocombustibles, etc.
Ambos actores son diferentes en cuanto a su composición orgánica. Pero a su vez, ambos actores basan su poder en el control territorial derivado de la posesión de grandes extensiones de tierras. En ese control de grandes extensiones de territorio, se impone una lógica de producción que tiene en común la búsqueda de maximización de las ganancias, la concentración de la renta generada en pocas manos y en la exclusión y marginalización de otras culturas productivas, más vinculadas a la producción en pequeña y mediana escala.
Esta descripción a grandes rasgos, se puede constatar en varios ejemplos concretos:
La producción a gran escala de palma aceitera en Colombia, la producción de soja en Paraguay, el desmonte y la tala ilegal en Brasil, Paraguay y Argentina para la producción de ganado o de plantaciones a gran escala, las plantaciones para agrocombustibles en América Central que cobraron un gran auge luego de abiertos los mercados de USA y la UE por el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA) y el Acuerdo de Asociación (AdA) respectivamente, las plantaciones forestales para celulosa y carbón vegetal en Brasil, la expansión de la producción minera y petrolera en Colombia, Perú, Argentina, Guatemala, México, Chile.
Un ejemplo para finalizar: el complejo productivo de la soja y el de las plantaciones forestales, ocupan conjuntamente en los cuatro países del MERCOSUR más Bolivia y Chile, según las estadísticas sistematizadas por la CEPAL para el año 2012, un total aproximado de 60 millones de hectáreas. Esta enorme extensión de tierra, que es controlada fundamentalmente por estos dos sectores muy dinámicos, produce valor y acumula ganancias mediante una lógica de funcionamiento basada en la fuerte dotación de capital, la aplicación de paquetes tecnológicos y la alta mecanización. Generan poca mano de obra y la evidencia demuestra que son formas productivas que tienden a subordinar y desplazar a otras culturas productivas como la agricultura a pequeña y mediana escala, la lechería, la cría de animales, apicultura, etc.
La otra cara entonces de esta lógica productiva que controla actualmente 60 millones de hectáreas en el Cono Sur, suele ser el desplazamiento de poblaciones y culturas productivas no intensivas en capital hacia otros lugares reforzando la transición campo-ciudad. O el agravamiento de los conflictos por el acceso a la tierra, como sucedió en Paraguay recientemente.
Este tipo de desplazamiento puede ser cualitativamente distinto al que se experimenta en Colombia o América Central, pero en su esencia supone el primer paso de una fractura social que se extiende luego a los terrenos urbanos y desencadena efectos sociales en esa dirección. Los emergentes de violencia se conectan a lógicas de desplazamiento y desarraigo como las planteadas arriba: se localiza el capital y se des-localiza la gente.
En conclusión, el Uruguay no presenta extremos como los que suceden en casos como Brasil, México, Honduras o Colombia, en el sentido que el Estado no ha cedido espacios a los circuitos de economía criminal. Pero si es importante enfocar que la incidencia de los modelos productivos dominantes -como el mencionado arriba- sobre las culturas productivas subordinadas hace que se desencadenen presiones sobre el desplazamiento hacia otros contextos vitales. Esos en cambio si están controlando territorio, y tendencialmente a nivel regional, su incidencia parece ir en aumento.
Por: Sebastián Valdomir
