El anuncio de crear una ley de radiodifusión despertó en ámbitos empresariales y políticos (fundamentalmente de la oposición aunque no el único) una gran preocupación lo que generó un amplio despliegue de los principales medios y voceros con una consigna fundamental: se está afectando la “libertad de expresión”.
No creemos que sea tal, pero seremos precavidos y exigimos las mayores garantías. Y para eso hemos resuelto desde nuestro sindicato involucrarnos, ser protagonistas de estos cambios que se pretenden instrumentar.
Desde APU hemos defendido la necesidad de los cambios en los medios audiovisuales y estamos convencidos que, con los controles necesarios, no se afecta esa libertad de expresión.
Este contexto es necesario tenerlo en cuenta para entender las repercusiones que tienen las medidas de seguridad anunciadas hace semanas por el Poder Ejecutivo, en particular la referida al papel de los informativos, programas y el horario de protección al menor.
Se generó un gran revuelo con el planteo del Poder Ejecutivo, pero es bueno recordar que en el Código de la Niñez y la Adolescencia hay varios artículos que regulan la forma en la que los medios de comunicación deben comportarse. Por ejemplo se establece que la exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos “no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes”, “o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas”. También se sugiere evitar la exhibición de películas que promuevan actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten los vicios sociales”.
La idea que el gobierno nos transmitió, y que compartimos, es “aterrizar” y reglamentar esos conceptos incluidos en el Código.
Entendemos necesarios discutir sobre esto y por eso hemos reclamado ser parte de ese análisis. Definir qué es violencia extrema, truculenta no es fácil. Se pueden ver modelos extranjeros como el de Chile o Inglaterra por ejemplo. En ese sentido hay que tener un delicado equilibrio para no afectar el derecho de la población a estar informada de hechos violentos que afectan a la sociedad. Y a eso hay que añadir lo que sucede fuera del Uruguay desde donde llegan hechos violentos.
Consejo Honorario asesor
Desde APU hemos planteado que exista un organismo, una comisión, un “Consejo Honorario Asesor” que esté encargada de seguir lo que se difunde. Este Consejo no debe estar integrada por el Estado; es necesario que estén empresarios (gremiales), trabajadores (sindicatos o la propia central) y organizaciones sociales (DD.HH, Niñez y adolescencia, CUA, etc.) para darle mayor garantía de que no habrá injerencia de los gobiernos de turno, independiente, democrático.
Si se violan las normas puede haber una sanción moral primero, con denuncia pública, observaciones y luego pecuniaria a través de una multa acorde con la situación. Se sugiere que lo recaudado por concepto de multas se vuelque a un fondo que servirá para financiar campañas de bien social, en los 15 minutos que deberán aportar los canales, según Decreto TV Digital. También sería necesario que todo esto pase por el Parlamento para darle mayor legitimidad a este tema. En ningún caso se prevé censura previa. Se puede emitir libremente pero asumiendo las responsabilidades.
Código de ética periodística
Paralela a esta situación, desde APU y junto al Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública y el Grupo Medios y Sociedad ya pusimos en marcha un debate nacional sobre autorregulación con la idea de lograr un código de ética sobre nuestro trabajo periodístico. La actividad cuenta con el apoyo económico de Unesco. Queremos que se de la mayor participación posible a los trabajadores. Pero en esto es necesario que los responsables de los medios de comunicación también sean parte para que lo resuelto se aplique de la mejor manera. Se realizarán cuatro talleres de discusión (uno en Montevideo y tres en el interior del país). Las conclusiones serán sistematizadas y luego un comité de expertos se encargará de redactar el código que se aplicará para los socios de APU.
Siempre en defensa de la libertad de expresión y respetando sobre todo, TODAS las libertades.
APU– Sindicato de trabajadores de los medios de comunicación – PIT CNT – FEPALC – FIP
Por: Asociación de la Prensa Uruguaya
