Nota sobre la concentración de los medios en Uruguay, publicada en Brecha y actualizada por el autor para ser publicada en Mate Amargo.
Ningún país de primera renuncia a tener una política de comunicación democrática.
Dejar que la política pública de comunicación, y hasta las decisiones regulatorias para la radio y televisión, dependan exclusivamente de los tres grandes grupos de la televisión privada-comercial, ha sido el pecado original del sistema político uruguayo en relación a los medios de comunicación audiovisuales.
Esta situación no es endosable a este gobierno. Desde la restauración democrática hasta el presente todos los gobiernos han actuado, sobre todo respecto a la televisión, aplicando la máxima ultra-liberal laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar) y, debido a ello, el sector es regido por una pésima y anacrónica ley de radiodifusión aprobada por la dictadura y una serie de decretos que regulan situaciones concretas.
Como ha sostenido con acierto Frank La Rue, Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, en América Latina hay muchos países que “privatizaron” la política de comunicación, que por definición debe ser una política pública. Sin embargo, no todo los Estados del mundo han renunciado a incidir en este sector clave para la vida democrática, la cultura nacional, la educación y, en definitiva, para la vida cotidiana de las personas.
A nadie se le oculta que la industria de la televisión nacional es poderosa y tiene una gran incidencia en el sistema de medios, así como en los procesos políticos. Ejemplos de proscriptos sobran entre los que se atreven a desafiarla.
Pero es precisamente este gobierno el que está en mejor situación para empezar a cambiar este estado de cosas. En primer lugar llegó precedido de una serie de reformas que fueron aprobadas durante el gobierno de Tabaré Vázquez en el campo de la comunicación y la libertad de expresión que permitieron al país ubicarse en el primer lugar de América del Sur en respeto a estas libertades, de acuerdo al último Indice de Libertad de Expresión de Reporteros Sin Fronteras1; Uruguay goza además del reconocimiento explícito de los relatores de libertad de expresión de la OEA y de Naciones Unidas por las garantías que existen en este campo.
En segundo lugar este gobierno fue el primero que desarrolló un proceso público y transparente para definir las bases para un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, en el cuál incluyó a todas las gremiales de medios, los sindicatos, la academia, la sociedad civil y el Estado. En el Comité Técnico Consultivo convocado por Dinatel en 2011 hubo acuerdo en el 80% de los temas centrales para una regulación de los medios audiovisuales, lo que resta son aspectos que debería resolver el Parlamento.
En tercer lugar tenemos un diagnóstico conocido de los problemas sin resolver en el campo de la comunicación: los tres grandes de la televisión controlan el 85% de las audiencias, presentan una oferta televisiva pobre y casi idéntica, mediante empresas conjuntas controlan las estaciones de televisión abierta privadas de Montevideo y de todo el interior (sin excepciones), poseen radios de alcance nacional, dominan el cable en Montevideo y en buena parte del interior, y tienen garantizado que ningún privado extranjero ingrese al mercado sin recurrir a un testaferro (algo que siempre apareja complicaciones). Como resultado, se quedan con la mayor parte de la torta publicitaria y el 60% de los abonados a los sistemas de televisión prepaga.
El expediente para dominar cada nuevo mercado siempre ha sido el mismo: ingresar antes y obtener en forma automática la licencia para operar en los nuevos mercados que abre la tecnología, lograr una regulación casi a la medida, azuzar al poder político con la advertencia de que el mercado local es pequeño y cualquier competencia –nacional o extranjera- nos va a dejar sin industria televisiva propia y, cuando no, alegar que cualquier regulación constituye un atentado a la libertad de expresión.
En un estudio del que soy autor junto a Gustavo Buquet (“La televisión privada comercial en Uruguay”) concluimos que tanta protección para estos tres grupos nacionales ha tenido un resultado al menos pobre en materia de calidad televisiva: se les asegura el reparto de una renta monopólica que hoy supera los U$S 190 millones anuales; sin incentivos para competir, presentan la misma oferta televisiva en todas las franja horarias -de modo de dividir en tercios el rating y la publicidad; y, lo más grave, se ha generado un espacio opaco en las instituciones democráticas por el cual pueden presionar sobre el poder político regulando la intensidad de la crítica o la independencia periodística. Esto sin contar que los ciudadanos no conocemos las condiciones de negociación de la publicidad para las campañas políticas.
Hoy estamos ante una nueva encrucijada, similar a la que generó el ingreso de la televisión cable al país en la década de 1990. La transición a la televisión digital no puede esperar a que el Parlamento apruebe una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual (que sería lo más saludable para la democracia), y entonces hubo que apurar la aprobación de un decreto que regula las nuevas concesiones de espectro producto del llamado “dividendo digital”.
El gobierno avanzó correctamente cuando dispuso una consulta pública para un proyecto de decreto que contemplaba estándares mínimos: la existencia de tres sectores en la televisión (público, privado-comercial y social-comunitario); procesos de asignación de frecuencias transparentes, abiertos y con plazos; la apertura a la competencia en el sector comercial; y control social de los procesos licitatorios.
El presidente José Mujica demoró en firmar ese decreto, pero finalmente lo hizo. Sus declaraciones a CNN, que fueron emitidas recientemente, despertaron dudas en la sociedad civil. Habló del ingreso de nuevos canales solo para el interior del país y de “no tirar canales a la marchanta”, todo lo cual podría leerse como un intento de mantener más o menos cerrado el actual esquema de tres grupos.
El presidente con la aprobación de decreto relativo a la transición de la Televisión Digital sentó las bases para que el país tenga por primera vez un sistema de medios audiovisuales diverso y plural. Ahora hay que implementarlo porque si repite lo que han hecho varios gobiernos a lo largo de la historia, y se le otorga a los “tres grandes” un canal múltiplex completo en forma automática y exclusiva, sin abrir la competencia a nuevos jugadores y a nuevos sectores de la comunicación, se habrá multiplicado al infinito el poder fáctico de los tres grupos. Imaginemos que por obra y gracia de la compresión digital, donde hoy emiten una señal podrá emitir cuatro de alta calidad, con interactividad y transmisión a dispositivos móviles (tabletas, smartphones, etc).
Queremos creer que cuando el presidente se refiere a que quiere un país de primera, en lo que hace al sistema de medios, el paradigma es el de países como Canadá o las democracias europeas del norte, con regulaciones predecibles y equilibradas. De lo contrario, el modelo será cada vez más parecido al oligopolio mexicano (televisa y TV Azteca) o a la Italia de Berlusconi, cuyo sistema de medios terminó en una tele-democracia presidida por una banda salida de un talk show.
No es cierto, como nos quieren hacer creer algunos operadores, que el único modelo sea el de una televisión cerrada, exclusiva y un espectro radioeléctrico expropiado sin plazo. La política de comunicación debe estar basada en unos pocos principios básicos e indispensables: transparencia, equidad, pluralismo, diversidad y la promoción de programas uruguayos para los uruguayos.
Por: Edison Lanza
