Desde sus inicios los medios han operado en nuestra vida política, incidiendo de manera clara en la opinión de los uruguayos, potenciando a algunos (generalmente la derecha y la clases dominantes) y afectando al resto, léase movimiento sindical, organizaciones sociales, de izquierda, etc.
Se han convertido en un gran poder a nivel mundial, no en vano, siete grandes multinacionales monopolizan la inmensa mayoría de los medios. Al tener las guerras “mala opinión pública” el capitalismo debe influir en nuestros pensares, a través de nuestros ojos y oídos, ofreciéndonos un mensaje unidireccional, altamente consumista, violento, discriminador, pero efectivo, dañino.
En Uruguay los dueños son 3 grupos. El monopolio en la TV de más de 50 años habrá de romperse en Uruguay. Y eso es revolución. Y no contra nadie, sino a favor de todos. Los invisibles de siempre, los que nunca tuvieron su lugar, ahora lo tendrán.
En un momento histórico en la vida de la radiodifusión nacional, viviremos una gran democratización de los medios. Esa es la intención.
Habrá más voces, más opiniones, más caras, otras realidades, más gente, más democracia, más libertad. Pero dependerá en gran parte de la capacidad de “otros” para ser parte de este cambio. Y en esos otros, la izquierda debe estar. No quedarse en la queja permanente y ser capaz de tener sus proyectos de comunicación, serios, sustentables, profesionales, efectivos, cambiando una historia de fracasos permanentes en intentos de comunicación. De hecho creemos que los dos gobiernos frenteamplistas han comunicado muy mal, mientras que la derecha, aprovechando las bondades del sistema actual, nos ha hecho mucho daño y va en vías de complicarnos aún más la vida.
Ha funcionado una Coalición para la Comunicación Democrática integrada por sindicatos, organizaciones de DD.HH, niñez y adolescencia, universidades, minorías étnicas, religiosas, sexuales, etc., que han elaborado propuestas positivas, constructivas para acercar al Comité Técnico Consultivo que funcionó en la DINATEL y desde allí crear una necesaria Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal llamada “Ley de medios”. Y aunque parezca extraño y a pesar de las declaraciones de la gremial empresarial hubo acuerdos, consenso en más del 80% de los temas puestos en debate.
Los actuales permisarios pretenden que el gobierno los acepte como dueños de “sus” medios y ello no será posible. Ellos simplemente están usufructuando un bien que es de todos y cuya adjudicación fue “precaria y revocable” por lo menos en la letra muerta. La nueva legislación prevé que las adjudicaciones tengan plazos y se proponen 15 años, con derecho, siempre y cuando cumplan con la legislación vigente y los compromisos que asuman, a una prolongación de 10 años. Y que la propiedad sea nominativa y que todos sepamos quien es el dueño y no correr el riesgo de caer en nuevas concentraciones, extranjerizaciones, etc. Pero no les gusta, dicen que no podemos poner plazos que condicionen sus inversiones, aunque en realidad pretendan que se les dé en forma definitiva el canal.
El gobierno por Rendición plantea que los canales dediquen 15 minutos a campañas de bien social (drogas, violencia, educación, etc.), que devuelvan algo a la sociedad, pero tampoco les sirve, alegan que esos minutos le generan gastos de funcionamiento, le impiden poner “sus” programas y que el gobierno estaría imponiendo contenidos; las nuevas adjudicaciones se harán de forma transparente (no como hasta ahora que fueron hechas de manera totalmente discrecional, beneficiando siempre a los mismos) y para ello se apelará a “audiencias públicas” donde la sociedad civil, avalará o se opondrá a potenciales candidatos a permisarios, un Consejo honorario asesor, que funcionará en DINATEL, integrado por representantes de distintas entidades (PIT CNT, ANDEBU, UdelaR, UCUDAL, ASOPROD, CUA, entre otros) que estudiará caso a caso y dará su informe y opinión al Ejecutivo para que éste determine si el postulante reúne las condiciones para acceder a un medio. Tanta transparencia, tampoco agrada. A futuro, los medios deberían aportar un 1% de su recaudación, para volcar a un fondo que fomente la producción de programas nacionales, que difundan nuestra cultura, nuestros valores, pero ellos alegan que ofrecen un servicio “gratuito”, a pesar de tandas que recaudan millones de dólares al año (se estima que el año 2011 la recaudación giró alrededor de los 200 millones).
No es clausurando que avanzaremos, ni es la intención de este gobierno, más allá que si hiciéramos un estudio pormenorizado sobre las “ilegalidades” de los medios actuales seguramente nos sorprenderíamos dado que la inmensa mayoría viola la legislación vigente, claro, una denuncia y toma de medidas respecto a estas violaciones, habilitaría que la derecha y los “dueños” de los grandes grupos nos acusarían de “Chavistas”, “antidemocráticos”, “que atentamos contra la libertad de expresión”, etc.
¿Pero realmente estamos atentando contra su libertad de expresión?
Rotundamente NO, por el contrario la estamos profundizando, fomentándola.
¿No será que estamos estableciendo reglas claras que impiden sigan con sus monopolios y haciendo lo que se les plazca?
Seguramente SI y eso es saludable para un país democrático, serio, que pretende ser de primera, con leyes actualizadas que responden a los nuevos tiempos y nuevas tecnologías.
Llama la atención que aunque se definen como “liberales”, cambian radicalmente su postura cuando este gobierno pretende liberar, abrir la cancha, permitir la existencia de otros operadores. Existen varias formas de posicionarse en este tema; asumir con la actitud y el compromiso debido y cambiar la actual realidad, permitiendo que muchos otros accedan a un medio de comunicación de vital importancia como lo es la TV y esa es una actitud valiente y revolucionaria en su más amplia extensión; oponerse y mantener la actual estructura monopólica, concentradora, con mensaje unidireccional, “invisibilizadora” de las clases populares, que seguramente será la actitud de la inmensa mayoría de los partidos tradicionales y eso es realmente antidemocrático y será buena cosa lo asuman. Es factible que, cuando se deba tomar posición en el Parlamento, seguramente la derecha por interés y porque es el gran beneficiado con este modelo, no apoyará estas iniciativas. El problema se nos generará cuando “compañeros” se sumen para evitar pagar costos políticos, por temor a perder protagonismo en los medios o porque en definitiva no están dispuestos a democratizar los medios. Eso se podrá definir como complicidad.
Seguramente nuestra fuerza política acompañe estas iniciativas que han surgido del trabajo de muchos en beneficio de todos. Contamos con las mayorías parlamentarias y con el respaldo de montón de organizaciones representativas de la sociedad civil.
No podemos ni debemos desaprovechar esta oportunidad histórica de permitir a las grandes mayorías acceder a esta herramienta que es la comunicación.
Estaremos tocando una “pata” del poder, que hasta ahora estuvo en unas pocas manos y esa es una actitud revolucionaria.
Por: Ruben Hernández. Sec. Gral. APU Sindicato de trabajadores de los medios de Comunicación – PIT CNT. Sec. Desarrollo Productivo – Secretariado Ejecutivo PIT CNT. Integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática y Comité Técnico Consultivo (CTC).
