Dentro de los derechos que se han dado en llamar de “Primera generación”, se encuentran el derecho a la vida, la libertad de expresión, la no discriminación por ningún concepto, el derecho a un juicio justo, entre otros.
Con la evolución de las sociedades han surgido otros derechos que se consideran necesarios para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y puedan relacionarse en un plano de igualdad con sus semejantes.
El derecho a las telecomunicaciones es en la sociedad actual una condición indispensable para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y capacidades. El acceso a la comunicación a través de celulares, de teléfonos fijos y de banda ancha es una condición cada vez más necesaria para acceder a la información, a la educación, al trabajo y a otros servicios.
Pero… ¿cómo se está ejerciendo ese derecho a nivel mundial?1La nota recoge insumos brindados por compañeros frenteamplistas expertos en telecomunicaciones.
Mientras que el 78% de la población mundial tiene acceso a teléfonos celulares, sólo el 29,7% de las personas tiene acceso a Internet y el 17,2% accede a un teléfono fijo. Las cifras de suscripciones de servicios de banda ancha móvil y fija son aún menores, ubicándose en el orden del 12,6% y 7,6% respectivamente (gráfica de la izquierda).
A la baja penetración de las suscripciones de banda ancha fija y móvil se suma el hecho de que los accesos anuales a estos servicios se están desacelerando (gráfica de la derecha).
Al analizar individualmente uno de estos servicios, como el de la banda ancha fija se nota una enorme brecha entre el mundo desarrollado y los países en desarrollo. En los primeros el acceso medio a dicho servicio alcanza el 23,6% de las personas, mientras que en los segundos llega apenas al 4,2% (gráfica de la izquierda).
En cuanto al crecimiento anual, el fenómeno que se da a nivel general también se encuentra en las suscripciones de banda ancha fija, notándose con el paso del tiempo una desaceleración. (gráfica de la derecha).
Esta situación es el resultado de la explotación de los servicios de telecomunicaciones reguladas por las variables del mercado. La búsqueda de la maximización del lucro en las telecomunicaciones en lugar de la considerar las mismas como un servicio objeto de derecho han determinado un desarrollo desigual a nivel mundial y al interior de cada país.
• ¿Porqué hay agentes privados y referentes políticos de la oposición que insisten con que el acceso a las telecomunicaciones sea regido por las fuerzas del mercado y lo plantean como un hecho absolutamente natural? ¿Haríamos lo mismo con otros derechos como la educación, la seguridad o el acceso a agua potable?.
• En el pasado Uruguay se vio enfrentado ante la posibilidad de vender o desmonopolizar estos servicios esenciales y sus ciudadanos saldaron esta discusión en forma abrumadora en el plebiscito contra la Ley de Empresas Públicas. En forma análoga a lo decidido en aquella instancia es posible afirmar que servicios de telecomunicaciones deben ser provistos de acuerdo a políticas de Estado que aseguren el ejercicio del derecho a su acceso.
En Uruguay la empresa estatal encargada de proveer a los ciudadanos de acceso a las telecomunicaciones es Antel la cual está en competencia con Claro (propiedad del Grupo Slim) y Movistar (propiedad de Telefónica).
Mitos en torno a las telecomunicaciones
A la hora de abordar esta realidad surgen habitualmente enunciados que son repetidos hasta el hartazgo en los medios de comunicación por estas poderosas empresas o por los agentes políticos que responden a sus intereses.
Veamos cuales son los más comunes:
1. En Uruguay no existen las condiciones para que los operadores privados de telecomunicaciones desarrollen su operación.
Analicemos cuales son los poderíos económicos de estas enormes empresas: El Grupo Slim tiene ganancias anuales por U$S 2.200 millones, mientras que Telefónica supera el doble de esa cantidad con U$S 5.000 millones. Antel por su parte obtiene ganancias anuales que rondan los U$S 190 millones. En otras palabras los réditos de ambos grupos sumados representan casi 10 veces la cantidad de ganancias de Antel y más del 15% del PBI de todo el Uruguay (U$S 47.000 millones).
Esta notoria diferencia de tamaños, la presencia en muchos países de estas empresas, la capacidad de invertir enormes sumas de capital en investigación y marketing, la posibilidad ‘ir a perdida’ para expulsar un competidor del mercado o el aprovechamiento de infraestructura ‘off shore’ desde la cual dan los mismos servicios a varios países sin tener que invertir en cada uno de ellos, entre muchas otras posibilidades que brinda la desigualdad de tamaños y la presencia trasnacional hacen que la afirmación original se desmorone.
2. La libre competencia potencia el sector y los usuarios obtienen mejores servicios.
Más arriba se mostraba como era la situación actual de desigualdad a nivel mundial de los servicios de telecomunicaciones cuando estos estaban librados a la competencia y las leyes del mercado. Lo que ha sucedido en realidad es que los servicios se han expandido por zonas y países que representan buenas ganancias para las empresas del rubro, al tiempo que servicios como la banda ancha o la telefonía fija no han llegado a millones de personas simplemente porque el negocio no es rentable.
En el caso de Antel en Uruguay, al tener una concepción diferente en el que el concepto de derecho prima, ha permitido al 14,0% (en 2011) de la población tener acceso a servicios de banda ancha fija (muy por encima de la media de los países subdesarrollados, la cual se ubica en un 4,2%.
3. Las empresas privadas pueden proveer mejores servicios y más baratos
Muchas veces se escucha hablar de los elevados costos de las tarifas de banda ancha frente a las velocidades otorgadas y se hacen comparaciones respecto a tal o cual país. Esta relación velocidad/precio toma en cuenta solamente a quienes reciben el servicio por lo que en los países en los que el acceso a la banda ancha es definida por reglas de mercado esto significa buenas velociades para un sector reducido de la población. Uruguay a través de Antel ha seguido el camino de la universalización del servicio con programas accesibles a toda la población, por lo que al considerar la relación velocidad/precio es importante entender que se está hablando de las grandes mayorías de la población.
Al margen de esto, estas comparaciones entre países omiten el factor principal y es que las mismas no pueden hacerse directamente si no que para que sean válidas deben medirse en función de la “Paridad del poder adquisitivo” (PPA). Este indicador económico permite comparar de manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al producto interno bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país.
Cuando se compara las tarifas de banda ancha promedio ofrecidas en Uruguay con planes de ofertas y sin ofertas resulta que son las menores del continente en el primer caso y las segundas menores en el segundo (datos de la CEPAL). Esto no solo nos coloca punteros en Latino América muy por debajo de las tarifas promedio del continente, sino que además nos pone también debajo de la media de los países de la OCDE.
Otra comparación posible es el valor de 1Mbps (medida de velocidad de la transferencia de datos) respecto al PBI por cápita de cada país o en otras palabras, la relación de 1Mbps de acuerdo del sueldo de cada habitante. Esta comparación nos muestra nuevamente en mejores condiciones que los otros países de Latinoamérica en banda ancha fija y móvil, llegando en este último servicio incluso a alcanzar valores cercanos a países europeos como España y Francia.
El gobierno quiere darle el monopolio de banda ancha a Antel.
Otra falsedad habitual que no resiste análisis. La situación real es que tanto Claro como Movistar comercializan servicios de banda ancha móvil tanto para computadores como a través de sus servicios de celular. Asimismo empresas como Dedicado venden servicios de banda ancha.
Garantizando derechos
Podemos imaginar un país donde el sistema vial, las redes de electricidad o de agua potable fueran propiedad de empresas privadas. Podríamos suponer por ejemplo que en las redes viales privadas sólo se permitiera circular con vehículos vendidos por la empresa dueña de las carreteras, o sólo se pudiera conectar a la red eléctrica los dispositivos que apruebe la compañía propietaria del tendido de cables.
Este escenario que para Uruguay parece descabellado, es exactamente lo que sucede cuando existen empresas privadas gestionando las redes de fibra óptica y definiendo por ejemplo que protocolos de transferencia de información están permitidos y restringiendo otros en base a criterios comerciales.
La fibra óptica es el medio que permite las mayores velocidades de transferencia y juega un rol fundamental en el acceso a otros servicios y al ejercicio pleno de los derechos. La única forma de garantizar que tanto las empresas públicas como las privadas puedan desplegar sus servicios, asegurando el acceso universal a los mismos a los uruguayos, es que exista una única red pública de fibra óptica.
Por: Rodrigo Barbano
Referencias
| ↑1 | La nota recoge insumos brindados por compañeros frenteamplistas expertos en telecomunicaciones. |
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