Por: El Perro Gil
La idea de conformar un instituto testigo no es equivocada ni mucho menos, siempre y cuando el sentido sea el de constituir verdaderamente un ente testimonial y veraz; en cambio, si se lo utiliza con una mera finalidad política solo servirá para enlodar el terreno y sembrar dudas que para nada contribuyen al fondo del asunto: contar con un organismo que refleje objetivamente la seguridad pública uruguaya.
Si la primera presentación pública tuvo un sesgo sensacionalista, la última desató todo tipo de conjeturas no ya por la parafernalia mediática que acompaña cada salida colorada, sino por la falta de rigor técnico de quienes no solo lanzan presagios fatalistas utilizando como fuentes las noticias de prensa sino que además incluyeron como homicidas a Policías que en cumplimiento del deber abatieron a un delincuente; o a cualquier ciudadano que en uso de legítima defensa hizo lo propio.
El golpe de gracia lo dio el Ministerio del Interior al desenmascarar la maniobra utilizando el mismo método empleado por FUNDAPRO, cotejando los medios de prensa de circulación nacional. Si bien se hizo referencia específica a dos medios (El País y La República), entre los medios cotejados por la empresa Foco Auditoría Multimedia, se incluyó a Ultimas Noticias y El Observador pero con la salvedad que el primero dejó de editarse y el segundo no realiza una cobertura completa de los homicidios cosa que sí hacen los referidos por Bonomi en conferencia de prensa.
Ya de entrada citar al diario del gallito echaba por tierra cualquier argumento en contra de las autoridades del Ministerio que comprobaban ante la opinión pública que utilizando el mismo método y basados en un medio claramente opositor al gobierno, las cifras eran menos que las aportadas por la fundación colorada. Y para colmo de los «fundadores», coincidentes con las del Ministerio.
Es que para rematarla, las cifras cotejadas coincidieron plenamente con los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, con lo cual ya se develaba una parte de la maniobra: las cifras divulgadas por FUNDAPRO estaban infladas. Solo había que dirimir dónde estaban los 20 homicidios de diferencia.
Si bien no es correcto técnicamente basar un estudio criminológico en base exclusivamente a datos de prensa, no está demás usar esos registros para cruzar los que se relevan -acá sí con rigor técnico- por parte del Observatorio, en base a las denuncias y actuaciones judiciales. Un cotejo que complementa pero que no fundamenta ningún estudio que pretenda ser serio.
El cangrejo debajo de la piedra fue expuesto claramente por el ministro Bonomi, FUNDAPRO consideró homicidios los abatimientos de delincuentes efectuados por la Policía en cumplimiento del deber y los cometidos por ciudadanos -los mismos a los que se llamó a armarse para defenderse- que actuaron en legítima defensa.
Un contrasentido absoluto y un error manifiesto cometido por quienes se arrogaron el derecho de llamar a la población a hacerse de un arma para defenderse para que luego lo califiquen como un homicida sin más.
La legítima defensa reposa en lo dictado en el artículo 26 del Código Penal, mientras que el cumplimiento de la ley lo hace en el artículo 28. Ambos contemplan los casos en que la ley exime de responsabilidad penal al autor de una acción que sería punible de no mediar las circunstancias allí expresadas. No se trata de considerar muertos de primera o de segunda, simplemente se trata de ser coherentes y hablar con fundamento y no en base a la ignorancia absoluta de quien, siendo doctor en leyes, debiera saber que en los casos de referencia no existe delito y por ende no puede hablarse de homicidios.
Además, un observatorio que se precie de tal y pretenda aportar datos debe perseguir el objetivo de la veracidad porque de lo contrario sufrirá las consecuencias del descrédito de sus estudios. En el caso de marras, este observatorio dejó mucho que desear y fue desenmascarado plenamente incluso en el desglose presentado donde fue ostensible el manejo que se hizo de las cifras aumentando claramente los homicidios ocasionados en razón de hurtos, rapiñas y copamientos, por citar un ejemplo (FUNDAPRO habló de 60, para el Observatorio del MI fueron 29).
La única prueba que aportaron fueron sus dichos -en ningún momento expusieron los desgloses de casos correspondientes contra los cuales cotejar- ni tampoco desagregaron los casos de muertes de delincuentes a manos de la Policía o de ciudadanos en ejercicio de legítima defensa, con lo cual cometieron un error inexcusable.
Por si fuera poco, la frutilla de esa «torta mediática» la tuvo la proyección fatalista de presagiar 40 o 50 muertes más antes de fin de año. Incluyendo entre ellas a los propios periodistas («puede ser uno de ustedes»), que asistieron a la conferencia de prensa. Al hacerlo -y estando a las propias conclusiones arribadas en su informe- un 40% aproximado de los presentes, fueron considerados delincuentes, ya que aproximadamente el 40% de los muertos registra antecedentes delictivos. En puridad, la probabilidad de ser víctima de homicidio es muy baja, a tal punto que no cabe siquiera hacer el cálculo para quienes hacen del miedo su principal instrumento.
Esta vez erraron el blanco y la operación quedó en evidencia. Ni siquiera el intento de asignar un cambio de criterios por parte del Observatorio tuvo el rebote pretendido, más allá del burdo intento de quien se dedicó a rebatir argumentos sin aportar una prueba mínima.
En la mesa estaban colorados… colorados, de vergüenza.
el hombre ya no compraba miedo,
el perro tampoco…
