¿Qué es el software libre?

Por: Diego Pons

Licencia y cultura, uso y desarrollo

Se llama software libre a los programas informáticos licenciados a través de un recurso legal llamado “licencia libre”. Eso significa que a una fuente¹Fuente es el código legible en el que originalmente se escribe un programa informático. Luego, por lo general, se compila para producir el programa que finalmente corre en una computadora. de software el autor le pone una noticia de copyright y una licencia. La licencia de software libre en lugar de poner límites a lo que el usuario puede hacer con dicho programa, le garantiza libertades. Someramente, estas libertades son: de libre uso del software, sea cual sea el propósito; de libre inspección de sus fuentes; de poder modificar dichas fuentes para cambiar el programa; y de libre distribución del resultado de los cambios. La licencia de software libre más común es la llamada GPL²Ver el texto de la misma en https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html.

Es importante aclarar que la principal diferencia entre software libre y software privativo (como muchos llamamos al software con licencias comerciales, porque priva de libertades) es la licencia misma. En otras palabras, el software libre no es tecnología ni obliga a usar ciertas tecnologías, es solamente la etiqueta legal con la que se distribuye el software. Esto hace inútil y superfluo todo debate acerca de software libre y neutralidad tecnológica. Algunos detractores del proyecto de ley aducen que el uso de software libre contradice la neutralidad tecnológica, pero este es un argumento inválido dado que el software libre no es tecnología.

Paralelamente a los asuntos legales, existe una cultura de software libre, que no está dirigida por la licencia sino que ocurre espontáneamente en donde se usa. Es la cultura del trabajo comunitario y cooperativo, donde grupos de usuarios y desarrolladores se nuclean, usualmente a través de la Internet, y trabajan juntos en lo que va a ser un producto social. Gente colaborando y produciendo para que la sociedad lo use libremente donde lo necesita: este tipo de cultura tiene fuertes resonancias en la izquierda, porque nos recuerda a modelos de producción por los que la izquierda ha luchado a lo largo de décadas. Naturalmente a este modelo no sólo lo apoya la izquierda: se adopta en los países capitalistas desarrollados porque también produce réditos indirectos a quienes lo llevan a cabo, que van desde una buena imagen social hasta ingresos por consultoría o por venta de productos complementarios.

En este artículo nos referimos al uso de software libre en el Estado en dos modalidades: la del Estado como usuario del mismo, y la del Estado como productor de software. El estado como usuario lo representan, por ejemplo, las estaciones de trabajo, que corren un sistema operativo y un número de aplicaciones tales como navegador, correo, etc. El caso del Estado como productor es para nosotros emblemático, porque es donde más problemas vemos en el modelo privativo actual, casi a nivel estructural.

¿Cómo compra software el estado?

No existe una política de Estado en lo que respecta a compra de software, lo que significa que hay en realidad una política de status quo definida en concierto por las empresas proveedoras y los encargados de compras en las diferentes entidades del Estado.

Lo que sucede típicamente³Existen claramente excepciones a lo que definimos aquí. es que las compras de menor magnitud las deciden las gerencias técnicas, y las de mayor magnitud se hacen a través de licitaciones con préstamos del BID y condiciones generalmente determinadas por el mismo BID. En el primer caso, los proveedores siembran el miedo: si me comprás a mí, nadie te va a decir que te equivocaste porque soy un proveedor mundial, en cambio si elegís otra cosa, te van a cocinar si hay problemas. Este es un diálogo ficticio que se teatraliza tácitamente en cada transacción de compra. En el segundo caso, muchos gestores del Estado tratan los préstamos del BID como dinero gratuito⁴Trágicamente no lo es: el pueblo uruguayo se tendrá que poner al hombro todos estos préstamos., y por lo tanto a caballo regalado no se le mira el pelo.

El resultado es que el Estado gasta en software una enormidad que en realidad nadie ha podido contabilizar, y en general no deviene en propietario del software que compra, sino que adquiere licencias de uso, o aún peor, paga por uso de servicios de software, el modelo preferido por los grandes proveedores de la industria por ser el más redituable.

El modelo que el proyecto de ley sugiere para compras futuras – que no obliga a un cambio de lo que ya está en uso – es uno en el que el Estado requiere que los proveedores entreguen como producto las fuentes del software en cuestión, licenciadas como software libre. El proveedor sigue cobrando lo estipulado por su trabajo, aunque una sola vez y no con cada copia, como sucede hoy. El Estado entonces es libre de instalar y usar dicho software en donde sea necesario sin incurrir en gastos adicionales a los que son normales en la administración de sistemas informáticos como ser soporte, capacitación y mantenimiento.

El proyecto de ley y el Estado

Este es un buen proyecto de ley, y uno que el país necesita. Un país debe legislar cuando percibe errores en la dirección en que van las cosas. Creemos que es el caso en lo que refiere a compras de software en el Estado. En el asunto del proyecto, el de los formatos de datos, el software libre y la educación libre de presiones empresariales, no hemos podido lograr los mismos avances que en otros países se lograron sin legislar. Por lo tanto, es bienvenida la intervención del Poder Legislativo en la materia.

El artículo 1 es bueno y necesario: la disponibilidad y el uso de los datos de un país no pueden estar sino en formatos que cualquier persona o entidad pueda usar sin mayores obstáculos, técnicos o económicos. Esto es importante porque afecta la soberanía, la independencia y la gobernanza del país. En este punto parece que todos estamos de acuerdo, pero sin embargo al no ocurrir espontáneamente, la ley se hace necesaria.

El artículo 2 parece ser un poco más conversado. Nosotros creemos que el uso de software libre en el Estado favorece:

• el desarrollo económico: va a emplear más mano de obra y sus beneficios se quedan en el país. Una parte del capital gastado en software va hacia multinacionales, y sería bueno que se invirtiese en mano de obra nacional. Además, con software libre se pueden reducir muchos gastos recurrentes, como antivirus, nuevas licencias para cada sistema operativo nuevo, etc. Para un proveedor, el soporte reviste el mismo nivel de complejidad que el software privativo.
• la mejor distribución de la riqueza, porque va a desplazar el centro de gravedad desde las grandes consultoras y empresas del software hacia pequeñas empresas, y equipos de trabajo estatales, con menos integración (conectar cajas negras) y más desarrollo de software. La libre disponibilidad de componentes, una vez desarrollados, facilita y abarata la realización de otros desarrollos similares.
• la acumulación y adquisición de masa crítica de conocimiento tecnológico. Al usar menos software “en caja negra” y más componentes abiertos, el trabajador uruguayo adquiere calificaciones y experiencias que en este momento pocos logran, mejorando la apropiación del conocimiento tecnológico. Imaginemos un mundo donde los mecánicos se enfrentan a un capó soldado y no pueden inspeccionar el motor de un auto.

El tema propuesto en el artículo 2 no encierra mucha complejidad, se lleva a cabo rutinariamente en muchas partes del mundo. No pocas son las entidades gubernamentales en diversos lugares que abrazan esta manera de hacer las cosas. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas consultoras que desarrollan software en el mundo le dan las fuentes al cliente, no se las quedan. Usar software libre en el Estado es más común que lo que algunos piensan: Brasil lo hace, Venezuela se encaminó hacia lo mismo, varias municipalidades europeas lo hacen, es común en EEUU (en varios sectores del Estado, notablemente en el campo militar). Entidades como Google, NASA y otras basan sus estructuras fundamentales en software libre. Y no podemos dejar de lado las positivas experiencias en nuestra propia Intendencia Municipal de Montevideo.

El artículo 3 ayuda a resolver cualquier problema de abastecimiento de mano de obra calificada, al hacer común el conocimiento sobre licenciamiento y culturas de desarrollo del software libre.

El proyecto de ley y la industria:

El status quo a nivel de industria informática hace difícil la participación de pequeñas empresas, ya que las licitaciones están flechadas hacia los grandes proveedores, incluso haciendo que algunas licitaciones sean orientadas a empresas internacionales si están costeadas por el BID, etc. La participación de estas empresas de menor porte no sólo mejorará la distribución del ingreso, sino que hace que el tipo de trabajo hecho requiera mejores salarios y deje más conocimiento en medio local.

Otro factor no menor, es que la parte del gasto que ahora se va hacia empresas multinacionales quede en el país y pueda ser reinvertido aquí, redundando en una más sustentable economía.

Las grandes empresas del software han adquirido madurez suficiente para prescindir del apoyo especial del Estado para sobrevivir. Admiten que la vasta mayoría de sus ingresos provienen de ventas extra-fronteras, por lo que cualquier efecto negativo de esta ley está compensado ampliamente.

El proyecto de ley y la Educación:

En realidad el artículo 3 vuelve las cosas a su normalidad milenaria: el conocimiento científico y tecnológico existe para ser compartido y mejorado por cada generación. La educación del software libre, sus modos de licenciamiento, su cultura de hacer juntos y disfrutar juntos es una enseñanza no menor en un mundo crecientemente individualista y privatizado.

No en vano muchas multinacionales regalan el software a los centros de estudios: los agarran chiquitos para que de grandes sean clientes adeptos, que acepten pasivamente virtudes y defectos del software por no conocer otra cosa. Nos debemos una educación más amplia, que enseña a aprender y no a depender.

Además ya existe una base de familiaridad con el software libre a través del Plan Ceibal en Primaria.

En suma, en nuestra opinión la aprobación parlamentaria de este proyecto de ley aportará beneficios hacia una mejor sociedad, sin que podamos ver aspectos negativos de significación, como sus detractores denuncian.

Intervención de Marcelo D’Elia Branco en el debate sobre el proyecto de ley de Software Libre y Formatos Abiertos que tuvo lugar en Parlamento uruguayo el 8 de noviembre de 2012.