Por: Lauro Meléndez
El Ingreso Básico Familiar
Allá por finales del 2007, cuando culminaba el PANES, nos pusimos a pensar qué desarrollo podríamos darle a las prestaciones no contributivas que el Estado, ahora con un gobierno progresista, estaba comenzando a llevar adelante. Había pensamiento nacional sobre el tema, pensamiento regional con el liderazgo de Brasil –y dentro de Brasil, con la iniciativa del senador Matarazzo Suplici-, y también se estaban procesando discusiones en la UdelaR, en algunas de las cuales participamos. Sin embargo, queríamos algo más concreto sobre lo que debatir.
En el MIDES esta discusión se estaba procesando entre lo épico de la implementación de un plan que reunía programas para superar la emergencia y la consolidación de una nueva institucionalidad, más acorde al FA. Recordamos que en este proceso de discusión participaron en mayor o menor medida otros compañeros del MPP, sin olvidar las consultas puntuales a Matarazzo Suplici, Miguel Soler, y Jorge Notaro, entre otros.
Nos parece correcto que nuestro aporte sea conocido, ahora que comienza una discusión acerca de la Renta Básica Universal, porque si bien fue pensado en otro contexto, los conceptos propuestos en el seno de la fuerza y del MIDES tienden a coincidir con esa idea. Conviene destacar que esta propuesta tiene un par de diferencias con las propuestas clásicas de Renta Básica. Una es que no se trata de un ingreso individual, sino dirigido a los hogares. Otra es que se orienta el gasto del dinero otorgado, aunque pensamos que podría ser bueno liberar el uso del dinero en una etapa posterior, quizás progresivamente.
Nos parecía que la propuesta debería ir por etapas para generar legitimidad y lograr más adeptos a la propuesta, como consecuencia de la consideración de los patrones culturales existentes en la población y en las instituciones.
Antecedentes
La llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 proyectó profundas transformaciones con respecto a las políticas sociales en Uruguay. Una de las primeras medidas institucionales fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde aún antes de haber culminado su constitución formal se le encomendó la elaboración, y puesta en práctica inmediata, del Plan de Atención a la Emergencia Social (PANES) orientado a reducir la pobreza extrema.
El PANES fue una respuesta política al agudizamiento de la crisis económica que hace eclosión en el año 2002, la cual sienta las bases para permitir profundizar en una nueva concepción acerca de las políticas sociales en el Uruguay. El objetivo final, en definitiva, fue estimular un proceso socio educativo junto a la provisión de las prestaciones y bienes sociales.
En paralelo con el desarrollo del PANES se trabajó en reconfigurar el Sistema de Protección Social con el que contaba el país de manera de fortalecer todos los dispositivos públicos existentes, apuntando así a promover integración y justicia social, en forma articulada, con la finalidad última de asegurar el bienestar de los uruguayos y las uruguayas.
Esto se lleva adelante a través de la implementación del Plan de Equidad el cual recoge una serie de definiciones y decisiones de distinta naturaleza. Por un lado, las que denominamos componentes estructurales de la Matriz de Protección Social, cuya implementación supone una operativa de mediano y largo plazo. Y por otro, los componentes específicos que conforman una Red de Asistencia e Integración Social, con horizonte más inmediato.
A lo concreto
Con la intención de simplificar y dotar de mayor eficacia y eficiencia al Sistema de Protección Social impulsamos la profundización de algunas políticas integrantes de la Red de Asistencia e Integración Social, y su transformación en una nueva política que pase a integrar la Matriz de Protección Social. En otras palabras, cumpliendo con el mandato establecido en el Congreso del Frente Amplio “Héctor Rodríguez”, se decidió planificar una política que garantice que “…todo hogar debe contar con un ingreso básico que le permita cubrir al menos sus necesidades básicas y las de sus integrantes”. Para llevar adelante este objetivo proponemos desarrollar progresivamente el Ingreso Básico Familiar (IBF), que fuera aprobada en los dos últimos Congresos del Frente Amplio como Renta Básica de Integración.
El IBF puede ser instrumentado, principalmente, a través de la Tarjeta Uruguay Social y las Asignaciones Familiares (AFAM).
En su última etapa de aplicación, se trataría de un ingreso pago por el Estado a todos los hogares en su territorio, con independencia de su forma de convivencia, de sus demás fuentes de renta, y de su participación pasada o presente en el mercado de trabajo. Un salario para todos los hogares que lo soliciten por el mero hecho de que estén integrados por ciudadanos del país en el territorio nacional.
Este ingreso sustituirá en forma escalonada las prestaciones directas generadas en gobiernos anteriores, como son las asignaciones familiares en sus diferentes modalidades, asistencia a la vejez, pensiones a la vejez, pensiones por discapacidad, tarjeta alimentaria, tarifa plana de OSE, tarifa social de UTE, etc. Además, agregará nuevos beneficios en una sola prestación, como son la obtención de medicamentos, el acceso a nuevas fuentes de energía (gas, queroseno, etc.) y traslados en el transporte colectivo, se mantendría la devolución de IVA pero franjeada desde el 2% a toda la población a la devolución total a los integrantes del primer quintil. De esta manera podremos evitar la duplicación de las prestaciones, simplificar la tarea de gestión, disminuir los costos de gestión y lograr un mayor impacto en la sociedad.
Tenemos el reto inmenso, hasta el fin del período, de eliminar la indigencia, disminuir la pobreza a un dígito, disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso y contribuir a tratar con mayor eficacia las causas no económicas de la exclusión social.
Para ello se requiere desarrollar esta política de modo que la Matriz de Protección Social tenga efectos en el corto, mediano y largo plazo, tendiendo a proteger a la población vulnerable frente a futuros riesgos, y evitando la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la indigencia.
A su vez, el IBF puede influir positivamente en el logro de otros objetivos centrales para el próximo gobierno referidos a:
Dinamizar los mercados (tanto a nivel local como nacional) de bienes y servicios de primera necesidad, aumentando la oferta de empleo y por lo tanto transformarse en un estimulo al crecimiento de la economía y el empleo.
Reducir el riesgo de iniciar determinadas actividades relacionadas al autoempleo, ya que para establecer una actividad de este tipo, las personas más vulnerables corren riesgo de perder los pocos medios de subsistencia con que cuentan, lo que les hace mucho más difícil enfrentar ese desafío.
El centro en lo Educativo
Este tipo de políticas debe ir de la mano con la implementación de políticas educativas y culturales de manera de poder lograr los objetivos esperados.
Por tanto, todo hogar que obtenga el IBF, en sus primeras etapas, deberá participar en programas socio – educativos que apunten a la promoción y generación de vínculos, habilidades, herramientas que fomentan la inclusión e integración social, revalorización del trabajo como herramienta generadora de valores y de integración, y que fomente el consumo responsable contrario al consumismo.
En esta estrategia los organismos de la Educación tanto formal como no formal deberán jugar un rol preponderante, éstos planificarán, gestionarán y ejecutarán todos los programas de educación no formal e informal potenciando la coordinación con la educación formal. Tomando en cuenta todos los modelos de intervención desarrollados también por la sociedad organizada poniendo al servicio la capacidad ociosa de las instituciones para actividades de corte barrial.
Pensamos en programas con las características de Uruguay Integra (MIDES), los gestionados por la Dirección de Jóvenes y Adultos (ANEP), y otros. De esta manera los recursos que hoy se les traspasan a diferentes ONGs (junto a su porcentaje de administración), los tendrían dichos organismos fortaleciendo a la educación en su conjunto. Debemos comenzar un proceso de “desoenegización” creciente de la política pública.
Algunas etapas de desarrollo de la propuesta
Algunas políticas, por sus características removedoras de rutinas, de inercias culturales, no son siempre aceptadas de forma inmediata por toda la población. En el sistema democrático republicano representativo puede, incluso, ser fuente de cambios en la voluntad popular reflejada en las urnas. Esto agrega a las políticas que apuntan a un cambio cultural un nuevo grado de complejidad: lograr que la población confíe en ellas a pesar que no vea beneficios inmediatos y que incluso pueda percibir estas políticas como perjudiciales en el corto plazo.
Por tanto, esta política se debe desarrollar en diferentes etapas por los costos que significa, los patrones culturales que existen en la población y en las instituciones, y por las modificaciones que implica para el sistema de protección social y el sistema tributario.
Es así que proponemos se desarrolle en cuatro etapas:
Primera etapa (2010 – 2011), En esta primera etapa, el IBF, unificaría las prestaciones AFAM PE, Asistencia a la Vejez y Tarjeta Alimentaria, en el IBF a través de la Tarjeta Uruguay Social. Lo que significa que toda la población que en la actualidad obtiene estos beneficios por separado, pasará a obtener solo el IBF a través de la Tarjeta Uruguay Social. Si bien no se logró aún la unificación, el pago de Alimentación TUS, Canasta de servicios, devolución de IVA a TUS y “BPS prestaciones” apuntan a ello.
Segunda etapa (2012 – 2014): La segunda etapa no variará sustantivamente a la primera, ya que solamente integrará otras prestaciones sociales como son: todas las AFAM, Pensiones a la Vejez, Pensiones por discapacidad y seguro de paro para los hogares que cuentan con personas que perdieron su empleo y no pudieron integrarse a uno nuevo.
Tercera etapa (2015 – 2017): Se integrará a todos los hogares compuestos por ciudadanos que soliciten obtener este beneficio, tendiendo de esta manera a la universalización de la prestación.
Última etapa (2018 – ): En su última etapa de aplicación, se eliminará la orientación dada en el gasto del monto asignado a través de la tarjeta. De esta manera se le dará a la población total libertad en el manejo de los montos en función de sus gustos y necesidades.
No nos olvidemos que estas etapas fueron pensadas en 2008 y pueden tener el retraso que marca la consolidación de acuerdos. La profundización de la propuesta de IBF tiene que ir de la mano con modificaciones en el Sistema tributario, necesarias para asegurar su sustentabilidad. De esta manera pagará más quien tiene más y todos tendrán las condiciones básicas imprescindibles para el desarrollo de sus potencialidades.
Esto intenta ser el comienzo, en otras notas avanzaremos sobre lo consolidado y nos aventuraremos en lo que serán las fuentes de financiación, igual pensamos que esto sirve “pa levantar un poco de polvareda”, porque sería muy fácil hacer discursos antisistema o culpar de las desigualdades al capitalismo sobre todo en la implementación de su fase neoliberal, pero no podemos tomar decisiones parciales ni quedarnos en las justificaciones, esto debe ser considerado por la fuerza política, la Universidad y las clases populares, para masticarlo y defenderlo, para forzar decisiones, porque de nada sirve un gobierno que tome determinadas decisiones políticas si no hay pueblo atrás que lo acompañe.
