¿Hacia dónde va el campo uruguayo?

Por: Antonio Vadell

Los vaivenes del gobierno uruguayo sobre qué modelo productivo adoptar en el agro, han sido una constante preocupación de los sectores que defienden una vía de distribución de la riqueza con participación de los sectores populares. Mientras desde las filas oficialistas se argumenta que el agro va bien y no hay problemas, en los últimos años algunos comenzaron a generar, tibiamente, cuestionamientos y dudas al modelo impuesto.

La discusión del tema “tierra” no ha sido todo lo pública y democrática que el principal recurso del país se merece. Más bien se la soslayó de manera de no enfrentar un cúmulo de contradicciones entre lo prometido por las campañas electorales y lo que estaba sucediendo. Fue así que se borró del lenguaje de todos los sectores del gobierno términos como Reforma Agraria. También se fue diluyendo el apoyo a la Agricultura Familiar. Los intentos de pasar a los productores rurales pobres al MIDES mostraban ya una idea de permanencia en la pobreza pero con asistencialismo.

La actual administración mantiene ayudas al sector de la agricultura familiar basadas en proyectos del BID y el BM, más como una estrategia de amortiguación de la situación de inequidad en la que están que en una visión de cambios estructurales que les permita un desarrollo económico y social sostenido. Uno de los argumentos para no dar la discusión de fondo, fue que no existían datos sobre ciertas afirmaciones que realizaban los sectores más críticos, como la red de economistas de izquierda¹Grupo de economistas crítico de la actual conducción económica. En el año 2008 la REDIU ya anunciaba el acaparamiento de tierra y la pérdida de productores.

Pero el gobierno, que no puede argumentar ignorancia de este proceso, en el año 2010 trató de crear una herramienta que inhibiera la concentración de tierras. Fue así que nació el ICIR. A pesar de lo débil de su recaudación, desde el vamos el actual ministro del sector (MGAP) se declaró contrario. Fue coherente como representante de los sectores empresariales más poderosos del agro nacional. En una entrevista²En edición del diario El País del 27 de mayo de 2012 al presidente de la conservadora Federación Rural, Miguel Sanguinetti, se declaraba contrario al impuesto y preguntado sobre ¿Cómo ve la actuación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre? Respondía: «Es el mejor ministro que puede existir en el actual contexto político. En el marco de un gobierno que ha demostrado con hechos que está en contra del campo³Parte de la base que los únicos representantes del campo son ellos, Aguerre ha hecho todo lo que ha podido, un ejemplo de esto son los permisos para exportar ganado⁴Se refiere a ganado en pié, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en las plantas frigoríficas que logró».

La anterior afirmación no deja de ser cierta: Aguerre defiende los intereses de los poderosos “del campo” en todo momento, llegando a rechazar y prescindir de las ayudas internacionales que se dirigían al combate de la pobreza rural, ante el temor de más y mejores herramientas organizativas en manos de los trabajadores rurales, tanto productores familiares como asalariados. La oposición política en este ministerio no tiene una sola queja. Entonces no nos podemos sorprender que la Suprema Corte de Justicia rechace el ICIR por inconstitucional, cuando ni siquiera parte del gobierno lo apoya.

Hoy se cuenta con la información precisa que nos brinda el Censo General Agropecuario y el INE. Este último nos dice que en el Uruguay solo queda un 5% de población rural. Y el CGA muestra que perdimos durante el período de gobierno frenteamplista el mayor porcentaje de productores desde que hay censos. Y como resultado de esto es la entrega del recurso tierra a los capitales internacionales en un proceso de concentración del recurso jamás visto antes. El 40% de los aproximadamente 16 millones de hectáreas aptas para la producción que posee el país, ya están en manos del gran capital. Difícilmente este proceso nos lleve a la liberación nacional y menos aún al socialismo.

Todo proceso de concentración privada de tierras va acompañado de la expulsión de las familias rurales. Son las dos caras de una misma moneda.

En Uruguay, el tema reforma agraria pasaba más que por la entrega de tierras a quienes no la tenía, por el redimensionamiento de las unidades ya existentes que en muchos casos lindaban con el minifundio. Distintas propuestas se han diseñado a lo largo del tiempo que permitían resolver este tema: cooperativas, campos comunes para algunas actividades (los campos de recría en lechería son un ejemplo), la propia entrega de campos que permitieran que el predio mejore su productividad desde las necesidades de las familias productoras.

La expulsión del medio rural de 12 mil familias de productores es uno de los fenómenos más importantes y a su vez uno de los más lamentables de esta última década. Este sector, abrumadoramente compuesto por agricultores familiares que han sido desplazados de sus tierras, de su cultura, de su historia, para el país representa la pérdida del elemento humano conocedor como nadie de la tarea de producir alimentos variados y de forma antimonopólica.

Se pierde la base social del medio rural, con la cual emprender un modelo participativo, incluyente y distributivo desde el inicio mismo de la producción agropecuaria. El gobierno optó porque unas pocas mega empresas sean dueñas de nuestra tierra y produzcan lo que ellas quieran. Se eligió el ingreso coyuntural de capitales por encima de nuestra población rural y de la soberanía sobre nuestro territorio. A partir de estos hechos será muy difícil revertir la situación, como será también difícil pedirles a los excluidos el voto. Ante la desolación de nuestro interior, ahora desde la presidencia se llama a que vengan inmigrantes para trabajar en el campo, y nos preguntamos: ¿les darán las ayudas que les negaron a nuestros pobladores? o ¿serán mano de obra barata para que las mega empresas exploten?

Si no se corrige el rumbo, en pocos años perderemos las tierras que nos quedan o pasaremos a tener aquellas marginales de mínima productividad. Los principales vecinos de la región, Argentina y Brasil, han puesto límites concretos a la compra de tierras (1.500 ha y 5.000 ha respectivamente), sería bueno que Uruguay compartiera el problema y las soluciones de forma regional y con una visión latinoamericana.

El debate franco, crítico y participativo de estos temas, ahora con la información necesaria disponible, puede arrojar luz sobre cuáles son los mejores caminos en busca de una sociedad más justa.