Por: Jorge Notaro
Aunque la suprema Corte de Justicia interpretó la Constitución amparando a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, la culpa no es de la norma que sigue siendo nuestro marco jurídico. Le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de presentar los proyectos de presupuesto quinquenal y de modificaciones anuales en la rendición de cuentas y al Parlamento, la facultad de decidir. En el Poder Ejecutivo todos los ministerios y al OPP tienen la misma jerarquía y a los técnicos del MEF corresponde la tarea de presentar alternativas técnicas para las decisiones políticas, evaluando los impactos económicos, sociales y políticos de las posibles decisiones. Si no fuera así transitamos de la democracia que establece la Constitución a una tecnocracia en la que los técnicos imponen sus puntos de vista, sin que las normas le asignen esta facultad.
Lo que dice la Constitución
En el artículo 214 establece que “El Poder Ejecutivo proyectará con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presupuesto Nacional:::” y agrega en el mismo artículo que dentro de los seis meses de vencido el ejercicio anual, presentará al Poder Legislativo la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente.
En el artículo 215 señala que el Poder Legislativo no puede “efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.” y en el 220 establece que el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con algunas excepciones, proyectarán sus respectivos presupuestos y el Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo.
En estas disposiciones parece quedar claro que:
a) La OPP participa en la elaboración del proyecto de presupuesto y de las rendiciones de cuentas que incluyen los impuestos y los gastos
b) En el Poder Ejecutivo no se establecen atribuciones especiales a ningún ministerio en la decisión sobre que proyecto enviar al Parlamento
c) Que son sólo proyectos sobre los que la decisión corresponde al Parlamento, con la única limitación de que no puede aumentar el gasto
d) Algunos organismos públicos entre los que se encuentran la ANEP y la Universidad de la República pueden hacer sus proyectos de presupuestos y ponerlos a consideración del Parlamento, que podrá optar entre estos, el del Poder Ejecutivo o cualquier otro que no signifique aumentar el máximo nivel de gastos de los proyectos recibidos.
Política económica, ideología y técnicas
La política económica siempre admite opciones, no hay una sola forma de tratar de resolver los problemas con medidas de los gobiernos. La demostración más categórica es que el Premio Nobel de Economía lo gana economistas que en sus trabajos “demuestran” conclusiones antagónicas. Cuando el compañero Mujica dice que si no se puede aplicar el ICIR hay que buscar otra medida para que la caminería rural la financien los que más ganaron, es claro que puede haber formas de financiación en las cuales la pagarían los que menos ganaron.
Las distintas medidas de política económica, desde el tipo de cambio a los impuestos, afectan positiva o negativamente a los distintos grupos sociales de modo que la elección entre unas y otras medidas es el resultado de valores y de ideologías, son decisiones políticas. El equipo económico debería presentar alternativas técnicas evaluando los impactos de cada una, para que se tomen las decisiones políticas; de lo contrario es el equipo económico el que toma las decisiones políticas en nombre de la técnica.
Por ejemplo presentando alternativas técnicas de distintas medidas posibles para estabilizar los precios y para reducir el déficit fiscal, evaluando los impactos:
a) Económicos, en particular sobre el objetivo de modificar la matriz productiva estimulando la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado.
b) Sociales, en particular sobre la distribución del ingreso, de modo que las medidas no impliquen que los costos recaen sobre los sectores populares
c) Políticos, evaluando como pueden incidir sobre el fortalecimiento de los actores sociales que pueden impulsar las transformaciones que propone el programa del Frente Amplio
Por un funcionamiento democrático
De acuerdo la Constitución y a la organización del Frente, la democracia implica en primer lugar tener en cuenta que al Presidente lo eligió el Frente Amplio y a los ministros los eligió el Presidente. Uno y otros tiene la tarea de implementar el programa aprobado por el Congreso. Por lo tanto corresponde que los órganos de decisión política del FA resuelvan sobre las propuestas de política económica.
Se podrán presentar los puntos de vista más diversos teniendo en cuenta que el Frente se construye como la unidad en la pluralidad y que la democracia significa que las mayorías resuelven, las minorías acatan pero sus puntos de vista se respetan. Este debate se da dentro de dos límites, el que marca el programa y el que marca el carácter de coalición y movimiento del FA. Si se quiere fortalecer el movimiento seria bueno promover la iniciativa de los Comités de Base y probablemente, en la medida en que sus puntos de vista se tengan en cuenta en las decisiones, será un estímulo para una mayor participación.
El debate sobre la política económica está perseguido por un fantasma: el peligro de ahuyentar a las inversiones extranjeras con la carga tributaria, los niveles de salarios o los conflictos laborales. El peligro sin duda existe pero no es el único, el que debería preocupar también al gobierno del FA es subsidiar al capital y permitirle ganancias extraordinarias que como contrapartida condenan a la pobreza y a la exclusión a un mayor número de personas durante más tiempo, así como no mejorar la educación ni la vivienda por insuficiencia de los recursos asignados. El FA volverá a ganar las elecciones si los sectores populares lo ven como la expresión de su lucha contra la explotación y por la liberación nacional.
