Por: Gustavo Robaina
La tan esperada aprobación de la ley de matrimonio igualitario pone en igualdad de derechos y obligaciones sobre el contrato civil del matrimonio, tanto para parejas homosexuales como heterosexuales, borrando muchos resabios patriarcales y machistas de nuestro sistema legislativo.
En relación a la institución del matrimonio, se igualan los derechos y las obligaciones que tienen todas las personas sin importar su identidad sexual o de género. No solo se incluyen a las parejas del mismo sexo, sino que se modifican muchos otros aspectos, como la edad de los contrayentes, las causales de divorcio, derechos filiatorios y reproducción asistida.
Sin embargo, esto es parte de un proceso que encuentra a las modificaciones legislativas como indicador, pero que refiere a cambios profundos en las relaciones sociales y en el sistema moral que las sustenta permitiendo garantizar derechos y sanciones para quienes cometan actos de discriminación contra de las que algún momento fueron minorías (más allá de lo numérico).
Este proceso comenzó hace no mucho. Una sintética cronología podría marcarse desde 2004 con la aprobación del artículo 149 del código penal que penaliza la discriminación por orientación sexual y crea el primer organismo consultivo estatal en el tratamiento de ésta y otras discriminaciones. En 2007, se aprueba la figura del concubinato que incluye a personas hetero y homosexuales. Le sigue en 2008 y 2009 la aprobación de la ley de identidad de género y la reforma del sistema de adopción incluyendo también a las parejas homoparentales. Finalmente se ha logrado la última demanda a nivel legislativo por el momento: el matrimonio igualitario.
Las conquistas legales son una parte de la lucha contra la discriminación que la sociedad civil viene dando hace mucho tiempo. La responsabilidad es seguir visibilizando y denunciando la discriminación y también asumiendo el rol de ayudar a que se erradique la homo-lesbo-trans fobia en el plano cotidiano. Somos una generación ganadora en este sentido, porque en muy pocos años hemos logrado muchos avances. Es una tarea de todas y todos pero más especialmente de nuestra generación. Hacer efectiva la normativa vigente, sobre todo para quienes siguen padeciendo la mayor discriminación, que son las personas trans. En esta línea hay mucho por hacer aún.
Pero todos estos cambios se han dado de forma vertiginosa en un contexto político favorable (la izquierda en el gobierno) aunque ello no fue garantía de nada. La sociedad civil ha jugado un rol clave en estos procesos.
Hemos confluido en un círculo virtuoso al interior del movimiento social donde durante varios años aprendiendo de nuestras prácticas políticas y el trasfondo de las mismas. Esa confluencia ha dado lugar a lo que hemos llamado “puño único contra el Uruguay conservador” entendiendo que las demandas particulares tienen una base común: la voluntad de dominación que se expresa tanto en el sistema capitalista excluyente como en el patriarcalismo que atraviesa la sociedad. Eso nos ha hecho comprender que no hay jerarquías entre la agenda social del movimiento de diversidad, el movimiento feminista, el de legalización de las drogas, medio ambiente y el movimiento social clasista.
En relación al matrimonio igualitario hemos podido conceptualizar que la discriminación simbólica es igual de profunda que las desigualdades materiales y su expresión ha estado invisibilizada tanto por los discursos conservadores como también por discursos de la izquierda más tradicional. Por suerte hemos crecido en este debate llegando al día de hoy donde legisladores de todos los partidos votan una ley como esta.
Buena parte del movimiento social (diverso, complejo y con múltiples interrelaciones entre el activismo social, la política partidaria las contribuciones académicas) ha ido creciendo en torno a esta idea de puño único. La marcha de la diversidad ha sido la herramienta social privilegiada donde creciendo año a año le ha dado la legitimidad necesaria a las organizaciones para hacer presión y visibilizar la necesidad de transformaciones democratizantes como esta. Sin embargo no debemos olvidar que esta solidaridad social inter grupos ha permeado otras importantes herramientas de movilización social como el acto del 1º de mayo, la marcha mundial de la marihuana, etc.
Todas estas transformaciones, que exceden claramente las conquistas legales son indicativas de que Uruguay está transitando una revolución cultural que ha removido las bases patriarcales de la esfera pública y privada así como los límites de las bases liberales de los valores que nos sustentan. Sin embargo este proceso no está libre de ribetes amargos y dolorosos.
En 2012 vimos con indignación y dolor algunos de los límites de esta revolución cultural. Se manifestaron de la forma más terrible y cobarde con el asesinato de cinco mujeres trans producto del odio y la intolerancia a la diversidad, que todavía persiste. La violencia de género ha tomado una nueva cara. La dura batalla por el reconocimiento de los derechos de quienes han estado invisibilizadas/os y el desprecio sistemático por su identidad sexual y de género se ha desatado y es impostergable dar la respuesta más contundente como sociedad.
El Estado juega un rol clave y el Frente Amplio deberá invertir creatividad y recursos para impulsar las políticas que garanticen que las personas de la diversidad sexual dejen de ser ciudadanas y ciudadanos de segunda. La burocratización del Estado y la falta de compromiso para garantizar accesibilidad y rápido tratamiento a los cambios de sexo registral han producido que solo quienes poseen los recursos logren acceder a este derecho.
Esta reflexión vale para el resto de los cambios que estamos viviendo. Todos han tocado estructuras profundas, poniendo en jaque la moral tradicional sobre la que el pequeño país se sustenta. Es por ello que el movimiento social no puede ser irresponsable ni escatimar fuerzas para ayudar a que todas y todos los ciudadanas y ciudadanos comprendan el alcance y los beneficios que como sociedad tienen estos cambios. La batalla es y sigue siendo la lucha por la libertad, la igualdad y la autonomía, aunque de nada nos servirá si no lo armonizamos con un modelo de desarrollo que además de ser sustentable sea justo y nos permita vivir a todas y todos cada vez mejor.
Por lo pronto: ¡A festejar y a redoblar los esfuerzos!
