Educación Social un desafío hacia la inclusión social

Por: Rudyard Pereyra

El trabajo de los educadores sociales se inscribe dentro de aquellas ocupaciones que cumplieron una función social histórica y que con el devenir del tiempo van convirtiéndose en profesiones. Lo que implica un reconocimiento social formal mediante la formación pública y la regulación de sus funciones.

Sus orígenes primigenios pueden remitirnos a una mixtura entre el trabajo de aquellos esclavos que en la antigua Grecia se encargaban de acercar a los niños a los espacios aprendizajes y eran denominados pedagogos y la especificidad de una tarea que en la posguerra europea (segunda guerra mundial) encontraba a los educadores atendiendo a niños y jóvenes que habían quedado en el desamparo total. Desde allí se erige lo que fue la “educación especializada” que dio lugar luego a la Educación social en el viejo continente. Fue instaurándose así un campo que remitía a una formación académica desarrollada en  países como España, Francia, Alemania e Italia.

Por su parte en América Latina, nuestro país ha sido una referencia para el desarrollo de formaciones en educación social para Argentina, Chile y Brasil. En Uruguay la formación se inicia a partir de la vieja Escuela de funcionarios en lo que fuera el  Consejo del Niño en el año 1973 y luego como formación terciaria a partir de 1997.

Cumpliendo con lo postulado por la Ley General de Educación, desde 2011 se desarrolla en el Consejo de Formación en Educación una carrera con un programa construido en forma participativa con estudiantes, egresados y docentes para preparar profesionales  en educación social con un saber pedagógico y con competencias específicas en el campo socio-educativo. La formación orienta el desarrollo de acciones educativas con individuos, grupos, familias o colectivos, que contribuyan a garantizar a los ciudadanos el derecho a la educación durante toda la vida, el máximo acceso al patrimonio cultural; estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida; herramientas para desarrollar autonomía y el máximo de sus capacidades para una integración y participación social amplia.

Desde ya hace varías décadas la sociedad nos plantea enfrentar nuevas problemáticas –o antiguas profundizadas- que demandan la instauración de otros espacios educativos que coexisten con el ámbito escolar y el  familiar. Espacios en los que se pueden desarrollar metodologías diferentes pero que comparten con los sistemas educativos escolares los objetivos de acceso a las herencias culturales y la inclusión social.

También hace tiempo que la clasificación (o descalificación) que remite a una educación formal y no formal se presenta como un tabique limitante a la hora de pensar en clave de inclusión educativa. Sobre todo si buscamos propuestas que nos permitan salir de la díada fatal de las políticas de caridad que ofrecen “educación pobre para los pobres”.

Debemos ir reconociendo diferentes formatos de transmisión de la cultura y en la medida que nos referimos a propuestas de educación planificadas con una intencionalidad y direccionalidad determinada, fundamentadas en un cuerpo teórico específico, es oportuno hablar de una pluralidad; referirnos a   “las educaciones”  con propuestas que han de encontrarse en el campo social para garantizar derechos de ciudadanía. Una ciudadanía que para efectivizarse necesita ir más allá de un vínculo jurídico- político con el Estado y sus instituciones, habilitando la construcción de sentidos que permitan  a los sujetos sentirse partícipes  en el marco de una igualdad que no solape las diferencias.

La educación social ha venido desarrollando sus prácticas en contextos socio-culturales e institucionales diversos, generalmente con individuos o grupos en situación de exclusión, dirigiendo su acción a generar plataformas de integración y participación social. Pero ello implica siempre un movimiento del educador y de los recursos hacia diversos contextos, para realizar propuestas flexibles y con valor social que convoquen el interés de aquellos que por distintas razones han quedado “fuera” de las instituciones educativas, los recursos comunitarios y el capital social y cultural del país.

Así los educadores sociales se desempeñan por ejemplo en internados, centros diurnos, programas de acompañamiento familiar y egreso de niños y adolescentes institucionalizados por protección, centros  de privación  de  libertad  de  adolescentes,  cárceles  de  adultos, programas de medidas no privativas de libertad y  distintos centros educativos  en una tarea que combina  cuidados, mediación y transmisión de contenidos en  áreas como arte y cultura, lenguaje y comunicación, juego y deporte,  tecnología o sujeto social y entorno.

Nos hemos enfrentado con políticas neoliberales que han instalado durante años una lógica en la que los sujetos devienen usuarios,  limitándolos  en el mejor de los casos al lugar de receptores de dispositivos sociales de asistencia y meros consumidores culturales. Hoy siguen quedando resabios de esa lógica política y esa visión esencialista de la cultura  que demanda de la educación “contención”, “control” y una gestión de las poblaciones basada en las consabidas operaciones de adjetivación de  la infancia.  Los “menores”, “infractores”, “pobres”, “adolescentes en riesgo”, “vulnerables”, “violentos”, “hiperactivos”, “patológicos”, “adolescentes embarazadas” , “los Ni-Ni” se instauran como compartimentos estancos.

La educación social tiene tradición de trabajo con infancia, adolescencia y juventud y se plantea integrar propuestas que permitan jugar en contra de de los destinos condenatorios prefijados y la fragmentación social. La búsqueda del antidestino¹Núñez, V. “Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio”. Ed. Santillana. 1999. Buenos Aires. como definición política  contraviene  la proliferación de propuestas que asignan contenidos diferenciados según el origen o la etiqueta  que precede a los sujetos.

En este sentido es necesario generar plataformas sostenibles que permitan integrar y redistribuir las herencias culturales para que niños, niñas y adolescentes puedan construir diferentes lazos con lo social y desde ese entramado desplegar su singularidad.

Es imprescindible universalizar en cada barrio escenarios socieducativos y ciudadanos que puedan ser gestionados con criterio pedagógico y que permitan  intercambiar formas ser joven más allá del origen social, que habiliten el ejercicio de la participación protagónica  tomando decisiones que impacten en la comunidad, espacios de incidencia en la gestión económica,  en la construcción de valores sociales y la legislación nacional.  En definitiva, lugares educativos estables, sustentables, integradores y de ejercicio de ciudadanía.

La experiencia ha mostrado que la filiación de los que se definen como “excluidos” no se puede generar desde el discurso moralizador,  o desde  la mera descripción del “carente”  que habilita la “caridad educativa”; pero tampoco desde la focalización sostenida que cronifica la devaluación de existencias.

Es imprescindible avanzar en una planificación estratégica que permita seguir generando programas y “Centros de integración social” con potencialidad de recursos flexibles que incorporen la particularidad de los sujetos y oferten propuestas pertinentes y oportunas para cambiar el juego de la priorización de lo efímero por trayectorias de circulación social amplia.

Pertinencia, oportunidad  y movimiento son claves a la hora de concretar  trayectos de inclusión a través de propuestas educativas de calidad. El desafío sigue siendo integrar  organizaciones comunitarias, sociedad civil e instituciones del Estado  para generar redes educativas locales,  reguladas y sustentables  que permitan mover algunas burocracias institucionales que siguen funcionando con tiempos y recursos rígidos, establecidos desde otra época y para otro país.