Por: Marcel Lhermitte
A menos de un mes de que se realice la consulta electoral a través de la cual la ciudadanía se pronunciará sobre la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los partidos políticos se enfrentan a la que sin lugar a dudas es una de las campañas más incómodas que pueda existir.
No caben dudas que la despenalización del aborto es una ley que genera aceptación y rechazo tanto en filas de la izquierda como de la derecha, más allá que se distingan tendencias claras de apoyo en el Frente Amplio, con algunas excepciones, y reticencias en blancos y colorados, con algunas excepciones también.
Es que más allá de lo político, de la ampliación de derechos y de las garantías sanitarias, en el tema del aborto pesan mucho las concepciones filosóficas y religiosas.
Además en esta ocasión se da un fenómeno de oportunidad política por parte de algunos actores. Es innegable que la oposición ha tomado como herramienta la recolección de firmas y la consulta popular, instrumento que parecía ser propiedad exclusiva de la izquierda nacional.
Fue en ese sentido que primero el senador Pedro Bordaberry tomó ese camino para intentar bajar la edad de imputabilidad de los menores, en una consulta que aún está pendiente, ahora el diputado blanco Pablo Abdala va por la interrupción voluntaria del embarazo y se anuncia que podrían recolectarse firmas también en caso que se apruebe la legalización de la venta y/o el autocultivo de marihuana.
El 23 de junio la ciudadanía tendrá la oportunidad de pronunciarse para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, e increíblemente aún no existen siquiera rastros de una campaña electoral, sin lugar a dudas porque es una campaña incómoda para los partidos políticos.
Más allá de las organizaciones sociales y los colectivos religiosos, los actores políticos que impulsan la derogación de la ley no cuentan con el respaldo absoluto de sus partidos. En filas blancas el diputado Abdala es quien encabeza la iniciativa, pero el Directorio del Partido Nacional, en forma muy ambigua convoca a participar en la consulta para que sea la ciudadanía toda quien decida sobre la ley, pero no se expide sobre su posición al respecto.
Los colorados tampoco se definen como partido, sino que sus líderes tienen posición pero no realizan campaña. Por un lado el expresidente Julio María Sanguinetti aseguró que tiene discrepancias con la ley, pero afirmó que no irá a votar porque “es mejor que nada”. En tanto, Bordaberry está en contra de la ley y seguramente irá a votar.
Con esta consulta la oposición queda atrapada en una situación compleja, por un lado le sería muy favorable que al Frente Amplio la ciudadanía le derogue una ley que fue aprobada básicamente con la mayoría legislativa de la izquierda, pero por otro no pueden ser los responsables de cercenar derechos ni de ganarse la antipatía del segmento electoral femenino, al cual le van a tener que pedir el voto en las elecciones nacionales.
En lo que tiene que ver con el debate, la oposición resalta las contradicciones ciertas que existen en el seno de la izquierda, fundamentalmente con el expresidente Tabaré Vázquez, que en el período pasado vetó una iniciativa parlamentaria similar a la que se aprobó en este quinquenio. Claro está que esta contradicción también la tiene la oposición entre sus referentes, como se menciona anteriormente.
Otro aspecto a tomar en cuenta es el dinero para realizar la campaña y las posibilidades más que ciertas que la oposición no alcance el listón de superar los 600 mil votos. Esto, además de la pérdida económica, trae aparejado el riesgo de perder la instancia con el Frente Amplio y el posterior efecto moral que genere en la militancia blanquicolorada.
Para el Frente Amplio tampoco es una campaña cómoda. Si bien existe una definición clara de defensa a la ley, la campaña que se decide llevar a cabo es reactiva y silenciosa. Esto corresponde a una estrategia electoral lógicamente, ya que mientras menos gente esté enterada de la consulta menos irán a votar y por ende mayor es la chance de ganar.
El problema que genera la estrategia de la izquierda es la desinformación ciudadana y los riesgos, mínimos, que traerá aparejada esta situación, ya que muchos quizás vayan a votar sin saber que el hecho de estar presentes en las urnas será un voto favorable para concretar el llamado para derogar la ley.
Tanto el Frente Amplio como la oposición están inmersos en una campaña electoral sumamente incómoda, de silencio, sin debate ideológico ni participación mediática, iniciativa tomada en gran medida como estrategia coyuntural pero también mirando el horizonte de octubre de 2014 en donde habrá que pedir el voto del segmento femenino… y en medio la mayor parte de la ciudadanía está desinformada.