Por: Ruben Hernández*
Estamos viviendo en nuestro país un momento muy particular, muy removedor en la historia de la radiodifusión nacional. Luego de décadas de monopolio, de oligopolio, de irregularidades varias, tendremos nueva legislación (LSCA), adaptada a las nuevas realidades y que corrige el caos existente en materia de legislación y regulación de los medios.
Los medios se rigen con una ley dictatorial de 1978 que no se adecua al momento que vivimos en Uruguay y el mundo. Recordemos que estas leyes se están actualizando en todo el mundo y de hecho se tienen en cuenta estándares internacionales al momento de redactar esta ley que pretendemos se apruebe, se instrumente y se aplique.
Nuestro proyecto de ley no pretende ser copia de otras, recoge cosas positivas de la legislación vigente en muchos países y las adecua a nuestra realidad. No es la ideal y seguramente deberá sufrir modificaciones, correcciones, pero jamás podremos negarla, boicotearla e intentar dejarla sin efecto.
Quizás muchos pretendíamos una ley más de izquierda, con mayores exigencias para los grandes que han dominado o manejado la mayoría de los medios de este país, pero debemos ser conscientes del Parlamento que tenemos. Es una ley hecha a la medida de los votos que tenemos.
Reclaman que queremos atentar contra la libertad de expresión y eso es simplemente una MENTIRA, se asegura como nunca la absoluta libertad de informar y de informarse, se permite que los invisibles de esta sociedad, los que nunca tuvieron voz, puedan expresarse.
Cualquier periodista podrá negarse a firmar u opinar en cualquier tema contra su voluntad.
La derecha, eterna aliada de los grandes medios, se va a oponer por funcional al actual sistema monopólico y concentrador, y a cambio de “buena prensa” y algún favor (minutos de publicidad) de cara a las futuras elecciones. Sin importarle si la ley es buena o es mala, si es necesaria, simplemente por oponerse y buscar captar votos de algún despistado que no leyó o no entendió los verdaderos alcances de la ley.
Debemos resaltar algunos aspectos centrales de la ley:
– Basada en el trabajo del Comité Técnico Consultivo (CTC), donde participaron varios y diversos actores, de la sociedad civil (sindicatos, universidades, organizaciones de DD.HH, niñez y adolescencia, género y diversidad, iglesias, etc.); las gremiales empresariales (RAMI, ANDEBU) que tuvieron todas las posibilidades de aportar, criticar, corregir; y representantes del gobierno. Prácticamente un 80% de consenso. El texto tiene mucho que ver con la síntesis surgida del Comité, lo cual no significa sea textual y recoge lo mejor de los estándares internacionales en materia de regulación y contó además con participación de relatores de UNESCO y ONU.
– Se crea un Consejo de Comunicación audiovisual, que requiere para su conformación la venia de 2/3 del senado, siendo su presidente el que actuará como “ombudsman”, con un defensor de las audiencias.
– Sobre la intromisión en los contenidos, ese gran “temor” que pretenden imponer algunos empresarios y/o periodistas-empresarios, es inexistente y no prohíbe nada. Simplemente se exige un mínimo de 60% de producción nacional para privados (incluidas 2hs. Ficción semanal, producciones independientes) y 70% para públicos (con estímulos). Las “vecinas” podrán seguir viendo “Intrusos”, Tinelli, los chimentos de la farándula sin ningún tipo de prohibición. Esas exigencias también incluyen 15 minutos de campañas de bien social, en 24 horas de programación. Si podemos mostrar todo lo “malo” que ocurre en nuestra sociedad, está bueno poder aportar algunos minutitos con propuestas para corregir, para mejorar, para construir una sociedad mejor.
– Cuando se habla sobre regulación simplemente se busca defender los derechos de las personas, de los niños, de los minusválidos, de los invisibilizados de esta sociedad, de los más vulnerables.
– Se mantiene el horario de protección al menor de 6 a 22, respetando lo establecido en el Código de la niñez, evitando imágenes pornográficas, apología de la violencia, mal uso de imágenes de niños infractores, aunque si pueden informar. Nada ni nadie se lo prohibirá.
– Se buscará evitar la publicidad engañosa por y para niños.
– Se exigirá el lenguaje de señas, subtitulados, en determinados segmentos de la programación.
– Se controlará el uso excesivo de gráficos que atentan contra la correcta visión de la programación.
– En el artículo que podríamos definir “Paco”, se asegura que todos los ciudadanos puedan ver las finales de fútbol y básquet, que deberán ser retransmitidas por todos los canales abiertos, incluido los públicos.
– Todos los cables deberán incluir en sus grillas todos los canales públicos.
– Se prevén 15 minutos diarios de publicidad electoral gratuita para todos los partidos, en épocas de campaña.
– Se cobrará una tarifa por uso de espectro (no incluye canales del interior) y otra por uso de la licencia (anual), con lo cual se creará un fondo para audiovisuales.
– Las concesiones dejarán de ser “precarias y revocables” (en realidad por más de 50 años fueron irrevocables). Ahora existirán plazos, 10 años para radios y 15 para TV, con derecho a renovar por 10 más. Para todos, incluidos los actuales 4, 10 y 12. En caso de no cumplir con la legislación vigente y ante sucesivas denuncias podrán recibir sanciones.
– Se creará el Sistema Nacional de Radio y TV, potenciando los medios públicos.
– Se combatirá y limitará la tenencia de medios, evitando la concentración. Sabido es que algunas “familias” cuentan con varios medios, generando un monopolio.
– La propiedad de los medios será nominativa, debiéndose saber quienes son verdaderamente los dueños, evitando con esto maniobras que permitan concentrar y repetir viejos vicios.
– Se impedirá que los medios de comunicación estén en manos de extranjeros. Deberemos estar atentos para evitar testaferros.
– ANTEL será el único proveedor de fibra óptica.
Oponerse a una ley porque algún artículo no me agrada por lo menos es poco serio, aunque podría considerarse irresponsable.
Y tendremos más canales, otras opciones…
El llamado a nuevos operadores para TV es un hecho histórico. Con él se rompen más de 50 años de monopolio. Oponerse e intentar abortar el llamado lo único que logra es fortalecer el monopolio y cerrarles las puertas a nuevos operadores que puedan ofrecer otros contenidos, otras imágenes, otras realidades, otras verdades.
Algunos críticos plantean que se les mantienen todos los privilegios a los actuales operadores y no es así. Si bien el decreto original sufrió modificaciones, todos, incluidos los actuales operadores, deberán presentarse al llamado (ahora especulan que no se presentarán al llamado para boicotearlo), deberán tener un proyecto comunicacional, los plazos para explotar los medios como nunca ocurrió correrán también para ellos, deberán pagar por el uso de espectro y cumplir toda la normativa que incluirá la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
TNU se verá fortalecida con el nuevo sistema, TV Ciudad se abrirá, la Universidad tendrá su canal como ocurre en muchos países del mundo, dos nuevos canales comerciales, dos comunitarios; más canales en todas la ciudades del país donde hay TV actualmente.
Esto se llama democratizar los medios de comunicación, con más opciones, con más libertad de ver y escuchar.
Creemos estar tocando una “pata” bien importante del poder, una herramienta que han utilizado desde siempre como forma de dominio no solo en nuestro país sino en todo el mundo. No en vano algunas pocas multinacionales se han quedado con casi el 90% de los grandes medios y cadenas. Cuando la empresa Claro del multimillonario Slim quiere operar TV satelital en Uruguay, podemos pensar que lo hace por beneficencia, para que los “pobres” puedan ver “más y mejor TV”? Seguro que no.
Durante décadas los medios han sido el vehículo utilizado por la clase dominante para imponernos su modelo, nos han impuesto un discurso unidireccional, imponiéndonos su ideología, convenciéndonos que debemos “vivir como pobres y pensar como ricos”, consumiendo todo lo que queremos pero no podemos. Y eso podemos empezar a cambiar.
Somos conscientes que estás decisiones son difíciles de adoptar. Es bienvenida la decisión de nuestro gobierno de asumir esta responsabilidad. No tenemos mucho tiempo. Y en la medida que se acerquen tiempos de elecciones, se empezarán a medir costos políticos y los grupos que detentan el monopolio seguirán presionando para evitar que existan reglas claras y esta sociedad viva en una democracia más plena.
No apoyar estas iniciativas, hacerse los tontos, mirar para otro lado, los convertirá en cómplices del sistema de medios que nos domina.
Seguir adelante con este proceso es nuestro deber y debe ser tomado como parte de nuestra revolución.
Con estos cambios y todos los que vendrán, seguiremos construyendo un país de primera, con todos y para todos.
*Sec. Gral. APU Sindicato de trabajadores de los medios de Comunicación – PIT CNT. Sec. Desarrollo Productivo – Secretariado Ejecutivo PIT CNT. Integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática y Comité Técnico Consultivo (CTC).
