Por: Jorge Notaro
No es necesario repetir aquí la larga lista de logros de los gobiernos del FA, a los que me he referido en numerosas notas anteriores. Los primeros que lo saben son los que no tenían trabajo y lo tienen, los que no tenían vivienda y la tienen, los que reciben la tarjeta Uruguay Social, los que mejoraron la capacidad de compra de sus salarios y jubilaciones, o los padres de los niños que recibieron la ceibalita y que cobran la asignación familiar.
En la próxima campaña electoral no es necesario poner el énfasis en lo que se hizo, sino en lo que falta por hacer, tomando la expresión de la canción de Raúl Castro y Jaime Roos. No sirven los análisis superficiales y cortoplacistas ni las evaluaciones autocomplacientes que no identifican los problemas que deben ser encarados. El nuevo programa del FA debería proponer medidas para superar los problemas sentidos por los sectores populares.
Se proponen cuatro puntos para el nuevo programa del FA: la erradicación de la inseguridad, la distribución de la riqueza, el cuidado del medio ambiente y el cambio de la política macroeconómica.
La erradicación de la inseguridad
El número de personas privadas de libertad, adultos y jóvenes, aumenta permanentemente y genera un indicador contradictorio. Por una parte muestra que la policía es eficaz, que los jueces condenan, que la legislación es represiva y que el Ministro Bonomi es un excelente bombero que apaga los focos de violación de la ley. Por otra parte muestra una sociedad que genera violencia.
Con la misma humildad que muestra un libro sobre la vida del padre Cacho hay que reconocer que no sabemos por qué aumenta el número de delincuentes. Cuando nacen todos los niños son iguales y ninguno está determinado por la genética a robar o a matar. El paso siguiente es investigar para saber y para eso están los científicos sociales de la Universidad de la República con pensamiento crítico y no los informes de consultoría de los organismos financieros como el BID o el Banco Mundial que con sus diagnósticos esterilizados no entienden la realidad y proponen políticas ineficaces.
También la ANII tiene un enfoque de la investigación científica y la innovación en el cual las ciencias sociales tienen una importancia menor y no ofrece fondos concursables para investigar en la compleja búsqueda de una respuesta a la interrogante ¿Por qué aumenta el número de personas que roban y que matan?
Los materialistas podemos formular algunas hipótesis que pueden formar parte del punto de partida de las investigaciones. En primer lugar, suponer que las ideas son un resultado de las condiciones materiales de vida, lleva a investigar las condiciones en las que vivieron las personas que delinquieron. Con este diagnóstico será posible diseñar las políticas dirigidas a modificar la situación en un proceso en el cual se pueden esperar cambios en el futuro.
Otra hipótesis es que la práctica modifica las ideas, lo que lleva a investigar si las de los que delinquen, durante los años previos a cometer el delito, fueron diferentes de las que no delinquen. Si fuera así sería necesario diseñar políticas que estimulen a sustituir las primeras por las segundas.
Finalmente, no alcanzó con la reducción de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Una tercera hipótesis es que se generó una cultura con valores antagónicos a los de la convivencia y las víctimas de la exclusión se transformaron en victimarios.
La redistribución de la riqueza
Es necesario enfrentar la concentración y extranjerización de los medios de producción promoviendo nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos fortaleciendo a los grupos sociales con ingresos que sean el resultado de su trabajo.
La riqueza es el resultado de acumular los ingresos que no se gastaron y permite generar nuevos ingresos sin trabajar, como por ejemplo arrendando tierras, alquilando viviendas o cobrando dividendos de acciones de sociedades anónimas.
Para redistribuir la riqueza hay que facilitar el acceso a la tierra a los que la quieren trabajar, a la vivienda a los que no tienen o pagan un alquiler o a la propiedad de medios de producción que permitan a los trabajadores formas de gestión sin la explotación y la dominación de los patrones.
Durante estos años de gobierno del FA se observó un importante proceso de concentración y extranjerización de los medios de producción, como la tierra, industrias manufactureras y cadenas de supermercados, que se agregaron a la ya totalmente extranjerizada banca privada.
El FA no está cumpliendo con la plataforma de las elecciones de 2004 en la que se comprometió a entregar 250.000 hectáreas a los pequeños productores agropecuarios y sólo entregó 45.000. Tampoco cumplió con la instalación de un frigorífico y de un complejo pesquero.
Cada inversión extranjera que se localiza en el país implica que esa porción de la actividad económica pasa a integrar la estrategia de una empresa transnacional, debilita el poder del Estado y limita el ámbito de acción de la política económica. En el mediano plazo la repatriación del capital y de las utilidades generará un efecto negativo en la balanza de pagos; durante 2011 y 2012 las transferencias de ingresos al exterior por concepto de utilidades, dividendos e intereses fueron de 1.300 millones de dólares anuales.
Se debe seleccionar las inversiones extranjeras directas y limitarlas a las que contribuyen a la estrategia aportando capital, mercados externos, valor agregado, contenido tecnológico, aprendizaje y demanda de insumos nacionales. Es posible utilizar los recursos disponibles en los mercados internacionales para financiar inversiones públicas o de gestión asociativa con crédito a largo plazo o colocando deuda pública aprovechando las bajas tasas de interés.
No se puede demostrar que las exoneraciones tributarias que se otorgan por las Zonas Francas y la ley de promoción de inversiones son imprescindibles y se debería experimentar con una reducción progresiva teniendo en cuenta la abundancia de capital buscando oportunidades de inversión por todo el mundo. Como indicador claro de esta situación, los informes de CEPAL muestran que desde 2005 aumentó la inversión extranjera en América Latina dirigida a explotar recursos naturales y este aumento en 2011 fue de 28% respecto a 2010. En Uruguay creció menos que el promedio con un agravante, los demás países de América Latina cobran impuestos a las inversiones extranjeras que explotan sus recursos naturales y Uruguay no. Estas exoneraciones tienen dos consecuencias negativas, obligan a aumentar los impuestos sobre el trabajo y las empresas locales pequeñas y medianas y como la capacidad contributiva es baja, limitan la financiación del aumento del gasto público
Como no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de financiamiento de inversiones, si bien el FONDES apunta en esta dirección es de reciente creación y recursos escasos, la ley de promoción de inversiones tiene como efecto aumentar la rentabilidad de los que tienen capital y se transforma en una ley de promoción de la inversión extranjera privilegiada con relación a los emprendimientos nacionales.
Hay que complementar la propiedad estatal en los sectores estratégicos con medidas de apoyo a: a) los productores agropecuarios familiares que para mejorar su productividad y sus ingresos tienen como precondición el aumento de la superficie trabajada, créditos baratos, asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios; b) las cooperativas de trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión; c) las pequeñas y medianas empresas para el aumento de la productividad y que puedan ligarse en las cadenas de valor con las más grandes requieren acuerdos con participación de los distintos actores sociales que junto al Estado puedan avanzar en estos mecanismos; d) a las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos, desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen ciudadanía y consolidan la democracia; e) a los grupos sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos. Se requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.
El cuidado del medio ambiente
Boaventura de Sousa Santos destacó la necesidad de defender los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financierización de la vida, destacando que “Los bienes comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por los grupos humanos, a nivel local, nacional o global, que deben ser de propiedad colectiva, a diferencia de lo privado y lo público (estatal), aunque le compete al Estado cooperar en la protección de los bienes comunes. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc.”
Hay formas de crecimiento del PBI que destruyen recursos naturales y deterioran el medio ambiente. Estos costos ambientales y sociales deben tenerse en cuenta para evaluar las inversiones, aprobarlas o rechazarlas. Es necesario implementar políticas de crecimiento sustentable, lo que incluye cambios en la matriz productiva y en los actores sociales impulsando el desarrollo rural integral para la seguridad alimentaria a partir de la agricultura familiar. La sociedad uruguaya debe tener control sobre los alimentos que se producen y se consumen en el país, asegurando que los productos lleguen a los consumidores, desarrollando la agricultura familiar, promoviendo la agricultura urbana y prohibiendo la especulación financiera con alimentos
El agua es el bien común más importante y generó luchas contra su privatización en varios países, incluyendo al Uruguay. El deterioro de su calidad llegó a los hogares por la cañería del agua corriente. El informe de cuatro decanos de facultades de la Universidad de la República sobre la contaminación del río Santa Lucía demostró el efecto depredatorio de la explotación de la tierra que busca maximizar la rentabilidad en el corto plazo, es un indicador de la insuficiencia de las políticas dirigidas a la preservación del medio ambiente, exige una revisión profunda de las mismas para lo que se debería tener en cuenta las advertencias de los científicos sobre el deterioro de la fertilidad de la tierra por el monocultivo reiterado de soja y por la forestación o las objeciones a la megaminería.
El cambio de la política macroeconómica
Se enfrenta al dilema de elegir entre mayor inflación o atraso cambiario. Por otra, un tipo de cambio real competitivo es precondición para acelerar el cambio en la matriz productiva y promover las exportaciones con mayor valor agregado
El indicador de competitividad que construye el BCU señala que hay atraso cambiario y se ha llegado a una callejón sin salida ya que si se aumenta la cotización del dólar tendrá como impacto negativos la aceleración de la inflación y el aumento de la plusvalía apropiada por los dueños de la tierra y el capital instalado en las cadenas agroexportadoras, desde la soja a la carne vacuna. Pero si no se aumenta el tipo de cambio se desestimulan las exportaciones con valor agregado, se facilita el desplazamiento de la producción nacional por importaciones en el mercado interno, se reduce el ingreso de turistas y aumenta el gasto de residentes en el país haciendo turismo en el exterior.
Para resolver este dilema es necesario abandonar la política de “inflation targeting” recomendada por el FMI y pasar a la de tipo de cambio real competitivo que adopta como objetivo prioritario mantener un tipo de cambio real alto. Para evitar los daños colaterales señalados anteriormente hay que acompañar la devaluación con detracciones, es decir, impuestos a las exportaciones, como lo hizo Azzini en 1959 y Lavagna en Argentina en 2003.
Los precios de los productos agropecuarios se mantendrán elevados durante varios años y es posible aplicar detracciones a las exportaciones con baja industrialización, en porcentajes que afecten las ganancias extraordinarias y como anticipo del impuesto a la renta de las actividades económicas. Contribuyen a recaudar más gravando los ingresos extraordinarios lo que permite aumentar el gasto público y/o reducir otros impuestos; bajar los precios de los bienes de consumo y mejorar el poder de compra de alimentos de los sectores populares sin aumentar los costos laborales; reestructurar la producción por el aumento de la actividad no gravada como la lechería, la agroindustria mediante la provisión de materias primas más baratas y el desarrollo de la producción familiar, devolviendo el pago y creando un Fondo de Apoyo con parte de estos recursos; por último, al bajar la rentabilidad de las actividades agropecuarias se desestimula la extranjerización y la concentración de la tierra.
Si se quiere generar un superávit fiscal y al mismo tiempo aumentar el gasto público, es necesario recaudar más gravando las ganancias sin precedentes del capital, por ejemplo con un aumento de la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y con el Impuesto al Patrimonio. La medida en estudio por el gobierno de eliminar la exoneración de este impuesto a los inmuebles rurales va en esta dirección . Los economistas que asesoran al capital como Caumont, De Haedo, Oddone o Roselli, proponen medidas que descargan los costos sobre los sectores populares como reducir los aumentos de salarios y congelar el gasto público. La posibilidad de aumentar los impuestos al capital y sus ingresos, o reducir los aumentos de las ganancias, no están presentes. Alimentan la hipótesis materialista sobre el carácter de clase de las ideas y entre ellas, de las propuestas de política económica.
Notas:
1-Militante por la coordinación de los frenteamplistas que luchan por la superación del capitalismo. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores
2- Un análisis detallado sobre las alternativas de aumento de la recaudación se encuentra en el documento del Centro José D´Elía del SUNCA y se puede solicitar a su director, Claudio Iturra, a [email protected]
