Los derechos humanos son relegados en Paraguay
A 65 años de la convención de los derechos humanos el 10 de diciembre las organizaciones populares de nuestro país han salido a las calles a exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar los derechos a todos y todas. Unidos en un grito en contra de las ejecuciones a dirigentes sociales que se han vuelto recurrentes en Paraguay.
La evaluación arroja desalentadores números. En lo que va del año han sido asesinados cuatro dirigentes campesinos, si contabilizamos desde el golpe parlamentario a la fecha han caído seis campesinos selectos. Esto, claro, sin incluir las diecisiete vidas perdidas en la masacre de Curuguaty.
Hacemos inicialmente este recuento porque quisiéramos ubicar la situación de los derechos humanos en Paraguay y para tal acometido es menester señalar el atropello al derecho más básico y fundamental: la vida.
Sumado a los diecisiete caídos en la matanza del 15 de junio en Curuguaty, meses después es asesinado en su domicilio el dirigente campesino – Vidal Vega- quien era testigo clave en el caso ya que se desempeñaba como custodio de los documentos de trámites realizados por la Comisión de Familiares de Víctimas de la matanza de Curuguaty ante el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para la adjudicación de las tierras de “Marina Cue”.
El 4 de diciembre – días después del hecho- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncia en contra del asesinato y exhorta al gobierno paraguayo a adoptar las medidas necesarias para esclarecer el hecho y castigar a los responsables
En la ocasión la CIDH también insta al estado paraguayo a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país, en especial, quienes trabajan en el movimiento de Campesinos Sin Tierra y en la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty.
Los gobiernos, liberal y colorado, no se han tomado el trabajo de atender tales recomendaciones y las muertes han quedado impunes.
En lo que respecta a las organizaciones sociales de zonas urbanas se ha recrudecido la represión a las manifestaciones y actividades en la calle.
Existe una política de desplazamiento de los pobladores de los cinturones de pobreza del área metropolitana. La resistencia de las personas que no quieren ser despojadas de lo único que les queda -sus hogares- ha tenido que resistir (y siguen resistiendo) a la instalación de un parque industrial en la zona del bañado sur que obligaría a una reubicación sin siquiera contar con ayuda de la comuna capitalina.
Días atrás pobladores del bañado oficiaron una protesta frente al congreso en contra del despojo de sus hogares que fue brutalmente reprimida dejando como saldo varios heridos, entre ellos, una niña de 9 años quién sufrió varios impactos de balines de goma en el pecho.
El joven dirigente de la organización desde abajo del bañado sur – Alejandro Ríos- fue imputado por el fiscal Cristhian Bernal luego de la movilización. El mismo fiscal sostiene la causa abierta contra 52 estudiantes y un docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) a quiénes se busca penalizar por impulsar protesta reivindicando un manejo transparente y democrático en la casa de estudios.
Justamente, en lo que refiere a la Universidad también en este ámbito se ha desatado una seguidilla de persecuciones a los sectores estudiantiles organizados.
El Frente Estudiantil por la Educación, espacio que nuclea a organizaciones estudiantiles de diferentes facultades y universidades del país ha hecho públicos diferentes casos en el año, de los cuáles podemos citar los centrales:
Tres sumariados y cincuenta y tres denunciados en la Facultad de Filosofía. dos sumariados en la Facultad de Ingeniería y treinta sumariados en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Los casos tienen como eje común el manejo irregular y malintencionado por parte de las autoridades y muchos de ellos ya han desembocado en sanciones, afectando la vida académica de los estudiantes.
Por: Movimiento Estudiantil Jaguata de Paraguay
