En 2050, el producto interno bruto de China superará en más de un 50% al del primer país hispanohablante (Estados Unidos), y Brasil se habrá convertido en la cuarta economía mundial (desplazando a Japón).
La República Popular China es desde el año pasado el principal socio comercial de Uruguay, representando los 4.500 millones de dólares anuales de exportaciones e importaciones entre ambos países, el 22% de nuestro intercambio total de bienes. En 1984, cuatro años antes del restablecimiento de las relaciones a nivel oficial entre las dos naciones, el comercio era de 40 millones de dólares.
Como resultado de estas transformaciones en el orden económico mundial, nuestra inserción internacional, analizada desde las dimensiones financiera, comercial y productiva, enfrentará nuevos y complejos desafíos.
En cada una de estas tres áreas el eje “Brasilia–Pekín–Washington” tendrá una influencia considerable en nuestro proyecto de desarrollo nacional.
Desde las instituciones multilaterales establecidas en Washington y desde la Reserva Federal (más allá de la conformación en los próximos años de una nueva arquitectura financiera internacional), se continuarán definiendo las políticas reguladoras del principal determinante de los ciclos de bonanzas y crisis de los países emergentes: el capital financiero.
En este sentido, y considerando tanto la magnitud de los activos financieros globales (200 billones de dólares o tres veces el producto bruto mundial), como el impacto provocado por modificaciones en la política monetaria de los Estados Unidos, aún pequeños ajustes en las carteras orientadas hacia los países en vías de desarrollo, tendrían efectos muy significativos sobre nuestras economías.
En materia comercial, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre 2001 y 2012 entraron en vigencia 160 tratados regionales. China ha ratificado acuerdos de libre comercio con más de 20 países, pero su agenda, de la que tal vez la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) sea la institución más representativa, incorpora diferentes espacios de coordinación que se extienden al terreno militar, cultural y energético.
La OCS fundada el 8 de abril de 1996 por China, Rusia, y cuatro Estados de la ex Unión Soviética, cuenta además con India, Pakistán e Irán como países observadores.
En noviembre de 2012, durante la Cumbre de Asia Oriental celebrada en Phnom Penh, los líderes de 16 países (los 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda) acordaron el comienzo de negociaciones conducentes a la conformación de una Asociación Económica Integral Regional.
De concretarse esta iniciativa, surgiría en Oriente una zona de libre comercio constituida por la mitad de la población mundial.
Pekín representa entonces mucho más que el “efecto China”. El impacto de un centro económico mundial ubicado en Asia refiere directamente a la creciente demanda por nuestros recursos naturales y a las oportunidades y desafíos que generen en nuestras economías tanto la exportación de alimentos, energía y minerales, como la inversión extranjera directa vinculada a los sectores de servicios, logística, transporte e infraestructura.
América del Sur, con 400 millones de habitantes y 17 millones de km2 de territorio, posee una de las mayores reservas de hidrocarburos y minerales del planeta: un 65% de las reservas mundiales de litio, un 42% de plata, un 38% de cobre, un 33% de estaño y un 21% de hierro.
En la región se encuentra además un 30% del total de los recursos hídricos renovables del mundo, de los que dependen en gran medida las exportaciones de soja, celulosa, trigo, arroz y carne de Argentina, Brasil y Uruguay. Tomando estas reservas estratégicas como referencia, Brasil definió recientemente en su “Libro Blanco de la Defensa Nacional”, la protección de su Amazonas Verde y de su Amazonas Azul (reservas de petróleo y gas natural).
En este contexto, nuestras políticas públicas deberán buscar un balance adecuado entre el logro de las mejores condiciones posibles en términos de negociaciones internacionales y el fomento de una agroindustria que, como motor de crecimiento de nuestros países, se constituya en la base de un modelo de desarrollo con justicia social y cuidado responsable del medio ambiente.
Otro aspecto a tener en cuenta en este camino de fortalecimiento de nuestra soberanía, será el de compatibilizar los marcos normativos de prospección, extracción y procesamiento de los recursos naturales que se definan al interior de los Estados Naciones, con las negociaciones que se establezcan entre estos mismos Estados y las empresas transnacionales, responsables de más del 70% de las inversiones mundiales.
Brasilia remite finalmente a nuestro segundo socio comercial, a la voluntad integradora de nuestro país en el contexto latinoamericano y a un más que probable acuerdo histórico con la Unión Europea.
En materia productiva los avances en la profundización de nuestra integración en la región nos permitirán dar un salto de calidad en la inserción internacional de nuestras cadenas de valor, basado en el uso intensivo de empleo de calidad y en nuevos desarrollos tecnológicos. Y del aumento en los niveles de comercio intra-industrial dependerá en gran medida la superación de una inserción internacional basada exclusivamente en la exportación de productos primarios.
Aún queda mucho por avanzar en este terreno. A modo de ejemplo, mientras que Japón, Tailandia, Malasia y China presentaban en el 2000 una participación de comercio intra-industrial en el total de su comercio regional superior al 65%, en el comercio entre Uruguay y los países del Mercosur esta cifra es aún hoy inferior al 25%.
Por otra parte, un intercambio comercial más diversificado fomentaría a su vez mayores encadenamientos hacia el resto de la economía, garantizando una mejor distribución de la renta generada en nuestros complejos productivos y un avance en el número de procesos de investigación e innovación nacionales que permitan desarrollar bienes y servicios que encuentren en los mercados regionales la escala necesaria para volverse comercialmente rentables.
En definitiva, “Brasilia–Pekín–Washington” como agenda orientadora de nuestra política exterior en materia financiera, comercial y productiva, sintetiza también la necesidad de preservar un justo equilibrio entre los tres aspectos que la misma define. El relacionamiento político e institucional que surja del estrecho vínculo con estos tres centros de poder (y con sus respectivas zonas de influencia), trascenderá en el tiempo la esfera de lo estrictamente económico, provocando transformaciones irreversibles en la cultura, voluntad y capacidades técnicas del actor protagónico de este proceso de cambio: nuestra gente.
Por: Sebastián Torres
