No hay posibles acuerdos porque partimos de concepciones ideológicas muy diferentes.
La profundización del modelo neoliberal, impuesto a sangre y fuego en nuestras sociedades latinoamericanas en la década de los 60 por las dictaduras, simbolizadas por el plan Cóndor, se dio fuertemente en los años 90, donde en pleno gobierno Blanco el crecimiento económico no tuvo un correlato en el bienestar social de la población y mucho menos en la redistribución de los ingresos.
El punto culminante, cuando se hizo evidente el agotamiento de la política socio económica de concentración de los bienes productos de la economía generó como resultado inevitable el aumento explosivo de la pobreza y la desocupación en Uruguay, fueron los años 2002 y 2003.
La fuerza política Frente Amplio presentó en esa oportunidad al gobierno Colorado una serie de acciones a tener en cuenta para amortiguar ese deterioro social y económico que además echaría por tierra valores muy importantes para los uruguayos como la solidaridad, el empuje, el deseo de superar sus dificultades y por cierto disminuiría la esperanza en un futuro mejor. Por la miopía política de ese gobierno, esas recomendaciones cayeron en saco roto.
El pueblo Uruguayo tuvo que esperar hasta 2005 para que se renovara la esperanza de cambio con la llegada al gobierno del Frente Amplio. Recibimos un país con el 40% de la población en situación de pobreza. Por medio de políticas alejadas del concepto neoliberal logramos reducirlo casi al 12% al día de hoy. La cantidad de personas que no se podían llevar un plato de comida a la boca eran el 4.5% de los uruguayos, hoy son apenas el 0.4%. Pero si hablamos de niñez y adolescencia estos números aumentaban mucho más, por eso el énfasis fue enfrentar la pobreza infantil y la indigencia con una serie de políticas y programas.
Se crea así la Tarjeta Uruguay Social que permite por medio de una transferencia de $900 promedio por hogar, acercar a esta población a los alimentos comprados en comercios solidarios ceca de sus casas, en sus barrios. Logrando así que TODOS pudieran acceder a por lo menos un plato de comida por día. Hoy se incorporara una tercera generación de programas en el marco de la Reforma Social que tienen como PRIORIDAD, la infancia y adolescencia de este país, el abordaje familiar como metodología de trabajo integral e interinstitucional y el acceso a los servicios de toda la población, o sea que su acceso no dependa de su capacidad de pago (universal).
Así Uruguay Crece Contigo, programa ubicado en la Presidencia de la República, busca con un equipo de bienvenida recibir desde el vientre de la madre a los uruguayos que nacen en nuestro país y que tanta falta nos hacen.
Cercanías es un programa que busca el abordaje a la familia como un todo integrado, por tanto la herramienta de trabajo debe basarse en la articulación de servicios con calidad e integralidad.
El Plan 7 zonas acerca a las personas con sus vecinos y con los servicios que presta el Estado para el ejercicio de Derechos, mediante movidas que combinan lo informativo y formativo con lo recreativo cultural, además de infraestructura para la convivencia.
De esta forma, mientras unos asocian infancia y adolescencia pobre o excluida con delincuencia y proponen mayor represión e intentan bajar la edad por la que pueden ir PRESOS los gurises a cárceles de adultos, la izquierda viene trabajando con éxito en dos niveles: favorecer la transferencia de dinero dedicada a la compra de alimentos y al mismo tiempo permitir el avance de un sistema universal de ejercicio de derechos que permita elevar la calidad de vida de las personas buscando la integración social y la transformación cultural de un modelo excluyente de las mayorías.
«La experiencia internacional ha demostrado que las rebajas de edad de imputabilidad, así como el aumento de las penas, no resultan herramientas idóneas para disminuir la violencia en la sociedad», esta frase la encontramos en la mayoría de los estudios, serios, relativos al tema.
Hasta UNICEF plantea en un comunicado que «Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos se constituirá en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional». Los adolescentes en Uruguay no son impunes, cosa que los medios de la derecha se empeñan falsamente en demostrar, puesto que aquellos que tienen entre 13 y 18 años están en la órbita del sistema de responsabilidad penal adolescente.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado uruguayo en 1990, considera como niño a todo menor de 18 años y establece una serie de medidas para el tratamiento de los niños que hayan infringido las leyes penales.
Si Uruguay aprobara una reforma constitucional como la propuesta comprometería su responsabilidad internacional y debería denunciar el tratado, esto es, manifestar su voluntad de dejar de ser parte del mismo. Ello tendría consecuencias políticas importantes en materia de la posición de Uruguay en relación a la comunidad internacional, lugar importante alcanzado en este período de gobierno.
Hay que dimensionar el problema en sus justos términos. La única solución al problema de la violencia es apuntar a la «reconstrucción del entramado social» porque bajando la edad de imputabilidad se revictimiza a los adolescentes. Por lo general se asocia adolescencia, pobreza y delincuencia cuando en realidad es la desigualdad lo que genera mayor violencia y no la pobreza, la infancia ni las adicciones. Nosotros apostamos al desarrollo de políticas sociales para construir o provocar cambios culturales. Si no nos integramos todos como sociedad va a ser difícil que encontremos una respuesta sólida y eficiente y que sea sostenible en el tiempo. Creemos que la sociedad en general tiene en sus manos la posibilidad de hacerse cargo de estos problemas.
Mientras el Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional nos plantean que los adolescentes de 16 años deben ser juzgados como mayores y encarcelados en cárceles de mayores, nosotros, convencidos por la experiencia, trabajamos para que TODOS LOS DERECHOS SEAN PARA TODAS LAS PERSONAS, por medio de planes y programas que buscan la capacitación, la comprensión social y dándole herramientas a los niños y adolescentes para que puedan enfrentar con mayor posibilidad de éxito las dificultades que les plantea un sistema que aún debemos seguir cambiando, entre todos y para todos.
Por: Lauro Meléndez
