El proyecto de rebaja de la edad de imputabilidad es una iniciativa profundamente negativa para nuestra sociedad, ya que procura resolver un problema socialmente complejo con una respuesta simplista. Más pena a la menor edad posible. Parte de la ilusión de que un castigo mayor tendrá un efecto disuasorio de la conducta delictiva por el miedo a ser castigado. Y en caso de que la prevención no funcione, mediante la cárcel sacar de circulación a los adolescentes por el mayor tiempo posible.
En más de una década trabajando con adolescentes infractores, no conocí a ninguno que antes de cometer el delito evaluara la posibilidad de ser capturado por la policía. Todos suponen que no serán detenidos. Por tanto, el incremento de las penas y la rebaja de la edad no son variables que formen parte de un cálculo racional de costo/beneficio. La prevención general negativa fundada en la intimidación es una falsa ilusión que no funciona.
Se trata de una propuesta ineficaz y peligrosa, ya que supone que es posible resolver complejos conflictos sociales acudiendo al castigo, a la violencia institucionalizada y al aislamiento social de los adolescentes responsables de infracciones. ¿O acaso podemos creer que el encierro es un medio eficaz que habilitará la integración social?
La adhesión a la perspectiva punitivista encubre e invisibiliza otros problemas cuando intenta engañar maximizando la participación de los adolescentes en la violencia delictiva, hecho que es absolutamente falso, ya que el delito protagonizado por adolescentes significa menos del 10% del total de los delitos.
Lo perverso de la iniciativa es señalar un enemigo común, y uno débil por cierto, que no tiene capacidad de lobby parlamentario, que no puede pagar minutos en TV, ni puede expresar una opinión en la escena pública… así se construye un chivo expiatorio para los males de la inseguridad y se erigen los falsos defensores de la seguridad.
En síntesis, estamos ante una estrategia de caza de los adolescentes, que evoca las actividades de la inquisición en el Renacimiento expresado en el Martillo de las Brujas (Malleus Maleficarum), el antecedente más cercano a la construcción del derecho penal como herramienta de gobierno de las poblaciones. Las tecnologías puestas en juego son menos espectaculares, ya no se acude a la hoguera como instrumento de supresión del Otro. Ahora la estrategia es más civilizada, menos pública, ya que el sufrimiento se produce detrás de perimetrales, muros, celdas… el escenario no es la plaza pública, sino un espacio más discreto, para evitar ofender la sensibilidad de ciudadano.
Las críticas a esta iniciativa de reforma constitucional apuntan a lo primitivo y burdo de sus estrategias. Se apuesta por una ecuación simple y falaz: más represión, más cárcel para los adolescentes, por lo tanto: más seguridad. ¿Acaso no sabemos que las cárceles son máquinas de reproducción de violencia e inseguridad? ¿Qué nos falta para darnos cuenta? Y no se trata de impunidad, de eso los uruguayos sabemos bastante, sino de instalar procesos de responsabilización por el delito que no siempre impliquen la privación de libertad. En los últimos 12 años la privación de libertad de adolescentes se triplicó. Sin que por ello haya menguado la percepción de inseguridad.
Un costado para analizar este tema refiere a las relaciones intergeneracionales, y allí los adultos estamos en deuda con los más jóvenes, ya que no hemos cambiado las formas de relacionamiento. Si bien la pobreza se ha reducido en niveles importantísimos, los más pobres siguen siendo las nuevas generaciones, y sobre ellos cargamos el incremento de las medidas represivas. Y aquí la doble irresponsabilidad, no pudimos distribuir mayor bienestar social con las nuevas generaciones, y no sabemos tramitar los conflictos sociales emergentes de una infracción penal sin acudir a la privación de libertad.
¿Qué mundo estamos legando a los más jóvenes si infringimos pobreza y castigo sobre sus cuerpos?
Sin embargo, de todas estas cuestiones negativas debemos extraer alguna enseñanza. Es necesario construir una agenda para modificar las relaciones intergeneracionales, y que en el tema que nos ocupa, los adolescentes que transgreden las normas penales, aborde los siguientes puntos:
- Profesionalizar y ampliar la aplicación de las sanciones no privativas de libertad, existen desde hace más de 15 años pero debemos mejorar su propuesta robusteciendo la oferta socioeducativa.
- Comenzar a ensayar formas alternativas de resolución de los conflictos, la mediación víctima/ofensor es un recurso fundamental para tramitar el conflicto y dar participación a las víctimas.
- Consolidar una propuesta programática orientada al egreso de los adolescentes privados de libertad, fortaleciendo el acceso a la educación y el trabajo. Incluso debemos ensayar programas de formación y acreditación de ciclos en proyectos de inclusión laboral.
- Mejorar la gestión de los programas, instalando sistemas de información, planificación y registro que otorgue transparencia a los procesos de los adolescentes sancionados penalmente.
- Universalizar el acceso a la educación primaria y secundaria a todos los adolescentes que cumplen sanciones penales.
Por: Diego Silva Balerio. Educador Social.
