En el sitio de Marina kue, Curuguaty, se perpetró la masacre de 11 campesinos y 6 policías el 15 de junio del 2012. Una semana después se materializó el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo. Fue el intento n° 24 de golpe de Estado contra un gobierno ligeramente reformista que, sin embargo, se había transformado en una preocupación creciente para el poder hegemónico del Paraguay, el agro negocio y el latifundio.
Ahora, los 58 días de huelga de hambre de 5 campesinos presos por la masacre de Curuguaty –como “chivos expiatorios”, verdaderos presos políticos– le pusieron a Cartes en una situación incómoda. Se intensificaron los pronunciamientos, visitas y presiones internacionales exigiendo imparcialidad y respeto a los derechos humanos, como no ocurría desde el fin de la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El Comité de DDHH de las NNUU, el juez Garzón, Piedad Córdoba, el diputado estadual brasileño Raúl Carrión del PCdoB, el Frente Amplio del Uruguay, 13 eurodiputados de izquierda y una larga lista de personalidades e instituciones se pronunciaron abiertamente por el fin de la injusta e inhumana prisión “preventiva”, aunque sin derecho real a la defensa, en un juicio amañado que supone su culpabilidad.
Finalmente, el sábado 12 de abril, a las 22:30 hs, el juez decretó su libertad, remitiendo por correo electrónico (desde Saltos del Guairá, a 420 km de Asunción) su resolución, para darle más celeridad y revocando su anterior resolución de tan sólo 3 días atrás. ¿Por qué se retractó y se apuró la no muy independiente “justicia” paraguaya? Porque la presión internacional y nacional –la influyente iglesia católica se estaba comenzando a movilizar y se acercaba la semana santa– se hacía ya insostenible.
El latifundio y la agroexportación –quienes son los que manejan realmente a la “justicia” paraguaya– no iban, sin embargo, a admitir una derrota tan fácilmente, aún cuando se trataba tan sólo de la prisión preventiva del proceso, el que continúa en su fase principal, previéndose en junio el juicio oral sobre la culpabilidad o no de los encausados. Así, el martes santo, 15 de abril, cuando los liberados recién salían del Hospital Militar, donde estaban hospitalizados por la gravedad de su huelga de hambre, y se dirigían a sus casas, desempolvaron un viejo proceso –totalmente prescrito– del año 2008 (las causas caducan a los 3 años, si no hay sentencia) contra Rubén Villalba, el líder campesino de Curuguaty y, con una rapidez digna de mejor causa, ordenaron su detención, antes que pise su casa. De eso se trataba: de un castigo ejemplar, inhumano, como se hacía durante la dictadura con los rebeldes. Así, el “honor” de los agroexportadores y latifundistas quedó salvado, a su criterio. Un campesino no les iba a ganar en su propio terreno, el de la “justicia”.
Con esta maniobra para evitar la libertad del líder de Curuguaty, Rubén Villalba, que hoy está nuevamente preso en la cárcel pública de Tacumbú, los latifundistas y agroexportadores hundieron aún más la credibilidad de su abogada predilecta, la “justicia”, a la cual le obligaron a quitar una resolución nada menos que de un caso prescrito y, además, ordenando prisión en cárcel pública para un caso de infinita menor importancia (ocupación de tierra sin fallecidos) que la masacre de Curuguaty (17 muertos), para peor luego que el juez haya dictado la libertad (y prisión domiciliaria) de los encausados en este último caso.
¿Tiene algo que ver Cartes con todo esto? Mucho, pues los latifundistas y agroexportadores son sus principales aliados, son él mismo en verdad, también latifundista. Además, en Paraguay bien se sabe que la “justicia” sigue las órdenes del Presidente de la República, al menos si es conservador y tiene el dinero y los amigos que Cartes tiene. Si Cartes hubiera querido un juicio justo para los campesinos de Curuguaty, hace rato habrían estado todos libres de culpa y pena. Una simple sugerencia suya, para que no se admitan las presiones de los latifundistas, habría bastado. En Paraguay no hay independencia de poderes y menos de la “justicia”. Cuando una delegación de DDHH le visitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), justamente sobre el caso Curuguaty, hace unos meses, el Presidente de la CSJ lo dijo sin ningún complejo de culpa y como queriendo ser amable: “nosotros seguimos las instrucciones del Presidente de la República (Cartes)”.
Como en el Paraguay es el latifundio –luego de la genocida Guerra de la Triple Alianza– el que gobierna el país y maneja discrecionalmente a la “justicia”, son los latifundistas los que violan gravemente los derechos humanos de los campesinos. Éstos reclaman unas 8 millones de hectáreas robadas al Estado por los latifundistas hasta hace unos años (Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, Asunción, 2008).
Más de 130 líderes campesinos han sido asesinados en los últimos 25 años y no existe ni un sólo latifundista investigado ni procesado, aunque la lógica indica de que son éstos los sospechosos. En cambio, hay miles de campesinos imputados porque se oponen a las fumigaciones de los latifundistas sobre familias campesinas, lo que es en realidad un delito. La “justicia” persigue a quienes se oponen a un delito (la fumigación aérea de personas). Y no son uno o dos los procesados, sino miles de campesinos. Luchar por los derechos humanos es un delito hoy en el Paraguay autoritario y neoliberal de Cartes.
¿Qué pasará? Cartes, los latifundistas y los agroexportadores ganan por la fuerza, pero están perdiendo la “batalla de las ideas”. No sólo la opinión pública se está volcando a favor de los campesinos procesados por la masacre de Curuguaty, sino que está exigiendo más impuestos a la soja y al latifundio. Es cierto, los latifundistas y agro exportadores son todavía mayoría en el Congreso, manejan a discreción la “justicia”, Cartes es su firme aliado y la prensa empresarial es su principal vocera. Pero, como en los últimos años de la dictadura stronista, ya no tienen el consenso societal que tenían hace tan sólo unos meses atrás, cuando asumió Cartes.
La lucha social está en ascenso. El 26 de marzo se realizó una huelga general con un alto acatamiento que paralizó al país, con participación masiva del movimiento campesino. Entre otros reclamos, se pedía la libertad de los 5 presos. Por el caso Curuguaty hay movilizaciones casi todos los días. La injusticia contra el campesino caló hondo y preanuncia el cambio que desea la mayoría del pueblo paraguayo. Cambio que más temprano que tarde va a acontecer.
Por: Ricardo Canese. Parlamentario del Mercosur. Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasu.
