Han pasado dos meses de la masacre de Iguala, México, en la que la policía municipal disparó contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, dejando un saldo de 6 personas muertas, 25 heridos, entre ellos uno con muerte cerebral, y 43 detenidos-desaparecidos. Hasta el momento no sólo se desconoce el paradero de los estudiantes sino que el caso se mantiene en la impunidad y se generaliza la represión estatal contra quienes exigen su presentación con vida.
Han sido detenidas 75 personas, entre policías, funcionarios y presuntos integrantes del grupo paramilitar Guerreros Unidos. José Luis Abarca, alcalde de Iguala se encuentra en prisión, mientras su esposa permanece bajo arraigo domiciliario; se anunció también la captura del secretario de seguridad pública de Cocula, César Ramírez Nava. Pero nada de esto soluciona al problema. En principio, porque siguen sin aparecer los estudiantes pero también porque de este modo se busca deslindar la responsabilidad del Estado, definiéndolo como un asunto local en el que solamente estaría involucrado el crimen organizado y algunos funcionarios corruptos.
Así, el pasado 7 de noviembre el Procurador1Fiscal General de la República, Jesús Murillo Karam fue protagonista de un show mediático en el que se dio a conocer supuestos avances en las investigaciones. El objetivo era dar carpetazo al caso, convencer a la opinión pública de que los jóvenes están muertos y acallar las protestas, pero fue tan burdo el montaje que se cae a pedazos.
Para empezar, las evidencias en las que se sustenta esta hipótesis son tres declaraciones realizadas por presuntos integrantes de Guerreros Unidos en las que relatan cómo habrían acabado con la vida de los 43 jóvenes, quemado sus cuerpos, y fracturado a golpes los pedazos más grandes, hasta lograr que sus restos no pudieran ser identificados. Los detenidos afirman haber tirado las cenizas al río, salvo una parte que fue colocada en bolsas grandes de basura. Extraño caso de miembros del crimen organizado que se preocupan de borrar toda evidencia del asesinato de adversarios (porque según el reporte de la PGR, los estudiantes fueron confundidos como integrantes del cártel “Los Rojos”); se trataría de la primera ocasión en que esto ocurre, pues normalmente los cadáveres de enemigos son exhibidos como escarmiento y muestra de poder.
Para llevar a cabo la incineración de los cadáveres, dijeron haber mantenido una gran hoguera a cielo abierto durante toda la noche del 26 de septiembre y hasta las 14:00 hrs. del 27. Más allá de la duda que se genera en torno a si es o no posible reducir a cenizas 43 cuerpos en ese tiempo (los especialistas no terminan de ponerse de acuerdo), surgieron reportes climatológicos en los que se señala que esa noche llovió torrencialmente en la región.
Estas declaraciones parecen estar hechas a medida. Qué oportuno resulta para cerrar el caso el hecho de que haya quien asuma la responsabilidad total de lo ocurrido, qué oportuno poder declararlos muertos, que oportuno no tener manera de comprobarlo… Pero, ¡quién les dijo que les vamos a creer! ¡Quién les dijo que confiamos en un sistema de justicia especialista en fabricación de culpables! No sólo no nos bastan tres declaraciones de presuntos delincuentes, sino que tenemos razones de sobra para sospechar que, incluso estas autoinculpaciones, pudieron haber sido obtenidas bajo tortura. Para certificar una muerte se precisa el cuerpo del delito, justo lo que la PGR nos pide que obviemos.
Tan endeble es esta explicación en materia jurídica, que para fines de la investigación los jóvenes seguirán siendo considerados como desaparecidos. Entonces el caso no está resuelto, se trata sólo de una hipótesis que se utilizó mediáticamente como verdad y solución. No olvidemos que, a partir de entonces, surgieron numerosas expresiones de condolencias hacia las familias de las víctimas, el pueblo mexicano ¡e incluso el gobierno! El papa y varios gobiernos latinoamericanos se pronunciaron al respecto… O sea, que si los estudiantes fueron asesinados por el crimen organizado se conduelen, pero si son víctimas de desaparición forzada, no. Gracias, pero sus declaraciones no nos sirven porque sólo legitiman la versión oficial que pretende deslindar al gobierno de responsabilidades y, más aún, refuerzan el discurso de la necesidad de una “guerra contra el narco”, que en los hechos ha sido una guerra contra el pueblo que ha dejado 150 mil muertos y 30 mil desaparecidos.
Fue el Estado
Hasta ahora la única línea de investigación considera el asesinato de los 43 normalistas por el crimen organizado. Todos los esfuerzos que se han hecho desde el Estado han sido encaminados a encontrarlos muertos, desde el principio se han dado a la tarea de buscarlos en fosas clandestinas. Esto no es casual. Insistimos en que el gobierno quiere reducir el problema a un asunto del narco.
Pero estamos ante un caso de desaparición forzada. Los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal y llevados en patrullas; igualmente son responsables, por acción u omisión, la policía federal y el ejército, quienes se encontraban en el lugar y aparentemente no actuaron. Murillo Karam, en conferencia de prensa, se atreve a decir que fue mejor que no actuaran porque si lo hubieran hecho el problema se hubiera agravado. ¿Reconoce entonces que los militares operan al margen de la ley y que son responsables de violaciones a Derechos Humanos en México?
Eso de que no actuaron es relativo. Omar García, estudiante que sobrevivió a la masacre y ha dado testimonio de lo que ocurrió esa noche, señala que los militares se hicieron presentes en el hospital privado al que llevaron a compañeros heridos para impedir que les fuera dada asistencia médica y para amenazarlos. Nótese la advertencia que les hacen: “den sus nombres reales porque si no nunca los van a encontrar”.
Así es, quien practica la desaparición forzada es el Estado. Sí, fueron agentes de la fuerza pública quienes ejecutaron la detención, pero ellos no actúan por iniciativa propia, existe una cadena de mando que hay que seguir para encontrar a todos los responsables, pero esto no ha ocurrido, hasta el momento no hay ningún oficial investigado por estos hechos.
José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala comenzó siendo inquirido únicamente por el delito de homicidio en un caso antiguo; recién ahora se le dictó auto de formal prisión al implicarlo en la masacre de Iguala y como presunto responsable del delito de secuestro de los 43 estudiantes. Secuestro, sí, no se habla de desaparición forzada.
Las investigaciones tendrían que estar apuntando hacia militares y las búsquedas de los estudiantes podrían comenzar por los cuarteles y considerar centros clandestinos de detención, la experiencia dice que es a estos lugares a donde se lleva a los detenidos-desaparecidos para torturarlos. A los estudiantes no los mató el narco al confundirlos con un cártel rival, los desapareció el Estado al considerarlos subversivos.
La farsa de la guerra contra el narcotráfico
La supuesta guerra al narcotráfico declarada por el ex presidente mexicano Felipe Calderón, y continuada ahora por Enrique Peña Nieto, es en realidad una estrategia para adueñarse de los recursos naturales en perjuicio del pueblo mexicano. Detrás de los fantasmas de los cárteles se esconde el objetivo de desplazar poblaciones para apropiarse del territorio e imponer la más brutal explotación de la tierra.
Hay que considerar estos hechos en el marco de la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México, copia fiel del Plan Colombia, que, presentado como un programa de combate al narcotráfico, es un plan de contrainsurgencia. Con recursos económicos, logísticos, humanos, la CIA, la DEA, el FBI, el Pentágono, intervienen directamente en México imponiendo la política estadounidense de Seguridad Nacional.
Por supuesto que existe en México un conflicto derivado del narcotráfico, pero éste ha sido magnificado y potenciado en aras de la construcción de un enemigo interno que justifique la militarización del país y la represión. Tal como sucede en Colombia, también ha proliferado el paramilitarismo, así como grupos de limpieza social y escuadrones de la muerte. Para ello, ha sido de gran importancia la asesoría brindada en materia de “seguridad” por el gobierno colombiano, desde antes que el ex presidente Felipe Calderón tomara posesión del cargo, y continuada con Enrique Peña Nieto, a través de su asesor, el general Óscar Naranjo, responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos y vinculado al narcotráfico.
Esta guerra no sólo no ha combatido el narco, sino que podemos afirmar que, como el colombiano, el mexicano también es un narco-Estado. Algunos especialistas2Edgardo Buscaglia afirman que el 72% de los municipios del país están infiltrados por el narcotráfico; los cárteles han pasado de apoyar y financiar candidaturas a imponer a sus propios candidatos, en un país donde las elecciones pueden ser cualquier cosa menos un ejercicio de democracia.
Enrique Peña Nieto no escapa a esta realidad. Su campaña presidencial fue financiada con recursos provenientes del narcotráfico, El Chapo Guzmán y Caro Quintero aportaron mucho dinero que fue lavado a través de la empresa Monex para la compra de votos3Información dada a conocer por Phil Jordan ex director de la DEA en el Paso, Texas.. Asimismo, el Cártel de Sinaloa, el de Juárez, la organización de los Beltrán Leyva y Los Zetas hicieron uso de la fuerza y el terror para imponer al candidato creado por la televisora más grande del país.
Y la corrupción sigue. Recientemente se desató un escándalo en relación a la casa que poseen el presidente y su esposa, la ex actriz de telenovelas Angélica Rivera. Se trata de un inmueble valuado en 7 millones de dólares, cuyos papeles están a nombre del Grupo Higa, empresa, ¡oh casualidad!, ganadora de licitaciones para la construcción de obras públicas, desde que Peña fuera gobernador del estado de México. Hasta ahora, no han sido capaces de dar una explicación verosímil del modo en que obtuvieron los recursos para adquirir la llamada “casa blanca”.
Y la represión sigue. Al volver de su cuestionado viaje por China, Peña Nieto amenazó con hacer uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones… Y lo cumplió, la histórica marcha del 20 de noviembre en la capital mexicana, a la que acudieron cientos de miles de personas, fue brutalmente reprimida por la policía. Con la excusa de algunas acciones violentas aisladas, la agresión llegó a todxs lxs que se encontraban cerca; como consecuencia, hoy se encuentran presxs en penales de máxima seguridad 11 compañerxs, la mayoría estudiantes, acusadxs de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio, bajo procesos plagados de irregularidades, en los que incluso se les ha negado el derecho a la defensa. Peña felicitó a la policía. Éste tampoco es un caso aislado, a lo largo y ancho del país se ha reprimido a quienes exigen la presentación con vida de los normalistas, se ha generado una campaña de amenazas y terror para intentar acallar las protestas.
Qué sigue
Así como en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa son responsables los tres niveles de gobierno, en la corrupción, el narcotráfico y la represión, están involucrados, al menos, los tres principales partidos políticos, incluido el PRD que se ostenta como de izquierda. Es por eso que legítimamente el pueblo mexicano dice #YaMeCansé, #FueraEPN, #QueSeVayanTodos.
Desde la izquierda electorera se busca la renuncia de Enrique Peña Nieto antes del 1 de diciembre, el motivo es que, según indica la Constitución Mexicana, si la ausencia de presidente ocurre en los dos primeros años de gobierno debe llamarse a elecciones anticipadas; en caso contrario, el Congreso tiene que designar un presidente sustituto para completar el periodo.
Pero insistimos en que no es sólo Peña Nieto y no es sólo el PRI. Ayotzinapa evidenció la crisis del régimen, un régimen corrupto, descompuesto, corroído por el narcotráfico, responsable de la enorme desigualdad social, de la imparable ola de violencia, de la impunidad, de las reformas neoliberales que rematan la patria al capital extranjero, de la entrega de la soberanía a los intereses del imperio, de los crímenes de lesa humanidad. El pueblo mexicano ya no cree en la clase política ni en las instituciones, no le bastará con nuevas elecciones, se está generando la necesidad de construir un nuevo México desde abajo, mediante múltiples y variadas formas de resistencia.
Ayotzinapa es sin duda un gran ¡YA BASTA! Las movilizaciones que se han dado en todo el país no tienen precedente; sectores que tradicionalmente se mantienen al margen de la protesta social se han sumado de múltiples maneras. Ayotzinapa viene rearticulando el movimiento estudiantil a escala nacional y generando la posibilidad de consolidar esfuerzos de unidad entre los movimientos populares.
Las protestas no han parado, sino que se han multiplicado. Desde el 8 de octubre en que se llamó a la primera acción global por Ayotzinapa no ha pasado un solo día en que no haya manifestaciones en México y el mundo exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes. Desde Reykjiavik hasta Sydney, de Vancouver a Nueva Delhi, de Santiago a Palestina, miles y miles se han sumado a la exigencia de justicia. En Montevideo, el pasado 17 de noviembre, unas 4 mil 500 personas marcharon hasta la embajada mexicana en la que ha sido quizá la más grande manifestación fuera de México. También en Maldonado y Paysandú hubo acciones. El 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, se realizaron cerca de 300 movilizaciones en México y el mundo, Uruguay nuevamente dijo presente.
Además de las marchas, en México se ha realizado acciones de desobediencia civil, varios paros de labores, una caminata llamada 43×43, en la que integrantes de 43 organizaciones marcharon a lo largo de 43 kilómetros, 3 caravanas informativas de los familiares, toma de aeropuertos, incendios en palacios de gobierno y sedes del PRI y del PRD, toma de congresos locales, quema de vehículos, bloqueos de carreteras, liberación de casetas de cobro en autopistas y un largo etcétera de actividades creativas. Somos muchxs quienes quisiéramos que la transformación que precisa México suceda de manera pacífica, pero de igual modo la sangre hace rato que está corriendo y el pueblo está enojado y dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
Por: Amelia Sanjurjo
