La aprobación el día miércoles 22 de octubre de una Ley que presumiblemente está dirigida a defender o “proteger” a los operadores de justicia, provocó una serie de reacciones diversas, primero porque la votación se hizo a puerta cerrada, lejos de los medios, y por el revuelo que se hizo de la votación particular de los diputados del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, que lució difusa. El contenido de la ley, especialmente la creación de una figura que se llama “conspiración” apenas fue discutida, menos aún las raíces profundas de todas las políticas adoptadas por el régimen de Juan Orlando Hernández para instalar el gobierno que ha de destruir Honduras como Estado Nación, o su aspiración a serlo.
No nos cansamos de repetir las palabras de Milton Friedman, citadas por Naomi Klein en su libro “La Doctrina del Shock”: “…nuestra tarea es hacer que lo políticamente inviable se convierta en políticamente inevitable…”: nada más claro para explicar los fenómenos esas cosas extrañas que están sucediendo en Honduras donde cobra fuerza el llamado “resurgimiento conservador” potenciando la base militar de agresión norteamericana, y la eliminación, literalmente, de todo atisbo de oposición.
Para el miércoles 22 no había nada más irrelevante que la votación en el Congreso Nacional, la ley ya estaba decidida, ya se habían creado las condiciones favorables para ella en la opinión pública, y ya se había encontrado el detonante para la escalada represiva. El asesinato de las dos fiscales (digamos algo no tan extraño en un país con 20 asesinatos diarios, y más de 80 muertes violentas por cada cien mil habitantes), provocó un despliegue mediático formidable, pero no enfocando el lado humano de la tragedia, sino la “necesidad” de proteger a quienes operan la justicia en el país. El señor Juan Orlando Hernández, salió de inmediato a repetir su historia de que haría lo que tuviera que hacer para proteger a los operadores de justicia; la suerte estaba echada y la ley lista para ser aclamada aun sin ser conocida.
Todas estas estratagemas no son nuevas, las utilizaron en el Chile post Golpe en 1973 (No es coincidencia que en Honduras el precedente sea similar). Durante toda la administración de Hernández, incluyendo su gestión como Presidente del Congreso Nacional durante todo el periodo de Porfirio Lobos Sosa, se ha creado un Estado Militarizado con el creciente aislamiento de la llamada clase media, que gasta millones de dólares pagando a empresas privadas de seguridad, por instalar portones de acceso que más sirven para controlar a los vecinos que a detener a cualquier atacante. Con la nueva Ley, esos portones comenzaran recién a probar su mayor valor como cárceles. Estas empresas privadas de seguridad tienen, al menos, diez veces más hombres armados que las fuerzas militares y policíacas del país, y son gestionadas por ex oficiales de las Fuerzas Armadas, entrenados por supuesto, por el comando sur y la Escuela de las Américas.
La industria del miedo ha florecido rápidamente en Honduras después del Golpe de Estado de junio de 2009. La cantidad incontrolable de asesinatos ha llevado a la deshumanización de la sociedad que ahora pasa más pendiente de las cifras, pasamos de preguntar ¿Quién? y pasamos a preguntar ¿Cuántos? Ya la muerte no tiene rostros, aparece en gráficas, tablas y análisis de índices, en esa transición se omite la posición política, la religión, la preferencia sexual, la edad, todo. Para no desentonar, el gobierno, ahora fabrica sus propios resultados y compite ante la opinión pública con los datos de fuentes independientes, que pierden en un campo muy conveniente para la tristemente célebre “Doctrina de la Seguridad Nacional” que objetivamente no cambio nunca en ninguna parte de nuestro continente, y hoy es la mayor amenaza de todos los procesos progresistas de la región.
En este contexto, es fácil prever que la ejecución de crímenes abominables que conmocionen a la sociedad para que esta exija la aplicación rigurosa de la pena de muerte, y se muestre indiferente ante las ejecuciones extrajudiciales disfrazadas con una gama estilo Halloween, el menú es grande; venganzas personales, crimen organizado, revancha entre maras, ajuste cuentas, recomposición de los carteles, motivos sobran. No sería de sorprenderse, si un día aparece asesinado un funcionario de alto rango del régimen, para los cabecillas de todo este esquema, hay mucha gente que es “sacrificable”, especialmente en sus propias filas, porque al pueblo lo aniquilan como misión.
Este año ya habían anunciado con sus acciones su modus operandi, iniciaron una cacería de brujas, destapando un escandaloso caso de robo al estado, por más de 300 millones de dólares. Dijeron que tenían 320 o más implicados, de los cuales tenían indicios racionales de culpabilidad. Publicidad a la cruzada anticorrupción, Porfirio Lobo Sosa confesó conocer el desfalco, pero argumento que no lo reveló para evitar que eso afectara el resultado de las elecciones. Han hecho un show sin fin, pero Lobo Sosa no fue llamado nunca declarar, menos aún se instruyó una causa por abuso de poder y obstrucción a la justicia.
Pero todo este show tiene como fin otra cosa; darla al régimen de Juan Orlando Hernández la categoría de cruzado contra la corrupción y el verdugo de los corruptos. Esto simplemente porque en paralelo han ido manipulando cientos, si acaso miles, de casos la mayoría absurdos, contra el presidente José Manuel Zelaya y sus exministros, especialmente por su participación en el proceso de consulta popular, llamada cuarta urna, misma que fue abortada por los militares el 28 de junio de 2009. No olvidar que Juan Orlando Hernández era miembro del Congreso Nacional que instrumentalizó el Golpe de Estado y voto a favor del mismo cuantas veces fue necesario. Lo políticamente inviable haciéndose políticamente inevitable.
Hoy la telaraña va completándose: la amenaza de convertir la cuarta urna en un acto delictivo implica, convertir a sus actores en delincuentes comunes cuando son perseguidos políticos. La nueva ley contra la conspiración va dirigida a quienes no figuraron como dirigentes en aquella consulta popular, se argumentara la protección a los fiscales y la impunidad seguirá aumentando. El cuadro, tan simple como suena es realmente el esquema que resulto del Golpe Militar contra Zelaya; la misma Corte de Suprema de Justicia de aquel entonces sigue en funciones. Se cambiaron magistrados de la sala constitucional para reemplazarlos por incondicionales Juan Orlando Hernández, y se nombraron ilegalmente al Fiscal y al Fiscal Adjunto.
Vale señalar que el único índice que no publicitan en Honduras es justamente el índice de impunidad que anda por el 90%, esto significa que 9 de cada diez casos no son judicializados nunca, la cantidad de condenas es aún mucho menor. En pocas palabras, es bastante fácil cometer crímenes en un país donde la probabilidad de que nunca sea castigado el criminal es casi absoluta.
Con una economía postrada, totalmente desastrosa, la administración de Juan Orlando Hernández se ha dedicado en cuerpo y alma a resaltar supuestos éxitos en el campo represivo, esto solo es posible si existen altos niveles de violencia e inseguridad. Así lo más lógico para políticos y pensadores es preguntarse, ¿Quién o quienes se benefician más con el miedo generalizado?
Se puede escribir mucho sobre estos asuntos, lo más importante por ahora es que Latinoamérica se dé cuenta donde esta uno de los focos más importantes del “resurgimiento conservador”, y que lo aquí pasa no es ni casual, ni está aislado, es una amenaza para toda la región, no hay nada que se parezca más a Álvaro Uribe Vélez que Juan Orlando Hernández, ni un escenario tan parecido a la Colombia de 2001, como la Honduras de 2014.
Publicado el 28 octubre 2014, en Telesurtv.net
Por: Ricardo Arturo Salgado
