La educación es un derecho humano fundamental e inalienable, regido por principios como la igualdad, laicidad y obligatoriedad; con el objetivo de formar ciudadanos críticos y comprometidos con su tiempo, libres, autónomos y con un fuerte sentido de la justicia. La educación, sobretodo, debe ser entendida como un bien público que no debiera ser mercantilizado, dada la trascendencia que tiene en la trayectoria vital de las personas y en el desarrollo de una nación.
Por ello es estratégico que el Estado brinde la mejor educación posible a sus ciudadanos, no solo para «igualar oportunidades» (una falacia repetida y cosa que nunca ocurre en el sistema capitalista), digamos por una razón de justicia, sino también para acompañar el proceso de formación personal de cada uno de los alumnos y para fortalecer proyectos colectivos de desarrollo y el proyecto global de desarrollo nacional.
Hemos transitado casi una década de enormes transformaciones en materia educativa, y no es el objetivo de este artículo repasarlas, solo para jerarquizarlas debemos considerar el aumento en el presupuesto, las mejoras salariales y de infraestructura, una nueva ley de educación, así como nuevas instituciones educativas, un incipiente sistema de becas, el boleto estudiantil gratuito, la introducción de las TIC´s en las aulas, la reformulación de los programas de estudio de todos los niveles preuniversitarios de educación, la inclusión en los mismos de la educación sexual y de la enseñanza de la historia reciente. Ello ha permitido, fortaleciendo la educación pública y en un proceso para nada mecánico, avanzar en cobertura, reducir la brecha educativa entre los más pobres y los más ricos, el aumento de la matricula, la dignificación de la tarea docente y un creciente proceso de participación a través de los consejos instalados en cada centro, así como el avance de una serie de acciones, mecanismos, metodologías y herramientas que se han mostrado los suficientemente poderosos como para apostar a su universalización.
Sin embargo, más allá de las enormes fortalezas que tiene nuestro sistema educativo, resulta por lo menos necesario repensar estrategias para su transformación que nos permita reducir significativamente las desigualdades que en materia educativa subsisten en nuestra sociedad, entendiendo claro está, que la educación tiene un rol determinado que no puede (ni debe) sustituir el rol de la familia, así como tampoco debemos exigirle al sistema educativo que resuelva todos los problemas y contradicciones que nuestra sociedad enfrenta. Entendemos que la transformación es necesaria porque no concebimos que la realidad social sea estática, los desafíos que nos planteamos tienen que ver con las dificultades que hemos podido superar.
Para que ésta transformación sea posible, necesariamente debemos transitar por un proceso fuertemente participativo, que sustente los cambios profundos. Esos cambios deben darse en una serie de aspectos de diferente dimensión, pero apostando, todos juntos, a un mismo objetivo: una buena educación pública estatal para todos y todas a lo largo de toda la vida. En la educación no hay atajos, el espejismo del shock educativo es tan nocivo como una visión miope sobre sus complejidades y contradicciones.
Mencionaremos algunos desafíos de transformación que consideramos centrales, (algunos de ellos ya están en marcha o existen de forma incipiente), necesarios para un cambio profundo en las estructuras del sistema educativo y acorde con los objetivos de universalización educativa:
1) La creación de una Universidad de Educación (tristemente fracasado en este período) que permita jerarquizar la formación docente, llevar el conocimiento de las ciencias de la educación a un nivel realmente superior e integrar actividades de investigación y extensión.
2) El fortalecimiento de los Consejos de Participación de los centros de estudio, como una herramienta de vinculación del centro con su contexto comunitario, mejora de la convivencia y por lo tanto también de los aprendizajes.
3) El cumplimiento con lo dispuesto en la ley vigente en cuanto a la organización y realización del Congreso Nacional de Educación, como órgano deliberativo y consultivo que contribuya, con la abierta participación de la comunidad educativa, a la determinación de las políticas educativas.
4) La modificación de la carrera docente, estableciendo un sistema de pasaje de grado basado en la oposición y méritos, la permanencia en los centros de estudios y la promoción de la titulación, formación y especialización en funciones.
5) Promover la diversidad de ofertas educativas públicas que permitan a todos los estudiantes, a partir de sus saberes y tiempos particulares, avanzar en trayectos educativos realizables.
6) La actualización del currículo educativo, estableciendo marcos comunes y generales a todo el sistema garantizando la igualdad, pero permitiendo el desarrollo del perfil de cada centro educativo enmarcado en su territorio y comunidad educativa así como la posibilidad de asignaturas opcionales por parte de los estudiantes, logrando hacerlo más significativo y cercano a los estudiantes .
7) Tender hacia una educación media básica integral, rompiendo con la vieja concepción de educación técnica vs. educación propedéutica, generando una oferta de asignaturas teóricas y talleres en este nivel para todos los estudiantes (unido al punto anterior).
8) De cara a las nuevas realidades institucionales, el Sistema Nacional de Educación Pública debería (a nuestro humilde entender) establecer un Plan Estratégico de Educación elaborado con la más amplia participación social e institucional.
9) La ampliación de la cobertura en las edades iniciales debería reconocer las fortalezas del sistema de gestión pública por sobre la gestión privada (homogeneidad en las políticas, estabilidad y formación del cuerpo docente, centralización administrativa de escala, etc) , en este sentido consideramos que los jardines de infantes son una alternativa superior ante el sistema actual de CAIF, que si bien ha resuelto satisfactoriamente situaciones emergentes, no debería ser un modelo en el largo plazo.
10) La creación de herramientas jurídicas para que los centros de estudio de educación media superior puedan convenir la realización de prácticas educativas o laborales en instituciones públicas o privadas como parte de la actividad curricular en el marco de su proyecto educativo.
11) Establecer tareas comunitarias en la educación media por parte de los estudiantes como parte de la reforma curricular para la generación de una cultura del trabajo, co-responsabilidad y pertenencia a los centros de estudios.
12) Garantizar que todos los alumnos cursen sus estudios obligatorios con sus necesidades básicas totalmente satisfechas. A estos efectos las autoridades de la enseñanza convendrán con el MIDES, el INAU y demás entidades públicas pertinentes la distribución de sus respectivas funciones, logrando a breve plazo que la ANEP y los consejos desconcentrados queden liberados de obligaciones en el área asistencial de niños y adolescentes y se consagren en el mayor grado posible a asegurar una educación de elevada calidad para todos.
Buena parte de éstas propuestas se encuentran en el Programa de Gobierno del Frente Amplio, y otras representan el pensar de un colectivo que ha venido trabajando en pos de las mejoras y cambios que estamos convencidos necesita nuestra educación. Sólo quieren ser un aporte al debate que necesariamente nuestra sociedad tiene que encarar, una vez pasados los tiempos electorales.
Por: Tati Sabini y Pablo Caggiani
