Por: Daniel Olesker
En los 10 años de gobierno del Frente Amplio se puso en marcha un enfoque integral de articular crecimiento con distribución a partir de tres ejes:
- una política salarial que asegurara un aumento de la masa salarial en el ingreso nacional modificando la distribución primaria del ingreso
- un presupuesto nacional con aumento del gasto público en relación al PBI y del gasto social dentro del gasto público alineados a un conjunto de reformas estructurales de impacto sobre la distribución secundaria
- la construcción de una matriz de protección social que se sustentara en reformas estructurales que aseguraran universalidad e igualdad de acceso y al mismo tiempo políticas focalizadas de combate a la pobreza alineadas con dichos sistemas universales
Los datos del período en estas tres materias son una muestra de estos cambios.
Podemos resumir los impactos de estos 10 años en cambios relevantes en la matriz de protección social, en particular a partir de la conjunción de la Reforma de Salud, de la Reforma Laboral y los cambios en la dotación presupuestal priorizando las reformas estructurales de carácter universal, pero sin embargo desde la política económica, los cambios fueron escasamente significativos y por ende la base material del sistema y las relaciones de poder en el seno del proceso de producción se modificaron en mucha menor magnitud.
Los cambios tributarios mejoraron levemente los aspectos distributivos previos, pero su impacto es claramente insuficiente en el caso de la distribución del ingreso y casi inexistentes en la redistribución de la riqueza.
Al mismo tiempo que los procesos distributivos avanzaron en el marco de la mejora en los niveles de igualdad, tanto en la distribución primaria del ingreso (salarios/ganancia) como en la secundaria (gasto público y tributación), los cambios estructurales en el proceso de producción avanzaron con muchísima más lentitud. En particular el aumento del valor agregado de la producción tuvo escaso impacto (con una creciente primarización en las exportaciones) y los cambios en la propiedad de los medios de producción y de desconcentración de la propiedad tuvieron escaso impacto igualmente.
Ello es evidente que atentó contra los cambios en la distribución primaria y secundaria, pues no modificó de manera evidente la base material y por ende no contribuyó desde el proceso de producción (que es el determinante en última instancia del proceso económico) a los cambios en el proceso de distribución.
Es decir podemos afirmar que el cambio estructural del modelo de desarrollo implementado desde 2005 a 2004 tuvo dos velocidades en ritmo y profundidad. Un mayor ritmo y una mayor profundidad en las reformas sociales y laborales que lo acercaron a un modelo de igualdad y un ritmo muy pausado en la reforma económica y del proceso de producción que no transformaron la base material de la sociedad. Y sin duda esta contradicción de ritmo y profundidad, generó frenos al desarrollo social no sólo por la dotación de recursos, sino por la propia dialéctica entre el proceso de producción y de distribución en contextos de visiones globales distintas entre unos y otros sobre el modelo de desarrollo.
Si salimos de lo económico en estos 10 años hubo importantes avances de participación social en la gestión y control público, en especial del movimiento sindical y la sociedad organizada. Salud, educación, trabajo fueron tres ejes relevantes de ese germen de poder popular que intentamos construir.
Por todo lo anterior este es un entonces un momento crucial desde el punto de vista del modelo de desarrollo que el Frente Amplio debe encarar. En primer lugar porque el ritmo de crecimiento económico va a ser menor (aproximadamente este quinquenio la mitad que cadas uno de los dos anteriores) y por ende el esfuerzo distribución exige una mayor captación de excedentes por el Estado para ser redistribuido por la vía secundaria; exige también una mayor distribución salarial que va en desmedro de los volúmenes de ganancia; exige también y sobre todo cambios en la generación (no sólo en la distribución y apropiación del valor) del valor en el propio proceso de producción y referido a la concentración de la propiedad de los medios de producción.
Porque está claro que los avances a través de políticas redistributivas se encuentran limitadas por la propia base económica y allí entonces emergen las tareas del futuro.
En síntesis es necesario profundizar el proceso de apropiación de valor y redistribución secundaria por parte del Estado; es necesario ahondar en la redistribución primaria entre salarios y ganancias y finalmente es necesario iniciar el proceso de transformación de la base económica productiva en su integralidad.
Sin embargo, lejos de ir en ese camino de profundización de los dos aspectos distributivos en los que se generaron avances importantes entre 2005 y 2014 (reforma social y reforma laboral) los primeros 5 meses de gobierno muestran un claro cambio de la orientación distributiva y social y por ende no sólo no se aborda el salto cualitativo de la transformación productiva, sino se revierten o estancan parte de los cambios estructurales en la reforma social y distributiva.
Veamos solo dos ejemplos en ese sentido:
La pauta salarial va en sentido contrario del proceso actual. El cambio planteado en la lógica de los ajustes salariales supone una modificación radical respecto a los criterios anteriores siendo un paso trascendente hacia la desindexación y por ende a impactar sobre el proceso distributivo. Al mismo tiempo propone aumentos que generan una desvinculación significativa del salario con la riqueza y afecta el mercado interno como fuente de crecimiento. Por ende empeorará la distribución del ingreso entre clases; si tomamos el gráfico 1 podría llevar (por efecto de la pauta) el porcentaje de masa salarial sobre PBI a 31%.
En segundo lugar un presupuesto 2015 a 2109 que aunque no haya sido concretado es claro que no es posible financiar los compromisos programáticos sólo con los recursos fiscales actuales y su incremento al ritmo del PBI y por ende es necesario modificar la base tributaria y evaluar el uso de las reservas.
En ese sentido es necesario continuar con el aumento de los gastos sociales que impactan sobre la redistribución (salud, educación, vivienda, protección social) y combinarlo con una nueva reforma impositiva que tome en cuenta a la riqueza como un objetivo estratégico para la distribución y no sólo los altos ingresos.
Pero el cambio de orientación no sólo se expresa en la economía, por un lado es claro que existe un marcha atrás en los avances que en la conformación de poder popular reduciendo los ámbitos de participación social o no incluyéndola en los nuevos proyectos como el sistema de cuidados. Es decir el modelo social y laboral de distribución de los 10 años de gobierno del Frente Amplio está en debate. Y al mismo tiempo, y dados los límites que el propio modelo social tiene, no se visualizan propuestas que alteren el modelo productivo y que vayan a quebrar la lógica de la base material concentrada.
Muy por el contrario, y sólo a manera de resumen, la propuesta de Sistema Nacional de Competitividad (SNC) prioriza un sistema basado en la noción de competencia económica – bajo el sistema de economía de mercado – que trae implícita la hipótesis de la concurrencia de diversos oferentes en el mercado – quienes en una pugna por captar la preferencia de los consumidores – deben hacer prevalecer el sentido de eficiencia económica. Es consolidar el predominio del mercado y la inserción internacional dependiente, cuando el objetivo central de un proyecto integral para la izquierda es el desarrollo sustentado por una transformación productivas y de la distribución de la riqueza.
Por ende es necesario dar estos dos debates: el del Modelo de Desarrollo y el del conjunto de acciones desconcentradoras y redistributivas que son necesarias para dar el salto en calidad necesario hoy.
