Google y nosotros

Por: Rodrigo Barbano – Julio Battistoni

Preocupación

En los primeros días de junio se hizo pública una declaración de docentes, investigadores y profesionales dedicados a la educación y la tecnología, en la cual manifiestan su preocupación por un acuerdo que involucra al Plan Ceibal y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con Google como prestador de servicios de almacenamiento¹https://nogoogleappsedenuy.wordpress.com/. En ésta se plantea una serie de interrogantes como cuáles fueron las razones pedagógicas y tecnológicas que lo sustentan, los alcances del mismo y los resguardos respecto a la privacidad de los datos personales de alumnos y docentes de la educación pública uruguaya.

Además de estas interrogantes, completamente compartibles, ya que hacen a la soberanía, seguridad de los datos y a políticas públicas que tienen profundos impactos de largo plazo, es necesario plantear algunos otros elementos de análisis.

El largo camino de las políticas de soberanía tecnológica

En diciembre de 2013, Uruguay aprobó la ley de software libre y formatos abiertos en el Estado, cuya versión original se había presentado en el año 2006²https://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19179. Dicha norma está basada en principios como evitar la dependencia tecnológica respecto de grandes empresas en las áreas del Estado, la necesidad de generar competencias y conocimiento nacional respecto al desarrollo de software -lo cual es imposible con el uso de software privativo-, el fomento de la producción de tecnología y el resguardo de la soberanía para determinar las políticas públicas a seguir por los distintos organismos del estado.

El proyecto fue finalmente aprobado en el año 2013, luego de una trabajosa discusión parlamentaria, en la que no estuvieron ausentes la presión de las grandes empresas de software privativo y las dudas emitidas desde organismos del Estado como AGESIC y la misma dirección del Plan Ceibal, que planteó discrepancias en la implementación de una política pública que regulara la priorización del software libre a la hora de incorporar desarrollos informáticos al Estado³https://ladiaria.com.uy/articulo/2012/11/mas-libertad/.

Tomando en consideración la cardinal importancia de que en la educación se utilicen herramientas libres, que puedan ser analizadas por los estudiantes y que no generen dependencia a productos empresariales en la etapa de desarrollo de los estudiantes, el artículo 3 de la mencionada ley considera de interés general y llama a promover el uso del software libre en el sistema educativo.

Esta ley fue un enorme paso adelante para la soberanía tecnológica, para proteger la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. En 2014, el gobierno dio un nuevo paso con el Decreto 92/014 para proteger la seguridad de las comunicaciones, obligando a la Administración Central a alojar sus datos en territorio nacional, bajo jurisdicción uruguaya. Esto se añade a la enorme inversión pública realizada en los últimos años a través de ANTEL en el tendido de fibra óptica y la instalación de Data Centers en territorio nacional y el lanzamiento de Vera Box, una casilla de correo de gran capacidad y posibilidad de alojar datos en una nube ubicada en territorio nacional.

En suma, en los últimos años el Estado uruguayo ha dado señales claras de querer avanzar hacia una mayor soberanía en el ámbito de las comunicaciones digitales y hoy organismos de alto nivel técnico como ANTEL están en perfectas condiciones para entregar casillas de correo, alojamiento de datos y utilización de aplicaciones en territorio nacional, creados con trabajo nacional y fundamentalmente bajo jurisdicción nacional.

Si bien ANEP y Ceibal no forman parte de los organismos directamente obligados por la ley de software libre y por el decreto de ciberseguridad, el acuerdo que ambos organismos realizaron con Google se aleja del espíritu de las normas y de la dirección política trazada.

Acuerdo ANEP-Ceibal-Google: consecuencias de corto y de largo plazo

A corto plazo, se ponen en riesgo los datos de los estudiantes y docentes, al ponerlos en manos de una empresa como Google que por un lado, ha sido acusada y hallada culpable numerosas veces de violar la privacidad de sus usuarios y por otro, se ha comprobado que colabora activamente con el espionaje ilegal del gobierno de Estados Unidos. El acceso a los datos –alojados en territorio de EEUU- está sujeto, por ejemplo, a la Patriot Act, o sea, a la legislación de EEUU.

Asimismo, el uso mercantil de los datos personales (nuevo mercado extremadamente lucrativo de las grandes empresas de servicios en la nube y redes sociales) hace difícil compatibilizar los principios rectores que deben regir la educación pública con los servicios prestados por una multinacional. Los términos y condiciones de Google implican que la información de los perfiles de usuarios puede ser compartida con terceras empresas y otros tipos de usos de la información siempre que sea para “atender a los fines educativos”, concepto que no está desarrollado ni se aclara quién lo define.

Finalmente, el impulso en forma institucional del uso de un producto, incorporado desde las edades en que los alumnos forman los usos y costumbres a nivel tecnológico y social tienen graves implicancias de largo plazo a nivel de dependencia y fidelización a una marca.

Es parte de una visión derrotista creer que Uruguay no puede desarrollar aplicaciones educativas propias o adaptar aplicaciones de software libre para las necesidades educativas de la población. Un país que logró defender sus telecomunicaciones como ningún otro en América Latina y que -con el esfuerzo de todos sus ciudadanos- logró tener la mejor infraestructura de telefonía e Internet de la región. Un país pionero en la implementación de la política de una computadora por niño, iniciativa que demostró beneficios no solo a nivel educativo sino también a nivel de inclusión social. Un país que logró comprometer en el desarrollo nacional de aplicaciones educativas a una nutrida comunidad de desarrolladores locales; un país que hace muy pocos años decidió que sus ceibalitas no estuvieran atadas al software privativo de Microsoft, logrando enfrentar la dependencia tecnológica que la corporación extranjera buscaba imponer. Teniendo Uruguay todos estos logros extraordinarios, hoy nos dicen tácitamente que no es capaz de dar un servicio de nube propio y que no puede ofrecer aplicaciones educativas a sus docentes y estudiantes sin la tutela de Google.

El acuerdo preocupa especialmente porque Google está en pleno proceso de negociación con distintos gobiernos para brindar soluciones integrales a organismos estatales. Desde el servicio de correo electrónico y los documentos colaborativos, pasando por la tienda centralizada de aplicaciones educativas, hasta la entrega de las mismas máquinas, todos estos servicios forman parte del paquete que Google está decidido a imponer en distintos países del mundo. El riesgo claro es que el Plan Ceibal se convierta en un mero intermediario institucional de un servicio brindado 100% por Google. Así, da escalofríos que el Plan Ceibal, una de las políticas públicas educativas más importantes de nuestro país y ejemplo para América Latina, pueda llegar a estar dirigido por una multinacional.

Es necesaria una dirección política clara en el Plan Ceibal respecto a la soberanía tecnológica, que logre evitar las trampas del marketing corporativo y piense a largo plazo en el desarrollo educativo y tecnológico del país.

La falacia de “lo gratis”

Este convenio se presenta como gratuito para el Estado uruguayo, y como tal, exento de los mecanismos de control y fiscalización de compras y licitaciones públicas.

Aunque obviemos todas las interrogantes anteriores respecto al manejo de los datos de los usuarios que hará Google, aunque consideremos poco relevante la generación de dependencia y fidelización a una marca y un servicio a los estudiantes en edad escolar y liceal, y aunque minimicemos el costo que tiene la pérdida de capacidad de un Estado para generar sus propias políticas educativas, aun con esas hipótesis el convenio es altamente cuestionable por un tema puramente de costos económicos.

Es completamente falso que sea gratuito en términos puramente económicos. Hay dos escenarios posibles: o bien los datos de cientos de miles de estudiantes y docentes uruguayos pasan a estar alojados en territorio extranjero, lo que acarrea gastos de decenas de millones de dólares en consumo de conectividad internacional, o los datos se replican en territorio nacional con infraestructura estatal, en cuyo caso, el gasto millonario lo tiene que realizar el Estado.

Ante la segunda alternativa (que es la que se ha utilizado en convenios con empresas como Netflix, entre otras), cabe preguntarse: si una entidad estatal nacional presta la infraestructura de conectividad como los tendidos de fibra óptica y replica con alojamiento en territorio nacional los datos almacenados por Google, teniendo además la capacidad para entregar prestaciones de igual calidad, y la experiencia en gestionar servicios en nube para cientos de miles de uruguayos, ¿por qué se hace un convenio lesivo para la soberanía nacional, para nuestras políticas educativas y para la privacidad de nuestros ciudadanos?

La enseñanza y la tecnología de la información

Entendemos que es muy buena política de integración social, una computadora por estudiante, por niño. La tecnología debe ser una sólida plataforma, una herramienta donde desplegar la formación integral de nuestra población. Por lo tanto las computadoras deberán ser tratadas como eso, como una herramienta.

ANEP ya ha iniciado la formación de técnicos en la interfaz tecnología – pedagogía para sacarle el mayor provecho a las computadoras. La educación implica no sólo información, también formación en valores. Por lo tanto la actividad docente es altamente política, en el más amplio sentido de la palabra. Educamos para generar ciudadanos capaces de conducir y participar en la sociedad para el bien común.

Una concepción educativa no puede quedar en manos de una multinacional, aunque este acuerdo Google-Ceibal en principio no lo implica, estamos a un paso de que la oferta de plataformas educativas nos vengan del exterior. Esto también implica soberanía, porque… ¿para qué futuro educamos?

Bastante daño hacen las mutinacionales de los medios de comunicación, que en estos momentos tienen enorme peso en la formación y propagación de valores en nuestra sociedad.

En definitiva, compartimos la preocupación por el acuerdo ANEP-Google-Ceibal. Creemos que Uruguay tiene la capacidad y la responsabilidad de brindar comunicaciones y aplicaciones educativas soberanas en su sistema educativo. Esta ha sido su política y las leyes aprobadas en los últimos años apuntan a reforzar los principios de libertad, soberanía, independencia y seguridad tanto para los ciudadanos, como para las entidades estatales. ANEP y Plan Ceibal deben acoplarse a esta línea política por el bien de todos.