Defender la Educación Pública

Por: Tati Sabini

Las masivas movilizaciones de estudiantes y docentes (varias decenas de centros educativos ocupados y una marcha de más de 60.000 personas, y más…) ponen de manifiesto la preocupación y el interés que el tema educativo despierta en nuestros días; ellas han defendido la Educación Pública Estatal y reclaman aumentar la inversión hasta llegar al 6% del PBI. Vale decir que esta meta se establece en el programa de gobierno del Frente Amplio para hacer frente a los enormes objetivos que tenemos por delante: seguir aumentando la participación y cobertura de niños de 3, 4 y 5 años; mejorar los aprendizajes en el nivel primario; universalizar el Ciclo Básico Medio; duplicar los egresos en la Educación Media Superior; y generalizar la Educación Terciaria y Universitaria. Todo eso en un quinquenio ¡casi nada! No es poca cosa que los objetivos de una fuerza política y las demandas de la sociedad movilizada vayan en el mismo sentido.

La educación es (hoy y siempre) campo de debate político, porque está en la base de la formación de cultura y valores de una sociedad, así como determina buena parte de las oportunidades y herramientas que tendrán los hombres y mujeres para enfrentar un mundo complejo, por ahora cambiante e injusto.

En todo el mundo se ha instalado este fuerte debate sobre los sistemas educativos, muchas veces alentado por la necesidad de capitales de conseguir nichos de mercado que aseguren altas tasas de ganancia, mercantilizando un derecho humano (como tantos otros aspectos donde el mercado no deja espacio sin ocupar).

El relator de la ONU sobre el derecho a la Educación, Kishore Singh, ha alertado sobre el avance de propuestas privatizadoras, cuestionando la mercantilización del derecho a recibir una buena educación y alertando que esa modalidad pone en cuestión a la educación como un bien público¹https://acnudh.org/2014/10/la-educacion-debe-ser-protegida-de-las-fuerzas-de-la-privatizacion-experto-en-derechos-humanos-de-la-onu/. Esta autoridad internacional en materia educativa plantea que la educación privada es un grave riesgo para el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de excelencia, fundamentalmente para los más pobres.

Curiosamente, en nuestro país se ha instalado la idea que la educación privada “obtiene mejores resultados” que la educación pública, siendo que la evidencia es concluyente en sentido contrario²Por ejemplo se puede leer el Informe Ejecutivo Pruebas Terce Uruguay en: https://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/llece/terce/2015%20-presentacin%20segunda%20entrega%20de%20resultados-30%20de%20julio-%20llece%20-%20terce.pdf. A su vez es necesario reivindicar el papel de lo público, por razones de justicia, igualdad, integración y derechos.

Se trata de uno de los mitos más arraigados en nuestra sociedad, y como sabemos, los mitos se desarrollan – entre otras cuestiones – por falta de información de calidad. Las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus familias son determinantes clave en su desempeño académico, de allí la necesidad de apostar más a quienes más dificultades tienen. Sin embargo esta premisa parece no importar tanto como el modelo de gestión. Tanto en las pruebas PISA como en otros destacados estudios de aprendizaje y evaluación de conocimiento ha quedado claramente demostrado que el desempeño de los estudiantes en los sistemas educativos son iguales o mejores en la educación pública una vez despejada las variables socioeconómicas³Laura Noboa y Pedro Ravela «Contexto sociocultural y logros: el promedio de Uruguay en PISA se mantuvo en el mismo nivel que en 2003 si se toma en consideración el contexto sociocultural de los estudiantes» y BID (2010) en «¿Enseñan mejor las escuelas privadas en América Latina?».

Otro aspecto esconde este mito: las escuelas y liceos privados invierten más recursos por estudiante que las escuelas y liceos públicos, alrededor del 10% las escuelas y ¡casi el doble! en los liceos. A esto hay que sumarle que cada vez más son los sectores populares los que participan de la Educación Pública⁴Informe Sobre el Estado de la Educación en Uruguay, INEED (2014) https://ieeuy2014.ineed.edu.uy/. Entonces, si a las carencias económicas en sus hogares se suma una oferta educativa escasa en el nivel medio, el resultado no debe sorprender a nadie. La educación pública debe seguir aumentando los recursos, como lo ha hecho a lo largo de esta última década, por razones tan elementales como posibilitar a todos y todas el acceso al conocimiento y la cultura. Está claro que una educación pública sin recursos mal puede cumplir sus objetivos. En ese contexto, es entendible que si la oferta educativa es más atractiva (por carga horaria, propuestas extracurriculares, etc.,) los padres de sus estudiantes terminarán optando por una educación privada.

La iniciativa privada se instala allí donde puede obtener lucro, porque su objetivo central no es la consagración de un derecho humano, sino obtener ganancia, a través de la venta del servicio educativo. La educación privada tiene, claro está, dichos incentivos económicos. En otros casos los incentivos son religiosos: transmitir los valores de una concepción religiosa en particular, aunque esto se haga en forma tangencial o no explícita. Ambos atacan a la educación pública. Actores políticos (casualmente empresarios) han puesto sobre la mesa la generalización o ampliación del financiamiento de este tipo de instituciones con fondos públicos. Allí las cosas empeoran, ya que asistimos a un modelo donde el Estado se retira de la gestión y de sus obligaciones básicas. El resultado de la generalización es esperable: escuelas privadas para pobres y escuelas privadas para ricos: la experiencia nefasta de Chile no parece haber dejado enseñanzas para algunos.

Contrariamente a lo que se ha planteado por estos días en nuestro país, la promoción de una Educación Pública Estatal de excelencia está íntimamente ligada a la calidad democrática y la cohesión social, así como la promoción de la convivencia ciudadana e integración urbanística de un país. Vivimos en sociedades que han reducido notablemente su pobreza y desigualdad; sin embargo la segregación territorial y por ingresos se ha acrecentado, fortaleciendo los procesos de desintegración del tejido social. En la medida que las instituciones educativas reproduzcan estas segmentaciones nos estamos condenando a sociedades cada vez más divididas y desintegradas, sin puntos de encuentro entre los diferentes sectores de la sociedad.

Decir que aquellos que defendemos la Educación Pública lo hacemos por razones ideológicas sólo muestra una enorme ignorancia de los sendos informes que los organismos especializados en la materia educativa han realizado. En realidad lo que ha inundado de “ideología” es la ganancia por sobre los derechos de los estudiantes.

Existen no obstante, razones de carácter político ideológico para nuestros planteos; cabe preguntarse ¿dónde reside la soberanía de la definición de las políticas educativas?¿deben ser llevadas adelante por agentes empresariales o por el Estado republicano? La respuesta es obvia. El Estado no puede tercerizar sus responsabilidades, al contrario, debe generar las condiciones para el ejercicio ciudadano con espacios públicos educativos inclusivos y de calidad.

Los sistemas de subvención han demostrado generar enormes disparidades, fortalecer las ya existentes y proveer gigantescas ganancias, ya sea en Chile o Estados Unidos, con el endeudamiento de por vida de los estudiantes universitarios (que muchas veces no egresan pero se quedan con la deuda y cuando obtienen los títulos son de dudosa calidad) y asegurando tasas por encima de casi cualquier otra actividad y con intenciones de propagarse al resto del planeta, tal como lo ha advertido Henry Giroux⁵https://www.henryagiroux.com/Business_of_Public_EDU.htm.

En otros artículos hemos argumentado que la gratuidad no define el carácter público, lo que hace que un proyecto educativo sea público es, entre otros elementos, su universalidad. Establecer criterios de selección hace que algunas instituciones privadas gratuitas sean en realidad privativas, filtrando a los estudiantes que tienen mayores chances de culminar su ciclo educativo, esto es contrario a una educación de carácter inclusivo, diría más: no es ético. La educación como bien público no sólo no debe poner barreras, debe ir a buscar a cada uno de los estudiantes a sus casas (como ya lo hacen muchos de nuestros centros educativos) coordinando los esfuerzos interinstitucionales y las políticas públicas en el territorio.

Pero atención, esto no debe llevarnos a pensar que nuestra educación no tiene que hacer enormes transformaciones y que muchas de ellas son urgentes, sin embargo, debemos aprender las lecciones del pasado ya que no es posible un proceso transformador sin docentes y estudiantes involucrados desde el inicio en el mismo. No es menospreciando a los actores cotidianos del proceso educativo como vamos a lograr mejores niveles de calidad y compromiso con la tarea educativa.

En este sentido, apostar a los espacios de participación de cada uno de nuestros centros de estudio, fortalecerlos y apoyarlos es vital. Jerarquizar el rol de las Asambleas Técnico Docentes y potenciar el rol de los Congresos Nacionales de Educación son claves en un proceso político pedagógico de transformación educativa. A nuestro entender, todo ese camino debería desembocar en la elaboración de un Plan Nacional de Educación que nos permita arribar a acuerdos mínimos tanto en lo social y político sobre las transformaciones necesarias en el mediano y largo plazo, partiendo de la base que sin la Educación Pública Estatal no es posible una sociedad que logre mayores niveles de justicia e igualdad.