Por Miguel Soler Roca
Casi 47.000 docentes han sido convocados por la Corte Electoral para elegir el 18 de noviembre de 2015 a sus representantes en el CODICEN de la ANEP y en tres de los cuatro Consejos que rigen los distintos niveles de nuestra Educación Pública. Es la segunda vez que ello ocurre, por mandato de la Ley General de Educación. Considero que esa instancia es de importancia fundamental en la vida del país. Confirma la justicia de una larga lucha de los educadores uruguayos. Al ejercer el derecho al voto, cada uno de los docentes ratifica su compromiso con la condición participativa propia de nuestra educación.
Al declararse contrarios a la actuación en igualdad de derechos en los órganos de gobierno de la educación de docentes elegidos por sus pares, voceros de diferentes partidos políticos argumentan que las elecciones nacionales por sufragio universal los habilitan para designar, en representación del electorado, a los miembros de los directorios de los entes de la enseñanza pública. Desde hace casi un siglo los educadores lo entendemos de otra manera.
Consideramos que la formación de los futuros ciudadanos no puede quedar librada por entero a las mudanzas de la política partidaria y que la conducción de la enseñanza tiene mayor calidad y pertinencia cuando los docentes, dotados del correspondiente saber profesional, participan en la misma tras un proceso electoral con todas las garantías. La defensa de este principio nos viene de lejos. Quienes militábamos en las organizaciones magisteriales en los años cuarenta reivindicábamos que los Consejos de Enseñanza fueran integrados por “mayoría de maestros electos por los maestros”. Con el tiempo, algunos Consejos tuvieron representación docente. Primaria no lo logró hasta 2010, por disposición de la Ley Nº 18.437. Con nuestra votación masiva del próximo 18 de noviembre los docentes de la ANEP confirmaremos el derecho a coparticipar en el gobierno de la educación pública y nuestra disposición a defenderlo ante cualquier tipo de propuesta que quiera suprimirlo o desnaturalizarlo.
Este derecho se apoya en principios y disposiciones consagrados por la Ley vigente, en particular el de participación. Frente a toda tentación al autoritarismo verticalista, sostenemos el derecho de los trabajadores de la educación a incidir, con su voz y su voto, en el presente y el futuro de la educación nacional. No solo incorporando nuestros representantes en los Consejos Directivos sino también interviniendo de diversas maneras en la obtención de los objetivos educativos. Recordemos que la Ley en numerosos artículos, por lo menos en nueve de ellos, prescribe la representación docente en órganos políticos, técnicos o administrativos de la estructura educativa pública. El más categórico de ellos es el artículo 48º que afirma que la participación de los docentes es uno de los principios básicos que rigen el Sistema Nacional de Educación Pública, a la vez que ordena que “se promoverá el cogobierno en los ámbitos que corresponda, atendiendo los diferentes ámbitos y niveles educativos”.
Estas menciones a la ley que hoy nos rige no me llevan a renunciar a mis objeciones a la misma, que son varias e importantes. Pero intento demostrar que en 2008 nuestros parlamentarios preservaron, reiteradamente, el carácter participativo de la Educación Pública y el derecho y en algunos casos el deber de los docentes de intervenir con voz y voto en las decisiones que les conciernen.
A estas consideraciones de alcance nacional, conviene agregar otras de fuente internacional. En 1966 tuvo lugar una Conferencia Intergubernamental convocada conjuntamente por la UNESCO y la OIT sobre la situación del Personal Docente. Dice su artículo 9: “Las organizaciones del personal docente deberían ser reconocidas como una fuerza que puede contribuir considerablemente al progreso de la educación y, por consiguiente, deberían participar en la elaboración de la política docente”. Artículo 62: “El personal docente y sus organizaciones deberían participar en la elaboración de nuevos programas, manuales y medios auxiliares de enseñanza”. Artículo 75: “Con objeto de que el personal docente pueda cumplir plenamente con sus obligaciones, las autoridades deberían establecer y aplicar regularmente un procedimiento de consulta con las organizaciones de educadores sobre cuestiones tales como la política de la enseñanza, la organización escolar y todos los cambios que pudieran ocurrir en la enseñanza”.
La Conferencia de la UNESCO y la OIT no omitió enunciar también algunos deberes de los docentes, por ejemplo al decir en el artículo 72: “El personal docente y sus organizaciones deberían tratar de cooperar plenamente con las autoridades, en interés de los alumnos, de la enseñanza y de la sociedad”.
Otro antecedente. La UNESCO designó la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, la cual produjo en 1996 el informe “La educación encierra un tesoro”, donde se lee: “Para mejorar la calidad de la educación hay que empezar por mejorar la contratación, la formación, la situación social y las condiciones de trabajo del personal docente”, (…) “La mayoría de los 50 millones, aproximadamente, de profesores y maestros que existen en el mundo están sindicados o se consideran representados por sindicatos. Estas organizaciones, cuya acción apunta a mejorar las condiciones de trabajo de los afiliados, tienen gran peso en la distribución de los créditos asignados a la educación y en muchos casos poseen un conocimiento y una experiencia profunda de los diferentes aspectos del proceso educativo y de la formación del personal docente. (…) Es deseable mejorar el diálogo entre las organizaciones del personal docente y las autoridades responsables de la educación. (…) Las organizaciones del personal docente pueden contribuir de manera decisiva a instaurar en la profesión un clima de confianza y una actitud positiva ante las innovaciones educativas. (…) Ninguna reforma de la educación ha tenido nunca éxito contra el profesorado o sin su concurso”.
Como vemos, no nos faltan experiencias ni recomendaciones que llevan a valorar positivamente la participación activa de los educadores en toda decisión sobre materias propias del quehacer educativo. Sea por mandato de la ley, sea por la convicción de los diferentes agentes de la educación, todo sistema educativo ha de reservar un conjunto de atribuciones, derechos y deberes a sus docentes. Si los desconoce, los condena a la simple condición de funcionarios. Este modelo democrático de gestión participativa no debe ser interpretado, como se oye decir tantas veces, como una especie de dictadura de las corporaciones, como la implantación de los sindicatos en el sistema en calidad de censores opuestos a todo lo que se hace. Tengo la penosa sensación de que, entre nosotros, la invocación verbal del principio de participación es mucho más frecuentada que su real aplicación a las necesidades concretas del sector de la educación. ¿Un ejemplo? El proceso de elaboración del presupuesto para la educación correspondiente al actual quinquenio.
Por todo esto, se va a votar el 18 de noviembre. No solo obligados por la Ley sino también porque así nos lo manda nuestra conciencia, nuestra convicción de que tenemos parte de responsabilidad ante la sociedad en el desarrollo y el éxito de la función educadora. El acto electoral es una oportunidad de hacer balance, de ejercer la crítica y sobre todo la autocrítica, de responder al viejo reclamo de nuestro movimiento sindical de hacer realidad el principio de participación, no como empleados sino como profesionales militantes de la causa de la Educación Pública.
Es la oportunidad de escoger, de entre los candidatos, a aquellos que más que a gozar de los atributos del poder o a satisfacer intereses personales, aspiran a enfrentar el desafío del inmenso trabajo que les espera, siendo expresión de la acumulación histórica de saberes y contenidos producidos por los colectivos que los patrocinan. A ellos el puesto de Consejero no les llevará al aislamiento sino al diálogo, a la consulta, al mantenimiento de relaciones de colaboración con agremiados y no agremiados, con todos los integrantes de la familia educativa. Me gustan los Consejeros y las Consejeras de puertas abiertas, de pensamiento también abierto, de comportamiento éticamente exigente, para sí mismos, para sus votantes, para todos, aquellos Consejeros que no olvidan rendir cuentas, que no vacilan en polemizar ni en rectificarse cada vez que hacerlo puede servir a nuestros niños y adolescentes, a nuestro Pueblo.
Hace ahora setenta años tuve el honor de estampar mi firma al pie del Acta Constitutiva de la FUM. No debo hablar por la FUM de ahora, pero me atrevo a hacerlo en nombre de la FUM de siempre, la combatiente, la combatida, la de los grandes constructores y la de los mártires. Al saludar esta jornada, angustiado por la confusión de estas horas, me permito recordarles que la historia es avara en oportunidades de crecimiento saludable y que el 18 de noviembre habrá que votar, haciéndolo lo mejor posible, con el mayor espíritu solidario, buscando unificar fuerzas, con las exigencias propias de quienes trabajamos por un mejor futuro para el Uruguay.
Montevideo, 8 de noviembre de 2015.
