Mate Amargo entrevistó Raúl Pont, Dirigente Nacional del Partido dos Trabalhadores (PT) y actual candidato a la Prefeitura de Porto Alegre.
La posibilidad de un plebiscito para que el pueblo decida si se convoca a elecciones anticipadas, tal como ha manifestado Dilma, ¿es una salida posible?
Estamos viviendo en Brasil un golpe parlamentario ilegal e ilegítimo. No existe base material ni objetiva para el juicio a la presidenta Dilma Rousseff. Las acusaciones son ridículas, pues todos los gobernantes practican actos semejantes en la ejecución presupuestaria del país y de los Estados. Se trata de un mero pretexto para esconder el verdadero motivo: la no aceptación por el gobierno del chantaje realizado por el presidente de la Cámara Federal, diputado Eduardo Cunha (PMDB), para liberarse del proceso al que respondía en la Comisión de Ética del Parlamento, por mentiroso y corrupto. La mayoría eventual alcanzada en la Cámara para abrir el proceso fue alcanzada por la alianza del bloque de centro-derecha corrupto y que se elige con el financiamiento de las grandes empresas y tiene al diputado Cunha como articulador de esa mafia, con apoyo del PSDB, DEM y PPS, que organizaron el núcleo duro del proyecto neoliberal en el país.
La razón más profunda es la disputa que sigue desde la victoria de Lula. La clase dominante brasileña no consigue convivir con la democracia ni con la defensa de los intereses nacionales. Con Dilma, esa crisis se agudizó, agravada por la situación internacional que afectó todos los países dependientes de la exportación de minerales, petróleo y cereales. La burguesía brasileña no acepta la caída de la tasa de interés básica del Banco Central, pues vive más del rentismo financiero que de la producción. No acepta la ganancia del trabajo, con la valorización del salario mínimo siempre por encima de la inflación ni está de acuerdo con las políticas sociales en favor de la mayoría de la población. El golpe está en marcha. Fue abierto en la Cámara Federal de diputados y será votado, en agosto, en el Senado, de acuerdo con la Constitución, pero no esconde el carácter espurio, ilegítimo , que se sustenta por el apoyo de las Federaciones y Confederaciones Empresariales y la total complicidad del monopolio mediático: TV, radio y diarios.
Hay en la Cámara Alta un movimiento de senadores de varios partidos que buscan organizar un bloque superior a 27 parlamentarios – número mínimo para impedir los 2/3 que exige la Constitución para el juicio político– que defiende el compromiso de la presidenta Dilma de proponer la convocatoria de un plebiscito nacional sobre nuevas elecciones anticipadas, caso de que sea mantenida en el gobierno. La presidenta y quienes la apoyan – partidos y movimientos sociales – aceptan el compromiso, pero son escépticos en que eso vaya a ocurrir. Lo más probable, por el actual comportamiento de la derecha y de los medios, es que el juicio político sea aprobado en el Senado.
¿Cómo puedes definir la aplicación del plan general de los golpistas en lo que va de interinato de Temer?
El gobierno golpista, traidor y corrupto de Temer no se comporta como provisorio o interino. Mucho menos como un partido que estuvo en el gobierno desde los mandatos de Lula y, en los dos últimos años, en la vicepresidencia. El golpista Temer (PMDB) cambió todo el gabinete en alianza con el PSDB, DEM y otros partidos menores y, principalmente, está cambiando todas las políticas gubernamentales, desde la exterior hasta las más simples y necesarias políticas sociales como el Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. La política de ajuste y austeridad neoliberal alcanza ya a los salarios, las áreas de salud y educación, las políticas de ampliación de las escuelas técnicas y universidades públicas. Y ya anuncian cambios regresivos en la previsión de social pública, que hoy atiende a más de 30 millones de asegurados.
Son las clásicas políticas neoliberales organizadas con el PSDB y el DEM, a través de un documento presentado en 2015 por Temer y Cunha, en varios eventos en el país, llamado “Uma Ponte para o Futuro”.
Ese es el plan general de los golpistas, que cuenta con el apoyo de los medios hegemónicos y de las grandes federaciones empresariales. Es regresar al “tucanato” de Fernando Henrique Cardoso, donde el gobierno existía para el 30% de la población. Para el resto, desempleo, bajos salarios y ausencia de servicios públicos. Contaron para ello con la gran prensa, transformando en héroes a los promotores y jueces de la famosa Operación Lava Jato, sobre la corrupción en Petrobrás y en otros grandes contratos con el poder público.
La mayoría de los grandes corruptores –los mayores empresarios del país – y de los altos funcionarios del cuadro de carrera da Petrobrás – los grandes corruptos – están sueltos y “arrepentidos” a través de las “delaciones premiadas” y de la devolución de parte de la corrupción depositada en paraísos fiscales. A través de “prisiones preventivas”, con esas figuras que nunca fueron alcanzadas por la justicia brasileña, presionan a los corruptores para “delatar”, con el premio de disminuir o extinguir las penas, los “políticos” beneficiados con financiamentos electorales. Esto está orientado para alcanzar al gobierno, pero particularmente, para atacar y destruir el PT y a Lula. Ese es el objetivo de la derecha.
¿Cual es la situación del campo popular y el conjunto de fuerzas democráticas y de izquierda?
En un cuadro de más de 30 partidos existentes en el país, apenas el PT, PC do B, PSOL y PDT orientaron a sus diputados y senadores a votar contra el proceso de impeachment. Esos partidos, hoy, suman en torno del 20% de la Cámara Federal (Diputados). Y en el caso del PDT, hubo votos favorables al juicio. El PT, desde la primera victoria de Lula en 2002, fue disminuyendo sus diputados federales en cada elección, a pesar de las victorias presidenciales en cuatro elecciones consecutivas. Todo el centro y la derecha no quieren ni oír hablar sobre cambios en el sistema electoral. Es el paraíso del poder económico. Para las elecciones municipales de 2016, La prohibición de financiamiento empresarial de las campañas fue decisión del Supremo Tribunal Federal que lo consideró inconstitucional. Si dependiese del Congreso hubiera sido mantenido.
La resistencia en el Parlamento, por lo tanto, es limitada. Mientras, la resistencia al golpe por parte de los movimientos sociales, fue importante, fuerte y creció mucho entre los jóvenes, intelectuales, en los sindicatos, las universidades. Fue mucho más allá que la de los partidos que defienden a Dilma. Comprendieron la necesidad de defender la democracia, las conquistas y derechos sociales alcanzados hasta aquí y no quieren perderlos.
Se organizaron frentes sociales de movilización, como el Frente Brasil Popular, dondel a CUT y la CTB (centrales sindicales), el MST, la UNE y decenas de entidades del movimiento popular y los partidos PT y PCdoB, garantizaron un carácter nacional y una presencia en todo el país, organizando y realizando manifestaciones y lucha contra el golpe. A partir de São Paulo, el MTST (los sin techo) y otros movimientos sociales y corrientes sindicales, partidos como PSOL y PSTU, también salieron a las calles, con el Frente Povo sem Medo. Las últimas movilizaciones ya tuvieron carácter unitario de los dos frentes.
El gobierno de Temer vive un desgaste y um aislamiento semejante al último período de gobierno de Dilma, donde sus socios de la oligarquía mediática, la presidenta vivió las consecuencias del equívoco en colocar al ministro Joaquim Levy en la conducción de la economía en 2015. La pérdida de referencia y popularidad de la presidenta cayeron vertiginosamente. La coyuntura está marcada por una profunda inestabilidad y que difícilmente será revertida en caso de que regrese la presidenta o el golpe se consolide. A pesar de la ilegitimidad y del no reconocimiento popular, el gobierno traidor y corrupto de Temer posee el respaldo de los grandes medios y de la gran burguesía financiera de todo el país. Es el gobierno que tienen para ofrecer al Brasil. Por eso precisan realizarlo vía golpe. Por la vía electoral, democráticamente, no lo lograrían.
¿Y la situación del PT?
El PT fue el partido más perjudicado y con Lula es el principal blanco de la Operación Lava Jato y de la prensa hegemónica. Quieren destruirlo como partido y evitar, a cualquier costo, que Lula vuelva a disputar la presidencia en las elecciones de 2018. El partido tuvo algunos dirigentes y parlamentarios también involucrados en la Lava Jato. El financiamiento empresarial cambió la regla del proceso electoral. En 2014, el Tribunal Superior Electoral registro más de 5 mil millones de reales donados por las empresas –las envueltas en el escándalo y cientos de otras- a candidatos de todos los partidos.
Las elecciones municipales de octubre de este año serán una prueba objetiva para el partido. Estaremos disputando millares de alcaldías y de cámaras municipales. Las afiliaciones al partido no disminuyeron. La juventud está volviendo a las calles y las movilizaciones contra el gobierno también renuevan permanentemente el partido y estamos cerca de dos millones de afiliados en el país.
El golpe parlamentario y la masacre de los medios nos señalaron la necesidad de permanencia y de organización con los movimientos sociales y sindicatos, aún siendo gobierno. Un debate autocrítico y programático recorre el partido de norte a sur y los movimientos sociales nos exigen, permanentemente, autocrítica y coherencia programática con los orígenes y las definiciones estratégicas que organizaron el PT.
El PT afirmó que con los golpistas no hay acuerdo ni conciliación. Estaremos en la oposición junto a los movimientos sociales y sindicales, defendiendo derechos y conquistas alcanzados. La experiencia del Frente Brasil Popular es importantísima y estratégica para la izquierda brasileña, así como la del Frente Povo sem Medo. Defendemos dentro del PT la necesidad de estrechar una relación no solo electoral, sino más organizada y de largo plazo con los partidos que mantienen una relación con los movimientos populares y sindicales, a través de un frente partidario con un programa común para el país.
Creemos que el PT, PCdoB, PSOL e PDT serían los partidos para iniciar este frente, pero no podemos cristalizarlo en todos los municipios en 2016. A este frente se podrían agregar algunos partidos menores sin representación parlamentaria también, pero lo importante en este momento es señalizar este bloque con unidad y respuesta a los golpistas y al gobierno Temer, ilegítimo e ilegal.
