Marcelo Zero
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 241 establece un techo fijo, un límite superior, de gastos primarios. Nada impide por lo tanto, que las asignaciones efectivamente realizadas sean inferiores a ese límite, especialmente en sus primeros años de vigencia.
En primer lugar, se deben tomar en cuenta que en las consideraciones y en las simulaciones retrospectivas y prospectivas realizadas para analizar los efectos de la PEC, esta es presentada, implícitamente, como una especie de piso, pues siempre se trabaja con su límite máximo. En realidad, es necesario tener siempre claro que se trata de un techo, un límite superior de reajuste que no podrá ser excedido.
Nada impide, por lo tanto, que, dependiendo de los humores del “mercado” y de la situación económica, sean fijadas asignaciones presupuestarias primarias inferiores, en términos reales, al límite real máximo fijado en la PEC, que toma como base el presupuesto de 2016. En diversos análisis sobre los efectos de la PEC, como el que realiza la Consultoria del Senado de la República, tal hipótesis es considerada deseable y probable. De hecho en ese análisis se concluye que:
“En el corto plazo, sin embargo, el desempeño fiscal de la Unión todavía sería bastante negativo. Si es adoptada exclusivamente la nueva ancla fiscal a partir de 2017, colocándose en segundo plano la meta de resultado primario prevista en la Ley de Responsabilidad Fiscal (y fijada en la Ley de Directrices Presupuestales), hasta 2020 la Unión tendría que convivir con deficits primarios, aunque decrecientes. Eso porque se parte de un nivel de asignación muy elevado con respecto al presupuesto disponible. Es fundamental por lo tanto, que sumado al límite global de las asignaciones primarias, sean fijadas en el corto plazo, metas de resultado primario capaces de promover un retorno más rápido al equilibrio fiscal”.
Es muy probable que en la práctica, los límites de gasto efectivos sean inferiores al techo establecido por el denominado Nuevo Régimen Fiscal. O sea, es probable que las asignaciones primarias se sitúen por muchos años, en niveles reales inferiores al de 2016, base de la PEC 241. Téngase en cuenta al respecto, que en función del ajuste recesivo, los ingresos públicos caen, de modo que las presiones del “mercado” para la reducción del déficit primario tienden a volverse muy fuertes.
El mecanismo previsto en la PEC 241 no existe en ningún lugar del mundo e impone una absurda austeridad permanente, que no depende del ciclo económico ni del control democrático.
De esa manera es necesario considerar que la PEC 241 es algo completamente inédito a nivel mundial. No se tiene conocimiento de algún país que haya congelado, a priori, sus asignaciones primarias por 20 años, incluso podemos agregar algo más, por medio de una enmienda constitucional. Solamente Japón que tiene deuda bruta equivalente a 250% del PIB, población decreciente y servicios públicos de gran calidad, impuso un reajuste de las asignaciones por la inflación. Pero esto no es constitucionalizado, es un mecanismo de válvula de escape.
En el caso de la Unión Europea, que impone hoy una política de austeridad bastante constatada, no se verifica tamaña rigidez. De hecho, la Unión Europea creó el Tratado
sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, también conocido como Pacto Fiscal o Tratado Presupuestal, el cual impone compromiso con la búsqueda de un “saldo presupuestal” que no supere -0,5% del PIB. Pero ese saldo es obviamente referido al desempeño del PIB, lo que no ocurre con el PEC 241; es “estructural”, o sea, deduce de su cálculo los efectos de la recesión sobre los ingresos fiscales. Por ejemplo, en el caso de una recesión que cause una quiebra de los ingresos fiscales, tal quiebra obviamente aumentará el déficit presupuestal. Pero, por el Tratado, el Estado afectado no estaría necesariamente obligado a reducir sus asignaciones para compensarlo, justamente porque el saldo presupuestal “estructural” descuenta ese impacto negativo de cálculo. Un aumento del déficit inducido por la recesión es obviamente cíclico, dejando el saldo estructural inalterado.
Por tanto, en la Unión Europea hubo, al menos en este aspecto, la preocupación de que el equilibrio macroeconómico y presupuestario no obligase a los gobiernos a reducir drásticamente asignaciones en períodos recesivos, ni impidiese la implantación de políticas contraciclícas; tampoco impuso necesariamente limites al tamaño de Estado y sobretodo, jamas significó ‘austeridad permanente’.
Sin embargo, en el caso de la PEC 241, se impone una austeridad permanente que deberá ser atendida, incluso en la eventualidad de aumento del PIB y de los ingresos fiscales.
La PEC 241 es irracional, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista económico. Esa austeridad permanente, un encorsetamiento fiscal y presupuestario, genera dos maneras de irracionalidad.
La primera es política y democrática. Tal congelamiento constitucionalizado de las asignaciones retira de la población y de los sistemas de representación política la capacidad de influir decisivamente en la gestión fiscal del país por los próximos 20 años. Sumada a la independencia de facto del Banco Central, eso redundaría en que la política monetaria y la política fiscal escaparían del control democrático del voto popular. De esta manera la PEC 241 implica otro golpe a la democracia brasilera.
La segunda irracionalidad es económica. La flexibilidad, como capacidad de adaptarse a las diferentes coyunturas, es vital para la conducción exitosa de cualquier política económica, sea pro-cíclica o anti-cíclica.
La PEC 241 crea una draconiana rigidez fiscal que tendrá que ser mantenida por 20 años, independientemente de lo que ocurra en la economía internacional o en la economía nacional. No hay válvulas de escape previstas, lo cual es un absurdo en términos de gestión macroeconómica racional. De hecho, es completamente irracional asignar recursos independientemente del comportamiento de los ingresos y del PIB.
Según algunas estimaciones, podríamos llegar al final del período de vigencia de la PEC, con increíbles superávits primarios de 7% del PIB, sin invertir en servicios públicos esenciales para el bienestar de la población. En el mundo entero, nadie hace una locura semejante.
Supongamos que la economía mundial se recupera y se genere un nuevo ciclo de crecimiento global y nacional. Los ingresos aumentarán, superando con creces las asignaciones, pero por la PEC 241 los recursos sobrantes no podrán ser asignados a la población más pobre, que tanto precisa de ellos. Ese dinero de más solamente podrá ser gastado como pago de intereses, lo que beneficia a bancos y a grandes inversores especulativos.
Consideremos adicionalmente que la generación de superávits primarios, que los gobiernos del PT lograron concretar de manera abultada hasta 2014, y la Ley de Responsabilidad Fiscal son más que suficientes para asegurar una gestión fiscal “responsable” en el país. Por lo tanto, la PEC 241 es una ordinariez esquizofrênica y autoritaria.
Independientemente de cualquier escenario económico, la PEC 241 será nociva para Brasil y su población, pues el “congelamiento” implicará reducción de las asignaciones presupuestales. La población de Brasil, de acuerdo con el IBGE, deberá crecer de 206 millones en 2016 a 227 millones en 2036, el último año de la PEC 241. Es decir, tendremos 21 millones de brasileros más que requerirán servicios públicos y prestaciones sociales.
Por lo tanto, si los gastos reales quedasen “congelados” por el techo de 2016 (que recordemos, podrá ser menos), habrá una inevitable reducción real del gasto per cápita, con enormes perjuicios para la población que depende de los servicios públicos. Por eso el “congelamiento” previsto es, en verdad, reducción significativa de los gastos.
La población anciana, justamente la que depende más de la Previsión Social y la Asistencia Social, pasará de 16,8 millones en 2016 a 36,1 millones en el 2036. O sea, el aumento de la población brasilera durante ese período estará casi que totalmente concentrado en el segmento de los ancianos, lo que presionará mucho sobre el sistema de Previsión, los Beneficios de Prestación Continua (BPC) y la Salud.
Como agravante, es necesario agregar que los servicios públicos en Brasil todavía son de mala calidad, comparativamente a los de los países más desarrollados, y de universalización restringida, con gasto per cápita relativamente reducido, lo que demanda el crecimiento de las inversiones como venía haciendo el PT, y no su congelamiento o reducción como pretenden los golpistas.
El objetivo real de la PEC 241 no es la búsqueda del equilibrio macroeconómico y la gestión fiscal responsable, sino la reducción radical del Estado y la implantación, en conjunto con otras medidas, de un modelo ultraneoliberal en Brasil. Como ya vimos, para obtener un equilibrio ingresos y asignaciones, no es necesario encadenar los gastos primarios por 20 años. Ningún país hace eso. Al contrario, esa austeridad permanente e irracional podrá, en realidad, crear desequilibrios o incluso promover, en el límite, una recesión permanente que hundirá a la economía brasilera.
Pero además, hay una lógica lúgubre por detrás de esa irracionalidad. Es que el objetivo verdadero de la PEC 241 es el desmantelamiento de los derechos inscriptos en la Constitución de 1988. Su finalidad es estrangular el crecimiento de las asignaciones obligatorias creadas por la Carta Magna y fulminar al incipiente Estado de Bienestar que ella generó.
La Constitución de 1988 y la CLT pasaron relativamente indemnes por la implantación del modelo neoliberal durante la década de los 90. Ahora sin embargo, la restauración neoliberal propuesta por el golpismo, bastante más radical, exige en razón del aumento de las asignaciones sociales obligatorias ocurridas desde 1999, el sacrificio de los derechos previsionales, laborales y asistenciales. El golpe vino para privatizar todo lo que fuere posible y para desmantelar todo lo que sea necesario.
La idea central es sustituir el modelo desconcentrador e inclusivo previsto implícitamente en la Constitución de 1988 -efectivamente implantado y profundizado por el PT-, por otro modelo concentrador y excluyente, que disminuirá los costos del trabajo y de la seguridad social aumentando el margen de lucro de las empresas y asegurando al sistema financiero e inversores especulativos el pago de intereses en gran escala.
Al mismo tiempo, se pretende alienar, a precios de baratija, sectores estratégicos de la economía nacional como el petróleo y gas con las magníficas reservas del Pre-Sal. También se palpita la apertura irrestricta a las “cadenas internacionales de valor”, mediante la adhesión a los Acuerdos de “nueva generación” (TTIP, TPP, TISA etc.), a deconstrucción del Mercosur y el realineamiento de la política exterior a la órbita estratégica de EE.UU.
La PEC 241 se inserta en ese paquete ultraneoliberal. Pero además, ella tiene centralidad en esa estrategia. ¿Por qué? Por las siguientes razones:
Estrangular al Estado de Bienestar en Brasil, reduciéndolo a niveles mínimos.
Cimentar la implantación de un nuevo padrón de acumulación, centrado en la reducción de costos laborales y sociales. El nuevo padrón será funcional para la inserción del país en las “cadenas internacionales de valor” como exportador de commodities e insumos baratos. La dinámica económica será transferida desde el mercado interno, que no puede subsistir con desigualdad, hacia el sector externo, que la exige.
Imponer, mediante la reducción de las asignaciones, la Reforma Previsional y la Reforma Administrativa, viejos sueños de nuestros neoliberales que consideran el Estado Mínimo como condición sine qua non para la competitividad del país.
Forzar la desvinculación de los beneficios asistenciales y previsionales al salario mínimo. Propiciar la privatización de servicios públicos, como recomienda el TISA y como ya señalaron varios ministros del gobierno golpista.
Finalmente, señalar a los inversores internacionales y nacionales que la política económica ortodoxa y neoliberal estará blindada en la Constitución y fuera del control democrático del voto popular.
