Daniel Filmus
La paritaria docente nacional no sólo es una histórica conquista que se logró luego de largos años de lucha de maestros y profesores. Es, principalmente, una herramienta imprescindible para alcanzar el derecho a la igualdad de posibilidades de acceso a la educación de calidad consagrado en la Constitución Nacional.
Se trata de un política dirigida a recuperar el papel central del Estado Nacional en la conducción del sistema educativo con el objetivo de asegurar que disminuyan las desigualdades entre las distintas provincias. Así lo entendió la amplia mayoría de los representantes del pueblo que le dieron su aprobación casi por unanimidad en ambas cámaras.
Así lo entendió también el actual Ministro Esteban Bullrich quien, como diputado, votó afirmativamente la Ley de Financiamiento de la Educación y en particular el artículo que refiere al acuerdo nacional sobre el salario mínimo docente. En aquella ocasión sustentó su voto en que es necesario que «cada ser humano que nace en la Argentina, tenga las mismas posibilidades de desarrollarse como ciudadano… porque esta educación de calidad que es el objetivo de la inversión, tiene que llegar a todas partes, desde el pueblo más pequeño del norte de Salta o de Jujuy hasta el punto más austral de Tierra del Fuego».
Pero el actual Ministro fue más explícito en su crítica a la desigualdad del sistema educativo, explicando que ella se debe a «la disparidad de inversión en educación que se da de una provincia a la otra. En este sentido, mientras que la provincia de Buenos Aires gasta (sic) 440 o 450 pesos por alumno, otras provincias como Santa Cruz o Tierra del Fuego están por encima de 2000 pesos por alumno. Esto aumenta la inequidad». Esta desigualdad se había profundizado cuando en la década de los ’90 el gobierno nacional transfirió a las provincias los servicios educativos sin el presupuesto que se necesitaba para sostenerlos.
Este proceso produjo una enorme disparidad en las inversiones educativas y por supuesto, en el nivel salarial docente. Provincias enteras se quedaron sin maestros y profesores que emigraron a otras en busca de mejores retribuciones. Siete provincias prácticamente no podían pagar los salarios docentes cuando Néstor Kirchner asumió como presidente en mayo del 2003. Hubo que atender el pago desde el gobierno nacional para permitir que los alumnos vuelvan a tener clase. Ese fue el objetivo del viaje a Entre Ríos que inauguró el nuevo período presidencial. También por esa razón, la primer Ley educativa del flamante gobierno (que se denominó de los 180 días de clase) fijó la garantía nacional de los salarios docentes provinciales. El concepto principal es que el derecho a la educación que consagra nuestra constitución es tan importante, que no puede quedar librado a la capacidad financiera que tenga cada jurisdicción. La educación es un derecho que permite acceder a todos los otros derechos humanos. Como señala la Ley de Educación Nacional, es un bien público cuya responsabilidad principal de distribución reside en el Estado. Más aún, la Ley le da al Estado Nacional la posibilidad de declarar la emergencia educativa e intervenir en caso de que en una provincia se ponga en peligro el acceso al derecho a la educación. Los niños no pueden ser víctimas de esta situación.
Por otra parte, debido a que muchas investigaciones muestran que la posibilidad de acceder a un salario digno es fundamental (no suficiente) para un trabajo pedagógico de calidad y para atraer hacia la vocación docente a los jóvenes mejores formados, es posible afirmar que la paritaria docente nacional también regula la posibilidad de generar mejores condiciones de calidad educativa en todo el país. Frente a la importancia que tiene el derecho a la educación, la afirmación neoliberal de que «como las escuelas dependen de las provincias no se debe fijar un salario docente mínimo común para todo el país» permitiendo enormes desigualdades salariales, es por lo menos, ridícula. Precisamente, porque los maestros y profesores son contratados por provincias que tienen presupuestos educativos muy dispares, es imprescindible el parámetro nacional.
En este punto es necesario recordar que la contraparte de los sindicatos docentes en la negociación (que sólo fija el salario mínimo) no es únicamente el Ministerio Nacional. Como determina la Ley, las propias jurisdicciones participan a través del Consejo Federal de Educación. Por qué entonces esta decisión de no cumplir la ley de financiamiento y disolver la paritaria?
En primer lugar, porque las estrategias neoliberales sobre la educación plantean como uno de sus objetivos principales la desresponsabilización del Estado Nacional de la tarea educativa. En la misma dirección en la que se acaban de suprimir muchos de los programas nacionales que cohesionaban el sistema educativo y la formación docente, el actual gobierno intenta volver a descargar en las espaldas de las provincias y del mercado la gestión escolar. En este esquema, el Ministerio Nacional sólo se guarda para sí la capacidad de «evaluar» a través de pruebas estandarizadas el sistema. Curiosamente, estas evaluaciones luego confirmarán las desigualdades que el propio Ministerio contribuye a consolidar.
En segundo lugar, porque se pretende seguir avanzando en el ajuste a la educación pública. La Ley de Financiamiento prevé la conformación de un fondo con recursos nacionales para la compensación salarial docente. Este fondo aporta para que puedan afrontar el salario mínimo aquellas provincias que no alcanzan a pagarlo con sus propios recursos. No se trata de poca plata. En el último año este fondo ascendió a más de 3 mil millones de pesos.
Por último, a través de la desaparición de la paritaria nacional se pretende restar protagonismo a los docentes y sus organizaciones. Las concepciones neoliberales son tecnocráticas y subestiman la capacidad de maestros y profesores de participar en la elaboración y gestión de los procesos educativos. Se los concibe como «recursos» limitados a la reproducción de contenidos y estrategias pedagógicas elaboradas por «especialistas» alejados de las aulas.
Como ha ocurrido respecto de otras políticas, esperamos que el gobierno reconozca el error de eliminar la paritaria nacional y evite que los alumnos pierdan más días de clase. La escuela itinerante que ha implementado la CTERA en todo el país es un ejemplo de la voluntad de los docentes argentinos de no ceder ante las políticas neoliberales de ajuste y destrucción de la educación pública del gobierno de Mauricio Macri.
