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El equipo de fiscales de la operación Lava Jato liderados por Deltan Dallagnol acusa a Lula de haber recibido un apartamento en la localidad de Guarujá y el almacenamiento del acervo presidencial entre 2011 y 2016 a cambio de 3 contratos de Petrobras en los que habría habido desvío de recursos. Entienda por qué la acusación es absurda en cada una de esas afirmaciones y por qué una condenación de Lula es imposible dentro de los marcos de la ley.
1- Porque hasta el Ministerio Público admite no tener pruebas contra Lula y pide que se lo condene al margen de la ley
El propio Ministerio Público admite en su pieza final no tener pruebas contra Lula. Pide entonces que los conceptos de prueba y de “acto de oficio” (o sea, el acto de corrupción por el cual Lula estaría siendo juzgado) sean relativizados, y que se haga uso de la “responsabilidad penal objetiva” para condenarlo. El documento dice que es “difícil probar” los crímenes. Cita siete veces como literatura jurídica, para justificar sus tesis, obras del propio Daltan Dallagnol que defienden el uso de indicios, pruebas indirectas y la relativización de la garantía de presunción de inocencia, con el objetivo de condenar incluso cuando no haya prueba de la culpa.
En sus obras, Dallagnol dice que juzgar es un acto “de fe” y que “probar es argumentar” (¡¿?!). Sin presentar cuál habría sido el acto criminal cometido por Lula, dicen que el acto podía ser más vago cuanto más alto sea el cargo ocupado por el funcionario público. Como Lula fue Presidente de la República, el más alto cargo posible, se busca eliminar la necesidad, exigida por la ley, de presentar un “acto de oficio”, de una acción que sea efectivamente definida como corrupción. De esta manera, Lula está siendo juzgado por haber sido Presidente de la República, vale decir, por el cargo que ocupó y no por una conducta definida en ley como criminal.
Más que eso: en la otra punta de la acusación, sobre aquello que Lula habría recibido por el acto que no logran decir cuál fue, escriben que el hecho de que no haya pruebas o documentos de que Lula sería el dueño del tríplex de Guarujá sería la prueba de que él es el dueño y de que ocultaría la propiedad del inmueble (¡¿?!).
Puede parecer gracioso, pero es trágico que, después de años de investigación y difamación contra Lula, los fiscales escriban eso en una pieza en la que piden la condenación de un ex-Presidente de la República.
2- El apartamento no es de Lula
No es que el apartamento “formalmente” no es de Lula. No es de Lula porque es patrimonio de la empresa OAS, que es la responsable del mantenimiento y pago de las expensas de inmueble, listado en recuperación judicial de la empresa. Además, OAS no tenía como darle el inmueble al ex presidente, porque el valor del inmueble está vinculado a una deuda con un fondo gestionado por el banco público Caixa Económica Federal.
Era necesario que OAS pagara el inmueble dado como garantía, desvinculándolo del préstamo, para hacer la transferencia del inmueble. Existe hasta una cuenta específica para recibir ese pago. Eso está probado en documentos y esa operación financiera está en discusión en la justicia de São Paulo.
También está probado ya en el proceso que Lula y su familia nunca tuvieron las llaves del apartamento, nunca lo utilizaron, tan solo lo visitaron dos veces (Lula una sola) para evaluar si lo comprarían. Si la familia de Lula comprara el apartamento, OAS usaría el valor para cancelar la operación financiera al cual el inmueble está vinculado. Era imposible que OAS se deshiciera de la propiedad del inmueble sin eso. Por ende, no es patrimonio del ex presidente. Todos los bienes del ex presidente están debidamente registrados en su declaración de impuesto a la renta.
3 – Es legal y está previsto en la ley que empresas contribuyan para almacenar el acervo presidencial
La Ley Federal 8394, que regula los acervos de los presidentes después que dejan su cargo, permite que empresas contribuyan con el mantenimiento del acervo privado de los ex presidentes, por tratarse de objetos de interés público e histórico. No son “bienes personales” del ex presidente, sino objetos recibidos de populares a lo largo de su mandato, la vasta mayoría sin ningún valor comercial, pero de gran valor de investigación. La Procuraduría General de la República ya emitió un dictamen diciendo que esa contribución, que era de 21 mil reales, para el almacenamiento de 13 contenedores, no era ilegal. Y nada a lo largo del proceso indicó que esa ayuda tuviera cualquier relación con cualquier acto de gobierno o corrupción. Al contrario, la empresa Granero asumió total responsabilidad por el hecho de que el contrato se hiciera a nombre de OAS, y jamás hubo en eso cualquier intención de ocultación.
4 – No hubo “follow the money” (rastreo del dinero). La empresa que construyó el apartamento y la que tenía contratos con Petrobras ni siquiera son la misma
No hay ninguna prueba de cualquier tipo de relación entre el apartamento en cuestión y los tres contratos de Petrobras que el Ministerio Público pone en la acusación, que fueron celebrados entre 2006 y 2008, mientras que Lula recién fue a evaluar si compraba o no el apartamento en 2014.
Los contratos con Petrobras fueron firmados por la Constructora OAS, y el edificio fue construido por OAS Emprendimientos. Las dos empresas son del grupo OAS, pero poseen CNPJ (registro nacional de persona jurídica) y finanzas completamente separados. OAS Emprendimientos no tiene cualquier contrato o relación con Petrobras. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público listó esos contratos? Porque si no relacionara la obra a Petrobras, la primera no podría ser juzgada por Sérgio Moro en la Lava Jato de Curitiba. Y Moro negó que se hiciera cualquier pericia para indicar si de alguna manera el dinero de los contratos de Petrobras se habría destinado a la obra de Guarujá, reformas al apartamento, o almacenamiento del acervo presidencial.
Quién pidió las pericias para verificar si hubo recursos de Petrobras para el apartamento fue la defensa. Moro absolvió a la esposa de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, justamente porque no hubo rastreo que probara que el dinero que ella tenía en una cuenta en Suiza había venido de Petrobras.
5 – No hay ninguna prueba de implicación de Lula en los tres contratos listados por el Ministerio Público
En la acusación el Ministerio Público dice, textualmente, que Lula actuó para obtener ventajas indebidas en esos tres contratos junto a los delatores y ex gerentes de Petrobras Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque. Ninguno de los ex funcionarios de Petrobras confirma eso. Renato Duque dice que solo conoció a Lula en 2012; Paulo Roberto Costa afirma que nunca escuchó hablar de ventajas indebidas para Lula, ni tuvo cualquier reunión con él para discutir cualquier irregularidad o ventaja; y Barusco jamás dijo haber conocido al ex presidente. Barusco y Paulo Roberto declararon como testigos colaboradores, con la obligación de decir la verdad.
6 – No hay ninguna prueba de implicación de Lula en desvíos en la Petrobras
Después de más de tres años de Lava Jato, no hay ninguna prueba de que Lula haya tenido cualquier actuación en los desvíos en la Petrobras. Cero, después de más de 200 delaciones, de la quiebra de todos sus secretos bancarios y demás, y del escrutinio completo de su vida y de sus familiares.
Dos importantes empresas de auditoría, KPMG y Price Waterhouse, no encontraron ninguna participación de Lula en actos de Petrobras. Fábio Barbosa, ex presidente de Editora Abril, que era del Consejo de la empresa, electo por los accionistas minoritarios, dijo que antes de la Lava Jato, se desconocían los desvíos en Petrobras. Y que no había nada contra los directores nombrados por el Consejo de la empresa en la época en que fueron nombrados. Petrobras posee dirección, Consejos Administrativos y Fiscales, auditorías internas y externas. Ni esos órganos de control, ni la Policía Federal, ni el Ministerio Público o la Controladuría General de la Unión sabían de los desvíos antes de la Lava Jato.
7- Falta lógica. ¿Por qué Lula amplió el combate a la corrupción?
Hasta los fiscales de la Lava Jato y comisarios de la Policía Federal tienen que reconocer que Lula fue el primer Presidente que respetó la autonomía del Ministerio Público, indicado por la propia categoría, además de equipar y fortalecer a la Policía Federal. Lula también puso al riguroso juez Jorge Hage al comando de la Controladuría General de la Unión (CGU), y la incumbió de también fiscalizar empresas públicas como Petrobras. La CGU de Hage apartó de sus cargos a más de 5 mil funcionarios públicos por irregularidades. ¡5 mil! El gobierno Lula también creó el Portal de la Transparencia, que permitió que las personas analicen los gastos públicos e incentivó la cooperación y firma de tratados internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero. ¿Por qué Lula haría eso si su intención fuera la de liderar un proyecto criminal de poder?
8- Toda la acusación se basa en las declaraciones de Léo Pinheiro, que quiere salir de la cárcel, y contradicen documentos firmados por él mismo
La única sustentación de la acusación del Ministerio Público es la declaración del empresario y ex director de OAS Léo Pinheiro, que está preso por orden de Sérgio Moro, y ya fue condenado en otras acciones. Es Léo Pinheiro quien dice que arregló con el ex tesorero del PT, João Vaccari, que el apartamento era de Lula y le sería entregado sin que el presidente tuviera que pagar. Él no explica cómo haría la transferencia del apartamento sin el pago. Tampoco explica cómo Lula usaría el apartamento de forma incógnita, o qué ventaja tendría Lula al tener un apartamento que no estaba a su nombre y que, por lo tanto, no podría vender. Tampoco explica cómo firmó operaciones financieras dando como garantía un apartamento que sería “de Lula”. Léo Pinheiro hizo referencia, asimismo, a reuniones con el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, en 2009 e 2011 que no ocurrieron, como aclaró el director del Instituto Lula en su declaración.
9 – Ni Moro, ni los fiscales de la Lava Jato, podrían juzgar este caso
Moro y el equipo de fiscales liderados por Deltan Dallagnol hicieron de todo para lograr que la Lava Jato de Curitiba juzgara a Lula, a partir de una tesis preconcebida en la Operación Manos Limpias, que tuvo lugar en Italia, de que para tener éxito la investigación tenía que llegar al político más famoso del país. Para ello, Moro y el Ministerio Público violaron dos principios legales: que los hechos deben ser juzgados allí donde ocurrieron; y que jueces y fiscales deben ser asignados por sorteo, para evitar que alguien sufra una persecución personal o sea juzgado por un enemigo.
Moro partió de un cambista de Paraná que él ya había arrestado y soltado antes, y del cual tuvo el teléfono pinchado por ocho años, Alberto Youssef, y fue extendiendo y expandiendo la Lava Jato por la llamada “conexión” de los casos hasta llegar a un juicio que no tenía más límites geográficos, ni tampoco límites temáticos. Para eso, Moro recibió una atribución única entre todos los jueces del país: la de solo juzgar casos relacionados con la Lava Jato y no participar más de la distribución por sorteo. Moro sigue con esa distinción, habiendo sido limitado por el Supremo Tribunal Federal a juzgar tan solo casos ligados a Petrobras.
Ningún hecho narrado en la denuncia del Ministerio Público ocurrió en Paraná y la relación con contratos de Petrobras fue artificialmente incluida para que el caso fuera juzgado por el 13º Tribunal de Curitiba. En realidad, han heredado el caso de otros fiscales, en este caso fiscales del estado de São Paulo, que tuvieron sus acusaciones rechazadas por la jueza paulista que juzgó el caso. La jueza mantuvo a todos los reos en el proceso juzgado por ella, salvo los casos de Lula y Marisa Letícia, que fueron remitidos a Moro.
10 – El juicio no es justo – el juez es parcial, adversario de Lula
La parcialidad del juez Sérgio Moro contra Lula se manifestó en distintos momentos:
– Cuando, ilegalmente, divulgó conversaciones particulares de familiares del ex presidente y conversaciones grabadas ilegalmente entre Lula y Dilma
– Cuando, en documento al Supremo Tribunal Federal, emitió pre-juicio sobre Lula
– Cuando puso escuchas telefónicas a los abogados del ex presidente
– Cuando confraternizó con adversarios políticos del ex presidente
– Cuando aceptó la denuncia de los fiscales, la “corrigió”, lo cual no cabe a un juez, que debe ser equilibrado entre las partes. Debería haberlo devuelto al Ministerio Público para que corrija la denuncia, si era inepta
– A lo largo de las audiencias, cuando actuó como promotor, hostilizando la defensa del ex presidente y haciendo preguntas que no son apropiadas al papel de un juez en el proceso
– Cuando negó diversas veces la realización de pericias y producción de pruebas pedidas por la defensa, con más prisa que interés en investigar los hechos
– Por tener “apoyadores” que piden la condenación del ex presidente.
Toda la sociedad ve a Moro como un juez acusador que persigue a Lula. Incluso las revistas que apoyan al juez, como Isto É y Veja. En vísperas de la declaración del ex presidente, estas no retrataron a Moro como un juez, sino como un luchador de boxeo o de lucha libre, adversario de Lula y con los colores del PSDB, partido opositor del ex presidente. Sus amigos del sitio web Antagonista, de la revista Veja, de la Red Globo y sus apoyadores acampados delante del predio de la Justicia Federal de Curitiba, presionan a Moro para que condene a Lula, a pesar de que el Ministerio Público no haya presentado pruebas.
