@mateamargouy
Por Ec. Héctor Tajam
Este 23 de enero de 2019 se repitió la concentración de actores agropecuarios “autoconvocados” bajo la denominación “Un Solo Uruguay” (USU) en Durazno, con similares características en cuanto a su proclama, y esta vez con la atenta concurrencia de los candidatos de los partidos de la oposición. La convocatoria nuevamente acumulaba elementos catastrofistas sobre la marcha de la economía uruguaya, con la expectativa de reunir 50.000 personas porque “la situación del país (todo está peor que un año atrás) así lo amerita” (ECOS-21/1/2019). Bueno, la escasa concurrencia fue la mejor encuesta, un verdadero plebiscito sobre sus apreciaciones.
A los efectos de observar el tan prometido “Plan”, que de tal tuvo poco y nada, dividimos este trabajo en dos partes, la primera que publicamos hoy refiere fundamentalmente al análisis de situación. En la segunda, que MateAmargo promete para los próximos días, nos ocuparemos fundamentalmente de sus reclamos.
Parte 1: LA SITUACIÓN DEL AGRO Y DEL URUGUAY
Si hace un año pretendieron instalar la idea de que el país se encontraba en crisis, y si hoy estuviéramos peor aún, cuál sería el apelativo correcto, desastre, catástrofe … ? La primera vez realizaron un esfuerzo estadístico para demostrar sus dichos, hoy ni eso. Lo cierto es que nuevamente se equivocan, y ante la impotencia para demostrarlo acuden a cuestionar la validez de las estadísticas oficiales para describir y diagnosticar la realidad socioeconómica nacional, o a sumarse en forma oportunista al cuestionamiento de la inclusión financiera o del IASS a las jubilaciones. Recurso desesperado que a nada conduce, y obstaculiza el diálogo.
Lo cierto es que la economía uruguaya en su conjunto continúa superando las dificultades de navegar en las aguas turbulentas del neoliberalismo nuevamente instalado en nuestro vecindario. Y si comparamos con un año atrás, el crecimiento medido por la variación de la producción (PBI) continuó por encima del 2% anual (la media de América Latina para 2019 se ubica en 1,5%), la pobreza continuó reduciéndose, la inflación se ubicó exactamente en el promedio del ciclo de los gobiernos del FA (7,6%) y por debajo del promedio del quinquenio más complicado 2013-18, el salario y los ingresos de los hogares no han disminuido y mantienen la dinámica del mercado interno, la desocupación disminuyó. En otro plano, el déficit fiscal y la deuda pública permanecen casi inalterables (3,5% y 64% del PBI respectivamente), y el “costo del estado” o presión fiscal medida por el peso de los ingresos estatales en el PBI se mantiene en el 30% del PBI si se incluye el BPS y Empresas Públicas. No parecen estos síntomas de un “estado insaciable que ha provocado la pérdida de 36.000 puestos de trabajo en el agro”.
También es cierto que hay realidades complicadas dentro de este panorama general. El del agro es uno de ellos, particularmente la situación de pequeños productores con menores recursos para enfrentar las oscilaciones hoy impredecibles del clima, y de productos afectados por menores precios internacionales o baja demanda externa. Pero estos no son elementos tenidos en cuenta por USU, por tanto la conclusión obvia para ellos es “la culpa la tiene el gobierno”. Y de esta forma se invisibiliza por ejemplo todo el paquete de medidas específicas que se han implementado para el sector agropecuario. Acudimos al Anuario 2018 de OPYPA y de allí resumimos:
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Rebaja de la Contribución Inmobiliaria Rural 2018-19 para productores con menos de 1.000 hectáreas Coneat 100 y aquellos no contribuyentes del IRAE;
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Devolución del IVA a las compras de gas-oil a productores de menor escala de arroz, leche, frutas, flores y hortalizas;
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Exoneración del IVA a ventas finales de carne de pollo y de cerdo con hueso;
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Certificados de créditos para abonar deudas a BPS y DGI validados para cancelar otras deudas bancarias, de los entes autónomos, y seguros;
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Fondo de Garantía para respaldar la deuda de productores lecheros;
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Declaración de Emergencia Agropecuaria para los rubros de ganadería y lechería. Créditos blandos gestionados por República Microfinanzas;
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Beneficios Tributarios que fomenten los seguros agrícolas para un mejor manejo del riesgo climático;
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Rebajas de la tarifas de energía eléctrica del 15% en las zafras 2018-2019 a productores arroceros y lecheros;
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Bonificación para adecuarse al nuevo régimen de aportación del sector agropecuario al Banco de Seguros del Estado (BSE), especialmente para productores de menor escala e intensivos en mano de obra.
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Y recientemente, se propuso a las gremiales extender por un año la exoneración vigente del IVA en el gasoil para aquellos productores que tributan IMEBA y un descuento general en el precio de la tarifa de energía eléctrica. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) se suma un descuento adicional del 20% que se aprobó a partir del 1 de enero.
Este decálogo beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores, a los productores familiares, fiel al compromiso de que en las dificultades se comienza por quien más lo necesita.
