Dora Molina*
El juicio que acaba de concluir ha significado un gran paso en la búsqueda de justicia por los cuatro compañeros desaparecidos en La Tablada, aunque solo se ha juzgado en esta oportunidad, uno sólo de los hechos, el de José Díaz, restando aún el de Iván Ruiz, desaparecido en la misma circunstancia que José el día 23 de Enero de 1989; y los de Pancho Provenzano y Carlos Samojedny que son desaparecidos al día siguiente, el 24 de Enero, cuando se rinde la totalidad de los sobrevivientes, de las casi 30 horas de combates y bombardeos continuos sobre la totalidad de las instalaciones.
Por eso podemos decir que es el primer paso, y que debemos ahora lograr que se abra el juicio por el resto de los casos, y ahora con un agregado, porque aparecen más imputados, por los testimonios de los mismos militares. En la represión al cuartel intervinieron cerca de 3.500 efectivos, así que los responsables no pueden ser unos pocos.
Que nombres aparecen? En principio, los generales Halperin y Gasquet, Comandantes de la Brigada X de la Plata, de la que dependía el cuartel y que también actuaron en la represión de esos días. También aparecieron nombres de los jefes de inteligencia, los que habrían actuado en los interrogatorios y torturas, no solo de los desaparecidos, sino también de la totalidad de los detenidos.
Y la gran novedad que surge del juicio, es la prueba de que muchos de los testimonios de los militares para inculparnos y difamarnos públicamente, fueron armados, cuestión que denunciamos desde un primer momento. Aquí aparece la complicidad del Juzgado de Morón, a cargo del juez Gerardo Larrambebere, que fue quien desde los primeros momentos intervino en la instrucción de nuestra causa, y también para cerrar las causas de las violaciones a los derechos humanos, que también desde un principio denunciamos. Por ejemplo, la del juicio actual, por la desaparición de Iván Ruiz y José Díaz, en donde existía prueba fotográfica y fílmica del momento en que fueron detenidos. No sólo un suboficial ambulanciero de apellido Quiroga dijo textualmente que un auditor del ejército lo había obligado a firmar un acta armada, en donde aparece también la firma de Alberto Nissman, que es quien le toma declaración y firma el acta como secretario, sino que aparecieron muchas contradicciones y olvidos de lo declarado originalmente, de parte de otros suboficiales.
El otro aspecto que quiero destacar, es que hemos podido llegar a esta etapa con el logro de justicia, después de 30 años, en un momento contradictorio en el país. Por un lado, tenemos un gobierno que ha logrado mediante sus políticas una involución evidente en cuanto a derechos políticos, sociales y económicos; pero en el campo de los derechos humanos, los juicios por los delitos de lesa humanidad de la dictadura han continuado con nuevas condenas, y en este caso particular de Tablada. Y esta situación se da indudablemente por la fortaleza de todo el movimiento de derechos humanos, liderado por las madres y abuelas, y en donde las políticas de memoria, verdad y justicia desde el 2003 en adelante, han significado un piso para toda la sociedad del que creo que ya no hay vuelta atrás. Recordemos por ejemplo que no se les permitió avanzar con el 2 x 1 que pretendía la Corte Suprema*. Y en nuestro caso, logramos que se concrete el juicio y esta sentencia que trae justicia en el caso de José Díaz, pero que simbólicamente es reparatoria para la totalidad de los y las compañeras caídas. Esto es lo que hemos comprobado con todos los familiares que se han acercado, en estos días y han sentido como propio este juicio.
*Militante del Movimiento Todos por la Patria, detenida al día siguiente del copamiento, fue liberada en 2003.