Julio Benegas
Lo único que sostiene en este momento al gobierno de Mario Abdo Benítez en Paraguay es la mayoría parlamentaria del Partido Colorado en la Cámara de Diputados, lugar donde se define el inicio del juicio político. Con muy poco apoyo popular (solo el 25 por ciento de la población electoral lo votó en las elecciones del año pasado), las calles, las organizaciones sociales, los partidos políticos, las federaciones campesinas y ahora algunos colegios y universidades, han declarado al gobierno de Benítez como traidor a la patria. Es que desde que se ventiló un acuerdo con Brasil sobre el uso de la energía de Itaipú, un acuerdo que aumenta el precio que debería pagar la Ande (Administración Nacional de Electricidad) por uso de energía adicional, el gobierno no ha podido parar la rueda de descontento popular. Hubo una noche en que la sensación de que se lo derrumbaba había inundado el escenario político. Fue aquella noche en que el grupo liderado por el expresidente Horacio Cartes, también del Partido Colorado, le dio el OK al juicio político.
Esta decisión se retiró por cuanto que, al decir del líder de bancada cartista en la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, el gobierno de Brasil aceptó dejar sin efecto el acta firmada.
Aquel 31 de julio, en el día en el que el grupo cartista definía sumarse al juicio político, en Brasil se capturó a Darío Messer, acusado de amasar, con connivencia con Cartes y otros, una gran fortuna en lavado de dinero.
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el emblema principal era la lucha contra el narcotráfico y sus derivados financieros, una de las posibles bases de acumulación del Grupo Cartes. Pero el Grupo, además de su importante composición parlamentaria, cuenta con una operadora de peso en el sistema judicial paraguayo: la señora Sandra Quiñónez, fiscala general de la República. La crisis le ha servido a Cartes mostrar sus reales en un casino donde varias cartas están marcadas.
La gente sabe que por el lado de las investigaciones judiciales no habrá grandes novedades. Por eso, abajo, muy abajo, las manifestaciones se suceden. Es que, aunque puso algo de paño frío el hecho de que el presidente Jair Bolsonaro haya anunciado que el acta no iba a correr, aparecieron novedades. Por fuera de los protocolos, se descubrió que un joven asesor del vicepresidente Hugo Velázquez operaba, en nombre de éste, en la posibilidad de que una empresa cercana al presidente brasilero participara del negocio de venta de energía eléctrica. Este elemento despertó el fuego en Brasil y ubicó a Bolsonaro en un “desliz” más. No era solo homofóbico, anti negro y misógino que venía a defender a Brasil de los “apátridas comunistas”. Sus intereses “patrióticos” también tenían el color del dólar americano.
La fuerza institucional del Partido Colorado en el Parlamento y en el Poder Judicial mantiene al presidente de la República, hijo del ex secretario privado de Alfredo Stroessner, dictador del Paraguay desde 1954 a 1989, en el Palacio de Gobierno.
En el lado institucional, el movimiento de Mario A. Benítez, Colorado Añetete, y el movimiento de Horacio Cartes, Honor Colorado, han llegado a una especie de empate de viejos tahúres.
Pero el fondo de esta cuestión es que en el 2023 vencerá el Tratado de Itaipú, la hidroeléctrica que en su momento fue la más grande del mundo, y que se construyera bajo las dictaduras militares de Paraguay y Brasil.
Si bien Paraguay es dueño, legalmente, del 50 por ciento, el tratado obliga al país a ceder a precio bajísimo a Brasil la energía que no usa. El 90 por ciento de lo que produce Itaipú se lo lleva Brasil. En el 2023 también termina la deuda contraída para la construcción (una deuda considerada fraudulenta por los expertos en la materia como el ingeniero Ricardo Canese), cuestión que incidirá directamente en el precio de la energía. Será una energía mucho más barata.
Es este fondo el que ha despertado el interés. Qué planteará Paraguay, qué planteará Brasil. Para Brasil, Itaipú es una empresa estratégica que, además de cubrir de energía a las poblaciones de los estados Paraná y Sao Paulo, tiene como mercado principal a la industria paulista.
Paraguay ha quedado preso de un modelo agroexportador e importador, situación que podría revertirse si se decidiera, cosa muy lejana a la discusión, industrializar algunas áreas de la materia prima. También Paraguay podría discutir un valor de mercado a la energía que usa Brasil.
Por cesión de energía, Paraguay recibe anualmente 360 millones de dólares. Hasta el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012) tan solo eran 120 millones de dólares. Con un valor aproximado a costos de mercado, Paraguay debería recibir como mínimo 1.500 millones de dólares al año, dicen los analistas.
Más allá del desenlace inmediato de esta crisis de gobernabilidad en Paraguay, la situación generada con el acuerdo entre Brasil y Paraguay, el tema abrió un amplio debate sobre el futuro de la empresa binacional Itaipú (del guaraní: sonido de las piedras). Lo que parecía se iba resolver entre gallos y medianoche, hoy por hoy, gran parte del país está atenta a la renegociación del Tratado, a cincuenta años de la firma.
Y son miles de millones de dólares en juego. Itaipú podría ser a Paraguay lo que PDVSA a Venezuela. Podría ser. Pero la adicción que tiene el grupo de poder en el Partido Colorado de mantener a Paraguay como apéndice del mercado brasilero y del gobierno norteamericano le hace jugar al país en un casino con cartas muy marcadas y con árbitros adictos a los maletines.
