Ariel E. Velazquez
Secretario Administrativo de FOETRA Sindicato de las Telecomunicaciones, Argentina
La llegada al Gobierno Argentino de Alberto Fernández como Presidente el pasado 10 de diciembre ha despertado en la mayor parte de la población la expectativa de un cambio de rumbo tras cuatro años de derrumbe neoliberal que significaron el Gobierno de Mauricio Macri.
Estos primeros tres meses de gobierno han transcurrido (y probablemente los próximos también) bajo la densidad de un problema agravado por la anterior administración.
La deuda externa argentina pasó de impactar en el 52% del PBI (Producto Bruto Interno) a diciembre de 2015, cuando la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder, al 91% del Producto Bruto.
Si a eso le sumamos los vencimientos de deuda con acreedores privados, la recesión de los últimos dos años y medio, la inflación acumulada que provoca una caída del 20% en el poder de compra de los salarios y la paralización industrial -hoy el 40% de los establecimientos fabriles están con capacidad ociosa-, con su consecuente crisis social -aumento del desempleo del 6 al 10%, del trabajo no registrado del 27 al 35%, la pobreza rozando el 40%-, el cuadro de recuperación aparece como una quimera.
No obstante, esta situación ya era conocida por el Frente de Todos, coalición triunfante en las últimas elecciones cuyo núcleo central es la reunificación del peronismo incluyendo en el mismo como figura de peso a Cristina.
Ante este panorama, Alberto Fernández comenzó su gestión imprimiendo un sello de origen. No se puede pagar la deuda con el hambre del pueblo ni se puede afrontar compromisos externos sin crecer.
Alberto, rememorando los tiempos en que fuera jefe de gabinete de Néstor Kirchner, señala una y otra vez como antecedente para encarar la negociación tanto con el FMI como con los bonistas, la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, que fuera realizada una vez que el país estabilizó las condiciones macroeconómicas mientras recomponía el tejido social.
Es así que las primeras medidas asumidas por el nuevo Gobierno apuntaron a aliviar las cargas sobre la población.
Congelamiento de tarifas de los servicios públicos, de las naftas, del transporte más una fuerte recomposición salarial a los jubilados del haber mínimo, medicamentos gratuitos para ellos, aumento generalizado a trabajadores de la actividad pública y privada, moratoria impositiva para las Pymes y la reinstauración de la doble indemnización para frenar los despidos de trabajadores fueron algunas de las decisiones asumidas por el Presidente.
Al mismo tiempo, el Plan Argentina contra el Hambre apuntó a recomponer especialmente a aquellos sectores populares que sin trabajo formal o directamente desocupados, cayeron con sus familias bajo la línea de la pobreza y la indigencia.
Esta impronta de un Estado presente y protector ha implicado el principal cambio respecto del neoliberalismo gobernante hasta diciembre pasado.
Los efectos inmediatos se están viendo en una desaceleración de la inflación y en una incipiente aunque lenta recuperación económica.
No obstante se entiende que son medidas coyunturales, ya que el verdadero Plan de Gobierno se entiende comenzará a asomar una vez que se resuelva el esquema de renegociación de la deuda externa.
Aquí el Ministro de Economía Martín Guzmán quien indicó que la deuda es insustentable, viene trabajando bajo este paradigma la reestructuración, que en principio ha contado inéditamente con el aval del Fondo Monetario Internacional, quien ha reconocido que el país no puede afrontar los pagos sin crecer.
La señal de Economía ha sido que ese crecimiento se tiene que dar sin planes de ajuste sino recomponiendo el mercado interno por abajo y pidiéndole un esfuerzo por arriba a los grandes ganadores del modelo neoliberal: bancos, financieras y los grandes terratenientes del campo.
Con estos actores aparecen las primeras tormentas. La patria sojera se ha quejado por el incremento de los derechos de exportación de la soja y ha declarado un lockout patronal.
En tanto, los bancos resisten la baja de tasa de interés que el Gobierno impulsa.
Se avizora entonces que en este marco, la fuerza social organizada tras el Presidente Fernández, sindicatos, movimientos sociales, gobernadores, intendentes, el movimiento de mujeres y de derechos humanos serán factores clave para el sostén y direccionamiento de los próximos pasos.
Desde el campo de lo político y lo simbólico, el envío al Parlamento de proyecto de reforma judicial, que apunta a renovar una de las pocas instituciones que ha quedado abroquelada como una corporación inexpugnable y acomodada a los vientos políticos de turno, como el Poder Judicial, y el proyecto de legalización del aborto, son dos de los ejes que tallan con alta aceptación y que le pueden dar el hándicap necesario a la acumulación de poder social que necesita Alberto Fernández.
Desde el campo económico, incentivar la producción industrial y de valor agregado que permita conseguir los dólares necesarios para afrontar la restricción externa y superar el estancamiento al que nos sumió el Gobierno anterior.
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