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El borrador de la Ley de Urgente Consideración (en adelante LUC) es un proyecto cuyo objetivo, ya desde la campaña electoral, fue alinear, mantener unida a la Coalición Multicolor, en el arranque del gobierno liderado por Lacalle Pou. Ello es la explicación de la ausencia de urgencias legítimas y que sea una verdadera colcha de retazos con altísimo grado de improvisación. Al respecto decía Mieres en lamentable ironía “Seguramente no todo es urgente, pero ‘ya que estamos’» (Diario La República del 9 de febrero de 2020).
Lacalle Herrera, padre del presidente actual y también presidente, pero en el quinquenio 1990-1994, recurrió a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con ese mismo objetivo: alinear a la bancada no frenteamplista, en el marco de un acuerdo que se llamó “Coincidencia Nacional”. El préstamo, que derivabó de la firma de la Carta de Intención con el FMI, prácticamente no se utilizó (menos del 10%), pero sí los compromisos de política económica (condicionamientos), que coincidían muy bien con el pensamiento neoliberal del principal ministro de economía de dicho gobierno, Ignacio de Posadas, y todo su gobierno. ¿Será que esas “picardías” polítiqueras vienen de familia? Decía al respecto Vreeland, J. (2003) PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York:
“El gobierno de Uruguay entró en un acuerdo con el FMI en 1990 para impulsar políticas que de otra forma hubieran sido rechazadas. El gobierno no necesitaba un préstamo del FMI, pero encontró útil la imposición de las condiciones del acuerdo … rechazar el programa en el Parlamento resultaba más costoso para la oposición y para su propio partido” (“Buscando condiciones, no dinero: el acuerdo de Uruguay con el FMI en 1990” Revista “Economía Política en Uruguay” Compiladores Aboal, D. y Moraes J.A, Ediciones Trilce, Montevideo)
La historia posterior es bien conocida. Ajuste fiscal, privatizaciones y referéndum. Todos los componentes están presentes en el borrador de la LUC: el ajuste fiscal, esta vez más por el recorte de gastos que por aumento de impuestos1, y la privatización de empresas públicas, ahora comenzando por ANCAP. Sumemos la devaluación de los ingresos de las personas con ingresos en pesos de estos días con un aumento del dólar de un 12% en los primeros 10 días de gobierno, con las consecuencias conocidas sobre el gasto fiscal por incremento del peso de los intereses de deudas que se hayan contraído en dólares, que termina redundando en más y más ajuste, preparándonos ya para una lamentable propuesta de presupuesto quinquenal. Y este es el comienzo solamente.
La propuesta sí refleja cuales son las urgencias, a su entender, que hay que afrontar, y en ese plano define amigos y enemigos. Por ejemplo, el único sector económico que como tal merece un capítulo es el sector agropecuario, tradicional bastión del Partido Nacional, que declara en boca de sus gremiales empresariales; “venimos a aportar, no a reclamar”. Claro, del trabajador rural ni se habla, no es sujeto de “urgencias”, y los “aportes” los quedamos esperando.
Del otro lado, los que complican las cosas, trabajadore/as público/as y privado/as, y pasivo/as, criminalizando a las y los más débiles. El “enemigo” del equilibrio fiscal, a su juicio, es el Banco de Previsión Social (BPS), cuya asistencia en 2018 por parte de rentas generales se reparte entre casi 800.000 pasiva/os, 813 dólares por persona/año, 67 dólares por mes. No parece serlo la asistencia a la Caja Militar, con cerca de 55.000 pasivos, que implica una suma de 8.000 dólares por pasivo/año. La asistencia per cápita a la Caja Policial es de 6.000 dólares anuales2. Pero para ellos, el “enemigo” del crecimiento son los trabajadores, a los cuales hay que recortarles el derecho de huelga, ajustarles la negociación colectiva con la cual defienden su salario, y reducir su número en el estado. La primera vez que se menciona la palabra trabajador en el es para quitarle un derecho adquirido: cobrar su salario por medio de cuenta bancaria, lo cual lo protege de probables evasiones por parte de su empleador en los aportes a la seguridad social.
1 Aunque ya anunciaron la quita de dos puntos de exoneración de IVA y el incremento de las tarifas públicas. Aumento de tarifas que, en manos de la derecha, es una especie de impuesto disfrazado.
2 Si le agregamos a la asistencia financiera al BPS por art. 44 de la ley 14.550 de 1975, los impuestos afectados con igual destino, el monto por pasivo ascendería a 3.000 dólares por pasivo al año.
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