Por EconomiaPolitica.uy
En Uruguay las Empresas Públicas (EP) históricamente se han constituido como un activo que los uruguayos sentimos como nuestro. Los gobiernos del FA las incorporaron como componentes insustituibles de su concepción de desarrollo inclusivo, en el sentido de garantizar derechos sobre bienes públicos universales, tales como el agua, la energía, las comunicaciones, el acceso al sistema financiero en todo el territorio nacional, aún allí donde la demografía no asegura un retorno a la inversión (algo que la inversión privada nunca hará). Así fue como se potenciaron estas instituciones para el adelanto tecnológico, como base infraestructural del desarrollo económico, constituyéndose en sostén del crecimiento económico cuando la demanda mundial por nuestros productos exportables se detuvo. No solo se invirtió mucho en las grandes, que incluyen además al Banco República (atiende casi el 50% del negocio bancario en el país), Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado, Administración Nacional de Puertos y las tierras en propiedad del Instituto Nacional de Colonización; sino que además que se crearon 60 empresas menores subsidiarias de las mismas. Fueron las empresas públicas sostén del crecimiento económico en estos 5 últimos años, cuando la región se caía a pedazos.
El neoliberalismo post dictadura de la década del 90, en Uruguay fue encabezado por el herrerismo, cuyo liderazgo en el siglo XXI lo ejerció el padre del actual presidente, Lacalle Herrera. La venta de las EP fue una obsesión de su gobierno (1990-1994), felizmente derrotada en las urnas mediante plebiscito en el año 1992 (¡otro problema que tal vez le venga de familia!!!). Hoy el herrerismo ha logrado conjugar una coalición de partidos derechistas, con componentes fascistoides, que mediante esta LUC pretenden reiniciar un proceso privatizador, ahora disfrazado de desmonopolización.
En el borrador de la ley de urgencia se propone derogar “el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados establecidos a favor del estado” sujeto a una posterior reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. A continuación, se habilitaría a ANCAP a constituir una sociedad comercial, a través de la cual cumpliría aquellas funciones, pero en competencia. Lo que sigue es una incógnita, a medias despejada en la campaña electoral, una supuesta competencia entre privados y la empresa estatal, en un contexto en el cual la actividad de la refinería estatal fue cuestionada por una feroz campaña de engaños (por lo que es oportuno aclarar que desde mediados del año 2018 las naftas y el diésel no han aumentado de precio). Los importadores privados de derivados podrían erosionar solo temporalmente la posición de ANCAP en el mercado dada su fortaleza actual, por tanto, un mercado de libre competencia entre privados necesitaría de la privatización de ANCAP. A la vez, ANTEL también se verá debilitada como empresa, en tanto que la ley pasaría a una Unidad Reguladora de Servicios en Comunicaciones (URSEC) potestades de decisión que apuntan a ponerla en competencia en peores condiciones.
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