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En tiempos de confinamiento obligado por la emergencia nacional sanitaria a causa del avance del COVID-19, la realidad cotidiana de muchas y muchos desde el punto de vista de la subsistencia diaria se tornó muy dura.
En este sentido, las mujeres trabajadoras sexuales, están pasando por un momento muy difícil, donde comer (así como darle de comer a sus hijas e hijos) y pagar el alquiler está siendo imposible. No pueden trabajar: las whiskerías están cerradas y las calles custodiadas, pero como contrapartida no hay un política que las ampare.
Frente a la ausencia del Estado las trabajadoras sexuales organizadas comenzaron a tejer redes de solidaridad. Es por esto que creemos que no hay mejor forma de dar cuenta de su situación que hablando de primera mano con Karina Núñez, trabajadora sexual referente nacional de la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S).
En primer lugar me gustaría que nos cuentes un poco de vos y de O.TRA.S. ¿Otras es una organización sindical?
Soy Karina Nuñez, cuarta generación de trabajadoras sexuales de mi familia.
El colectivo O.TRA.S se formó a partir de una publicación que hice el 1° de mayo de 2018 con la libreta del trabajo sexual en mi muro de Facebook y de ahí armamos un grupo de Messenger de trabajadoras sexuales, y de ahí pasamos a Whatsapp.
Actualmente somos 64 compañeras casi todas del interior del país.
¿Cuál es la situación actual de las trabajadoras sexuales en el contexto de la emergencia nacional en la que se encuentra el país?
La situación actual de las trabajadoras sexuales en el interior profundo es de total desamparo. Las compañeras se encuentran a diario con la realidad de que si no pueden pagar el alquiler de los lugares donde están viviendo, automáticamente se las expulsa sin ningún tipo de consideración.
Muchas de las compañeras trabajan en localidades de las que no son oriundas, por lo tanto van quedando las que ni siquiera tienen un lugar a donde regresar, ni un hogar al cual acudir para refugiarse.
Muchas madres al no poder pagar el alquiler de los lugares en los que viven con sus niños y niñas se han quedado desprotegidas, viéndose en la obligación de irse a vivir transitoriamente a las whiskerías con sus hijos.
¿Cuáles son las demandas que le realizan al Estado en este contexto?
Las demanda que le hacemos al Estado -y que le hemos venido realizando desde 2018- es que se nos categorice como trabajadoras sexuales formalmente. No solo en “letra muerta” como es hasta el momento, en la ley 17.515 que es una ley “hueca”, sin reglamentación real.
Y en segundo plano pedimos que se nos conceda una renta básica para todas las trabajadoras sexuales hasta que pase esta pandemia ya que no podemos trabajar.
¿Qué respuesta han tenido del Estado en el contexto de esta emergencia nacional, y luego de las demandas que le han realizado?
Del Estado hasta el momento lo único que hemos recibido han sido llamados de distintas personas -que están en distintas áreas- diciendo que están buscando la forma en que pueden ayudarnos. En concreto aún no hemos tenido nada.
¿Cómo se organizaron para paliar la situación de emergencia de las trabajadoras sexuales?
Nos hemos organizado por departamento, hemos buscado referentes departamentales y ellas coordinan con las referentes locales para hacer llegar las canastas de alimentos e insumos de higiene -que es lo que hacemos para ayudar a las compañeras- a las más de 300 compañeras que se sumaron a O.TRA.S este último mes .
Las realidades son muy diversas y complejas según el lugar, tenemos por ejemplo casos en que el ómnibus entra al pueblo una sola vez en la semana y hay compañeras que han tenido que esperar toda una semana para que les llegaran las canastas porque no había locomoción que entrara a la localidad.
En Uruguay el trabajo sexual está regulado por la ley 17.515, en ese sentido ¿cuál es la situación real de las trabajadoras sexuales Uruguayas? ¿cuántas aportan a la seguridad social y tiene acceso algún tipo de amparo estatal laboral?
La ley 17.515 está vigente desde 4 de julio del año 2002, y tiene un solo decreto reglamentario que es el 480/ 003 con un decreto ministerial del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio del Interior que forma el Registro Nacional de Trabajo Sexual. El trabajo sexual es incorporado al BPS en el 2010 para que trabajadoras sexuales trans aun sin cambio de nombre y sexo registral puedan hacer aportes al BPS, pero la carátula que se nos habilita es la de “unipersonal”, por lo tanto la única cobertura que poseemos por parte del Estado es la de generar aportes para jubilación en los casos que se hagan los aportes; después no nos cubre en más nada.
Por último, ¿cómo se puede colaborar con las redes solidarias de las trabajadoras sexuales?
A través del colectivo de abitab 10 94 93.
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