Adriana Arosteguiberry y Gabriela Cultelli
Una “regla fiscal” es un instrumento para controlar al Poder Ejecutivo respecto del gasto público. Intenta señalar el comportamiento fiscal evitando mayores déficits. Algo así como decirle al Poder Ejecutivo “hasta aquí se puede gastar”.
No resuelve ningún problema por si sola. Pero si se toma para ajustar a rajatabla el gasto público, como una especie de designio sagrado, instrumento de políticas económicas neoliberales como fue el caso en Chile, puede concluir en tragedias como las vividas por el hermano pueblo.
Pero las reglas fiscales suelen ser diferentes, en las diferentes realidades. Nuestro país, por ejemplo, desde el año 2006 y aprobado por Ley presupuestal, cuenta con su primera regla fiscal.
La regla fiscal implementada en la administración frenteamplista (muy diferente a la aplicada en Chile), refiere a que el límite del gasto público se asocia a un monto específico de endeudamiento neto público, del cual el Poder Ejecutivo en condiciones extraordinarias podía superarlo en un 50% y con una sanción muy fuerte al Poder Ejecutivo en caso de incumplimiento. Si se requería un aumento del endeudamiento, tendría que ser autorizado por el Poder Legislativo, y sumamente justificado
Debe tenerse presente, que cuando el gasto supera los ingresos públicos, se producen déficits, que en su continuidad tienden a ser cubiertos por deuda pública. De allí que poner topes a la posibilidad de endeudamiento, es poner topes al incremento del gasto por encima de los ingresos públicos. De allí que la regla fiscal frenteamplista se atara a la capacidad de endeudamiento del país. Y es de lógica que la capacidad de endeudamiento varía porque varía la capacidad de pago, dada principalmente por la evolución de lo que el país produce, de sus ingresos anuales, y de las reservas internacionales que posee. Esta relación en realidad se presenta mucho más compleja que lo aquí expresado.
En el gráfico Nº1 podemos observar la alta correspondencia del déficit fiscal con la evolución del PIB en 20 años (1999-2019), con una brecha mayor del déficit a partir de 2014, año de inflexión del crecimiento ocurrido desde 2004. Hecho que pudiera observarse mucho antes que el Frente Amplio fuese gobierno.
En la gráfica 2 se ve claramente cuando la deuda neta (deuda total menos reservas) crece frente al aumento del déficit en dos momentos muy complicados: el comienzo de la crisis financiera internacional 2008-09 y la inflexión del crecimiento a partir de 2014 que obligó a la consolidación fiscal (o ajuste fiscal) de 2016. En ambos casos el instrumento (la regla fiscal imperante) se mostró flexible ante coyunturas cambiantes.
Pueden algunos sostener que la regla fiscal no era lo suficientemente rígida, y que efectivamente fue cambiada en dos ocasiones por el propio parlamento en tanto que el Frente Amplio tenía las mayorías parlamentarias. Es que debe entenderse que ni una regla fiscal, ni el propio déficit público eran objetivo del gobierno de izquierda, sino instrumento en un caso e indicador en otro a tener muy presente para poder cumplir los objetivos propuestos relacionados a la justicia e inclusión social, pero jamás objetivos en sí mismos. Sin perjuicio de ello, durante los gobiernos frenteamplistas la responsabilidad fiscal se manifestó en cada una de las instancias presupuestales. Lo expuesto se reflejó en el endeudamiento neto sostenible que para 2019 fue el 33% del PBI, o sea, la mitad del peso heredado en el 2004 (67% del PBI).
Como primera experiencia la regla fiscal actualmente vigente podría ser perfectible de cambio sin dudas, más ante tiempos tan cambiantes. Lo que parece aberrante es que, en plena crisis mundial, crisis sanitaria, social y económica, venga a plantearse ahora con carácter urgente, una expresión de deseo de implementación de regla fiscal al estilo chileno, pero peor pues estrictamente no queda claro ni cómo se hará.
Regla Fiscal y LUC
Uno de los tantos temas de la Ley de Urgente Consideración (LUC) es la aplicación de una regla fiscal. Y si hay tema que no requiere urgencia en el marco de la emergencia sanitaria, es instrumentar el sostén del ajuste fiscal que este gobierno coloca como uno de sus ejes principales de política económica. Luego del ajuste en las cuentas públicas “progresistas”, la regla fiscal se presenta como un mecanismo para operar como una restricción permanente sobre el gasto público. Tal mecanismo solo se presenta en titulares, ni siquiera se especifica su funcionamiento y magnitud. En momentos donde se ve fortalecido a nivel internacional el rol de Estado y los organismos internacionales aconsejan medidas expansivas, el gobierno uruguayo jugará al achique, siendo este instrumento “ciego” un mecanismo para ello.
La Regla Fiscal propuesta, fija como objetivo un determinado resultado de las cuentas públicas asociado a proyecciones del PIB, en tanto que se entiende que la variación del mismo es el factor único de variación de los ingresos. De hecho, la instrumentación parecería algo compleja, poco eficiente y menos transparente, siendo el motivo principal que nos hace sostener que en realidad no hay regla fiscal, o que la misma no se conoce, quedando al libre albedrío del Poder Ejecutivo (¿Azucena o Isaac?) para cuando quieran achicar y de la forma que quieran. Es una regla, sin regla, es inflexible pues no presenta ninguna ruta de escape.
Continuamos sin saber cuáles serán estrictamente las variables de ajuste que, en los marcos de la brutal crisis mundial, permita disminuir el déficit. Es de suponer que se trate de la típica batería neoliberal (disminución de gasto social e incremento de impuestos y tarifas al conjunto de la población) como ya se está dando en plena crisis sanitaria y social. Al mismo tiempo, se escudan en una supuesta herencia “maldita” inexistente, o en la coyuntura del covit’19 y “la gente que no cumple sus orientaciones”.
En un mes 100 mil pobres más , y el gobierno solo piensa en mecanismos de ajuste de gastos en tiempos de depresión. Súmese a esto una inflación en más de dos dígitos por primera vez en 16 años impulsada por la suba del dólar, las tarifas y el IVA; 176 mil seguros de paro solicitados en solo dos meses, hambre que se mitiga desde las 340 ollas populares que el pueblo mantiene para el pueblo. Mientras tanto, el gobierno nacional está muy ocupado tratando de resolver el déficit fiscal e implantar un nuevo Modelo de funcionamiento económico donde los más privilegiados sean cada vez más privilegiados.
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