La urgencia en tiempos de emergencia

@mateamargouy

Sebastián Sabini

La urgencia en tiempos de emergencia¹

Llevamos una semana de trabajo en la Comisión Especial del Senado para el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración y hasta ahora no hemos escuchado nada muy diferente de lo anunciado en campaña electoral (sin ningún contenido) y presentado en forma de borrador dos veces, una en febrero y otra a principios de abril hasta la última versión que ahora considera la Cámara de Senadores. Hemos sostenido que las urgencias de la gente eran otras y lo reafirmamos ahora. Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes en la historia de Uruguay (y en el mundo), que se trasladó a lo social y a lo económico con récord de trabajadores al seguro de paro, caída del consumo, dificultad para pagar alquileres, cuotas, con aumento de precios, generación de ollas populares, con aumento y profundización de todo tipo de problemas de salud producto del aislamiento social. Vaya contexto. Ahí están las urgencias y para ello nuestra bancada ha elaborado una serie de proyectos que se están haciendo públicos en estos días,en los cuales hacemos propuestas en materia educativa.²

Afirmamos que no era urgente (y ahora menos) pero además es inconveniente. El Poder Ejecutivo nos plantea un Proyecto de Ley de más de 500 artículos que aborda al menos treinta políticas públicas a discutir en noventa días. Seguridad, educación, inclusión financiera, empresas públicas, relaciones laborales, seguridad social, políticas sociales, código penal, inteligencia del Estado, derecho a huelga, libertades, etc., a ser votados de manera perentoria. Sólo esto bastaría para pronunciarse en contra de la forma de hacer política que nos propone la coalición multicolor. Un programa de gobierno a trabajar en cinco años pero definido en menos de tres meses, es un hecho político inédito en el país y la historia de las leyes consideradas en forma urgente. Por supuesto, las leyes que se pretenden modificar llevaron una discusión profunda y extensa, ahora nos imponen que sea de forma apurada y desprolija. Los artículos de la LUC nos traen un modelo que desarticula muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos quince años y que condujeron a mejoras de la calidad de vida de la mayor parte de la población. Los proyectos de urgente consideración fueron creados con otro cometido y para atender emergentes puntuales. Varios especialistas han planteado que este formato es inconstitucional y abusivo. Durante los últimos quince años se enviaron cinco proyectos de urgente consideración: cuatro aprobados y uno rechazado. El más extenso constaba de 19 artículos. Ahora, son urgentes 502.³

Pero a esto debemos sumarle la situación de crisis sanitaria que afronta el país y el mundo. La política del gobierno de aislamiento, que compartimos con matices, hace aún más inviable la discusión de este proyecto. Siguiendo al politólogo Daniel Chasquetti4, la realidad actual nos plantea otros elementos a tener en cuenta. En tiempo de distanciamiento social, cómo será viable recibir a las delegaciones de representantes que se ven afectados por los cambios propuestos en la ley. Las recomendaciones impuestas por el gobierno relegan la participación de legisladores mayores de 65 años (23% del total). Tratándose de un organismo colectivo, no parece lo más razonable que el Parlamento funcione en largas jornadas, lo que no sólo involucra a los legisladores sino también a todos los funcionarios del Poder Legislativo, aumentando los riesgos de propagación.

Las urgencias en educación

La “Sección III: Educación” tuvo modificaciones con respecto al borrador inicial, en gran medida, gracias a las voces de distintos sectores de la educación que manifestaron su disconformidad. Pese a esto, el proyecto sigue conteniendo elementos muy preocupantes.

Nadie puede objetar que cuando el Frente Amplio reformó la ley de educación, no lo hizo en forma democrática, participativa y responsable. Casualmente, en 1985 también se había modificado la ley de educación a través de un proyecto de urgente consideración. En cambio, el Frente Amplio convocó a un debate nacional sobre educación, se realizaron asambleas locales, charlas, conferencias, hubo reuniones en centros educativos con padres y madres, docentes y estudiantes, proceso que culminó con un Congreso Nacional de Educación (que contó con 713 asambleas y 400 aportes documentales5). Tuve la oportunidad de participar en una de ellas en el liceo Manuel Rosé, en donde me desempeñaba como profesor de Historia. Fue un proceso de involucramiento social muy rico y, aunque muchos quedaron disconformes con el resultado legislativo6, una enorme cantidad de elementos centrales de la ley aprobada tuvo como sustento este proceso, como las grandes definiciones generales. Luego de la discusión reseñada, el proyecto ingresó en junio de 2008 y se aprobó tras seis meses de discusión parlamentaria. En ese transcurso de tiempo se recibieron a representantes del CODICEN, la UDELAR, de las mesas de ATD de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente, delgados de AFUTU, FENAPES, FEUU, ADUR, CEINET, FUM-TEP y ADEMU. Pasamos de un proceso participativo y amplio a uno acotado en tiempo y participantes. Tampoco habrá movilizaciones de quienes sientan que se menoscaban sus derechos.

El texto mantiene en esencia un relato que se puede resumir en tres puntos centrales. El quiebre de la histórica y distintiva autonomía con la que cuenta nuestro sistema educativo desde sus orígenes7, lo que va de la mano de la eliminación de la participación de los actores vinculados al quehacer educativo. En segundo lugar, el avance de lo privado sobre lo público. Y por último, la precarización de la labor docente, menoscabada desde distintos flancos. Todo esto bajo un manto de dudosa constitucionalidad, tanto en su forma como en su contenido.

Es claro que no compartimos los lineamientos esenciales de la Ley de Urgente Consideración, ni en su forma ni en su contenido. Pero menos aún bajo las condiciones excepcionales que afronta el país, sin embargo no renunciamos a nuestro derecho a defender la Educación Pública.