Ricardo Pose
En febrero de 1989, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presentó un informe sobre la violación a los derechos humanos ocurridos entre 1972 y 1985. Más de tres décadas después, cuando en ese lapso se urdieron las Teorias de los “Dos demonios” y el “Operativo Zanahoria” con el objetivo de mitigar la responsabilidad de quienes ejercían el gobierno de turno y lograr desalentar la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, parece importante refrescar este fundamental testimonio documental.
Este artículo va dirigido ultra intencionalmente a los jóvenes, a los miles que se suman a la Marcha del Silencio todos los 20 de mayo, y a todos lo que sienten a flor de piel, la infamia indignante de una sociedad donde perdura la impunidad.
Intenta brindarles herramientas e información que les permita defender desde la razón lo que el sentido común les dicta; al Uruguay del 2020 vuelven a gobernar las concepciones políticas que utilizaron el terrorismo de estado, como un arma letal de poder, y en la deuda moral que aun sobrevive, los octogenarios que defiende y expresa el senador Manini Ríos, siguen pendientes de pagos.
Es además, un homenaje al sacerdote Luis “Perico” Pérez Aguirre, que atrincherado en SERPAJ, fue un defensor inclaudicable por los derechos humanos, la verdad y la justicia.
El informe
Los datos surgen de los archivos testimoniales de Serpaj y una encuesta realizada por Equipos Consultores, titulado: “La prisión prolongada en Uruguay”, sumándose las actas de las declaraciones de los procesados por la Justicia Militar, así como las denuncias presentadas en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
El informe fue presentado en febrero de 1989, pero el trabajo de investigación, encuesta y recopilación comenzó en marzo de 1987 y el universo fueron las personas de ambos sexos procesadas por la Justicia Militar entre abril de 1972 y marzo de 1985, que estuvieron recluidas en el Penal de Libertad, en Punta Rieles y otros establecimientos carcelarios.
Reclusión
El 63% de los recluidos de ambos sexos entre el Penal de Libertad (P.L) y Punta Rieles (P.R.) tenían entre 18 y 29 años y el 42,4 % tenía esa misma edad, recluidos en Otros Penales (O.P).
El 34,5% de los recluidos en P.L y P.R realizaban estudios universitarios, el 33% estudios secundarios y el 53% de los recluidos en O.P cursaban la universidad.
Tanto en el Penal de Libertad como en Punta Rieles, 20% eran profesionales, 16% obreros, 24% oficinistas y un 6% estudiantes, habiendo un 2% de integrantes de las Fuerzas Armadas.
En Otros Penales el 23% responde a profesionales, el 30% a oficinistas, el 11,5% a estudiantes y otro 11,5% a obreros y asciende a un 3,8% los integrantes de las Fuerzas Armadas.
De los presos políticos en P.L y P.R, el 23% estuvo preso por un periodo de 3 a 5 años y un 24% de 5 a 8 años; un 15% estuvo recluido más de 12 años, haciendo un promedio en el total de 6 años.
Detenciones
Al momento de la detención, un 60% de los hombres y un 69% de las mujeres tenían entre 18 y 29 años.
El 43% de los detenidos de ambos sexos alquilaban una vivienda y el 29 % eran cooperativistas o promitentes compradores; el 81% no poseía vehículo.
El 73% de los detenidos de ambos sexos residían en Montevideo, el 14% en capitales del interior y un 12% en el interior.
El 28% poseían pareja e hijos, un 21% solo pareja y un 19% vivía con sus padres. Un 55% no tenían hijos, pero de los que tenían un 56% eran menores de 11 años.
El 62 % de los detenidos eran militantes políticos activos y un 19% tenían responsabilidades de dirección, un 9% actividad gremial, un 6% actividad periférica y un 5% pertenecían a movimientos sociales o religiosos.
Las oleadas masivas de detenciones se dieron en los periodos 1972-1974 y una segunda entre 1975 y 1977; según reconoció con orgullo el Coronel Silva Ledesma, en marzo de 1984 la Justicia Militar había procesado a 4.933 personas.
A esa cifra, hay que sumar los cientos de detenidos no procesados, que según los estudios habrían sido cerca de 3700.
El censo de población de 1975 arrojaba 2.788.429 habitantes lo que da un promedio de 18 procesados cada 10.mil habitantes.
El 48% fue detenido en su domicilio, un 23% en la vía pública y un 9% en su trabajo.
47% de las detenciones fueron realizadas por efectivos del ejército, 23% por la policía, un 11 % por la marina, un 13% por las fuerzas conjuntas y un 6% por efectivos de grupos para militares entre 1975 y 1980.
Los vehículos oficiales utilizados en las detenciones fueron un 42% y cerca de un 30% en autos particulares.
El 29% de las detenciones se realizaron durante la madrugada, un24 % en la noche y 47% durante el día. Un 60% de las detenciones durante el día se produjeron en el periodo 1978 a 1980.
El 43% de las detenciones se realizaron bajo el método denominado “ratonera”, por la similitud con la trampa colocada a los roedores.
Un 21% de las detenciones en los domicilios implicaron destrozos en los hogares, y un 35% por ciento implicó el robo de pertenencias de los detenidos en sus hogares. Un 7% de los robos se producían luego de la detención, donde algunos efectivos volvían con un camión OM leoncino, custodiado por automóviles Ford Escort y Volskwagen.
Entre el periodo 1978- 1980, los operativos muy violentos representaban el 0% elevándose luego de ese periodo al 8%.
Familiares
En un 44% de las detenciones había familiares presentes. Un 24% de los familiares se enteran a las 48 horas de la detención y un variado 4% se entera en un periodo que va de 72 horas a mas de tres meses.
Un 40% de los familiares demoran 72 horas en enterarse del lugar de detención en 1980, y un 12% de los familiares sufrieron detenciones posteriores a la detención de los involucrados.
Los centros
Cerca de 50 centros de detención entre oficiales y clandestinos donde realizaron torturas, se pudo contabilizar en todo el país.
El 48% de los detenidos por deducción ubicó el lugar donde estaba detenido, el 22% por sus compañeros y solo 6% por sus captores.
Un 16% de los detenidos estuvieron permanentemente incomunicados y un 42% estuvo incomunicado por un plazo de cuatro días a un mes.
Torturas físicas y sicológicas
El 69% de los detenidos tuvo el sueño alterado.
En el caso de los hombres, un 97 % estuvo encapuchado, un 97% de plantón, un 95% recibió golpes y un 86% se le impidió ir al baño. En el caso de las mujeres apenas un 10% menos de los anteriores, padecieron las mismas situaciones.
El hambre y la sed representó en ambos casos el 80% .
69% recibieron picana,67% submarino, 47% colgamientos y 57% simulacro de torturas.
14% fue testigo de tortura a familiares y un 7% de hombre y 7% de mujeres fueron violados y un mismo porcentaje en ambos casos, testigos de violaciones.
A un 87% de los detenidos se le aplicaron entre 6 y 14 tipos de torturas.
Defensa
En promedio, un 27% contaron con defensor particular, un 39% defensor de oficio, y un 23% con particular primero y de oficio luego. Un 11 % con oficio primero y particular después.
El 18 % nunca recibió visita de su abogado y un 23% después de los 3 meses; casi un 52% lo recibió luego de entre uno a seis meses de reclusión.
Incautaciones
26% de los detenidos sufrieron incautaciones de sus bienes y un 4 % confiscaciones. Los montos de dinero cotizados al peso en 1987 con un valor de dólar de 200 pesos, superan en promedio los $U499.999 en un 5 %, y ha cifras mayores.
Salud
Un 81% de los recluidos consideró perjudicial la consulta síquica; 41% de las consultas fueron involuntarias. Un 3% de las consultas fueron por intentos de auto eliminación y un 19% por angustia, depresión y ansiedad, seguido de un 11% por trastornos del sueño y un 8% por crisis nerviosas.
De un total de 43% que hacia ingesta de sicofármacos bajo a un 10%, una vez recobrada la libertad.
Muertes durante el cautiverio
Los datos responden a pesar de las falsas e incompletas informaciones oficiales, a las personas que como ejemplo en el caso de Luis Carlos Batalla o Roslik, los militares no pudieron ocultar la evidencia, sumando 22 los fallecidos a causa de las torturas recibidas.
Homicidios políticos en Uruguay
Contabilizados los fusilados en Soca y los fusilados en la seccional 20 del PCU, suman 13 los asesinados, a los que se suma el envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, elevando el número a 14.
Los asesinatos políticos fuera de frontera confirmados son los de Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
Falta agregar en este articulo los cientos de uruguayos, adultos y niños, detenidos desaparecidos.
Secuelas del terrorismo de Estado
Un 48% de los que sufrieron reclusión persistían con algún nivel de trastorno más o menos reversible, y un 40% aun lo padecía a la fecha del informe (1985-1989).
Un 2% de ambos sexos sufrieron fracturas traumáticas en su salud mental y otro 2% con patologías genitales.
Un 35% sufrieron perjuicios económicos y un 19 % contrajo o profundizo problemas de salud.
Este informe, estos datos, corresponden a los ex presos políticos. El cuadro se podría completar con los otros tantos que sufrieron el exilio, y los cientos de casilleros por rellenar, son los que completarían, saber la mala suerte, de los detenidos desaparecidos.
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