¿Álvaro Garcé y el gobierno de Lacalle, modifican la ley de Inteligencia “…a solicitud de un Estado extranjero”?

@mateamargouy

Colectivo Mate

El día 9 de junio, comparecieron ante la Comisión especial para el estudio de la LUC de la Cámara de Representantes, el Ministro del Interior (Jorge Larrañaga) junto con su equipo, y el Director de la SIEE, el Dr. Alvaro Garcé.

En el marco de las discusiones del proyecto de la LUC, se encuentran 9 artículos que proponen modificar la actual ley que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la creación de la SIEE1. Como ya lo planteamos en una artículo anterior 2, consideramos que estas modificaciones son regresivas y atentan contra una política de Estado construida recientemente y votada por la mayoría del sistema político. Ley votada a finales del 2018 que aún no puede ser evaluada ya que no fue implementada.

A su vez, no podemos dejar de mencionar y alarmarnos de que estos cambios se quieran realizar con un mecanismo excepcional, y en el marco de perspectivas económicas y sociales que nos da pautas preocupantes, que auguran una agudización de las tensiones económicas y sociales en nuestro país. No es una buena señal en términos democráticos.

Pero qué nos lleva a escribir este artículo. En la sesión citada anteriormente, el diputado Daniel Caggiani (MPP-FA), realiza una intervención, a partir de lo que argumentara Garcé en relación a la creación de la clasificación de información secreta, que mucho nos llama la atención y nos alarma.

Garcé plantea: “Al asumir la función y al hablar con representantes de agencias extranjeras, se nos preguntó repetidamente acerca de cuál es la protección de la información en el derecho positivo uruguayo y nosotros dijimos que era confidencial y reservada. La siguiente pregunta era quién y en qué circunstancias podía levantar la confidencialidad.” Frente a esta afirmación, más desarrollada aún, se desprende claramente que el argumento para dicha modificación se encontraría centrado allí.

Según consta en la versión taquigráfica, y en respuesta a esta afirmación, el diputado Caggiani plantea: “se ha dicho que se debe a que hay Agencias de un Estado extranjero [que]han solicitado esta posibilidad, y que para intercambiar información se necesita tener esa calificación de secreta por parte de la normativa uruguaya.”

Haciendo una detenida lectura del la versión taquigráfica antes citada, es difícil sostener lo contrario a que “las recomendaciones” de agencias extranjeras (como suelen llamarse los organismos de inteligencia), hayan sido relevantes para establecer modificaciones en la normativa nacional y en el sistema político uruguayo. Aunque más adelantes, en otra intervención, el Dr. Álvaro Garcé niegue haber realizado los cambios “a solicitud de Estados extranjeros”, es difícil de creer o al menos dudoso.

A su vez, se nos ocurre agregar dos elementos más para reflexionar: el primero, basándonos en que el Estado Uruguayo tiene las herramientas legislativas y jurídicas para garantizar la seguridad y el manejo adecuado de información sensible; el segundo, todos quienes hayan estado vinculados al mundo de “la Inteligencia”, saben que hay datos, información e informes, que no quedan registrados en papel alguno. Que se transmiten por canales informales.

Podríamos ser receptores de verdades y aceptar el desmentido o “aclaración” de Garcé en dicha sesión y suponer que no recibió ni presiones ni recomendaciones de Estado extranjero alguno, pero como nos reservamos el derecho a la duda y tenemos como ejercicio el leer entrelineas, y además intentamos analizar las evidencias de manera integral, quisiéramos dejar algunas reflexiones preliminares.

Estas supuestas recomendaciones de Estados extranjeros no estarían para nada descolgadas de lo que el actual gobierno plantea como eje central en su política de Seguridad y Defensa, las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado (dando un giro hacia la seguridad interna en materia de defensa nacional). Eje central reafirmado por GARCÉ en reiteradas ocasiones. El combate al crimen organizado y el narcotráfico (con lo que estamos de acuerdo, pero como misión de los organismos encargados de la seguridad interior), han sido y son parte de la estrategia de seguridad del Comando Sur de los EEUU, “traficando” dicha amenaza al resto de los países de Latinoamérica. No podemos dejar de tener en cuenta que el caballito de batalla del Crimen Organizado, el Narcotráfico y el Terrorismo han sido utilizados, en muchos países, como excusa para la persecución, el seguimiento, la vigilancia y la represión de los movimientos populares, la criminalización de la protesta y hasta el asesinato o desaparición de líderes sociales (como en Colombia, México y otros).

Además, es llamativo el abandono de la inteligencia estratégica por el establecimiento de una posible “mega agencia de inteligencia interna”, con capacidades operativas, con información secreta y gastos reservados (enmarcada en el supuesto de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado). ¡Si será llamativo!, que en simultáneo se flexibiliza la normativa referida al lavado de activos, elemento central en una adecuada estrategia de lucha contra el crimen organizado y su financiamiento.

Una vez más, otros Estados, otras Agencias o llanamente otros intereses están pisando fuerte en nuestra nación y están afectando nuestra Soberanía. Corriendo el riesgo de dejar una lesión profunda que atente contra los intereses de nuestra patria. No estamos de acuerdo.