Reglamentar las tierras, tarea vigente y estratégica

@mateamargouy

Ramón Gutiérrez, junio 2020

Nunca fui muy adepto a esencialismos, mucho menos a disputar la carroña de la cáscara de nuestros viejos luchadores. Bien lejos los que se autodenominan portavoces exclusivos del artiguismo a diestra y siniestra, bien lejos los que canonizan destinos marcados por huellas antiguas, bien lejos los que envuelven reacción conservadora en trapos de presunta originalidad nacional.

Vale la pena de todas maneras, trenzar el tiento del camino, necesariamente nuevo, en el lazo de la historia. Vale la pena reafirmar que hay símbolos que no se regalan. Artigas es uno, como no se regala ningún revolucionario, ninguna bandera emancipadora, ninguna memoria de dignidad. No se regala la noción de patria en su sentido más hondo: patria como apropiación sentimental y consciente del lugar donde vivimos, como compromiso tácito con nuestro pueblo, patria como sentido de responsabilidad sobre el destino colectivo; Patria Grande como imagen política del proyecto más ambicioso que podemos aspirar los hombres y mujeres libres de nuestramérica.

Este nuevo aniversario del nacimiento de Artigas, es una oportunidad inigualable para colocar con seriedad en la agenda de organizaciones sociales y políticas la cuestión agraria como problema central del devenir económico, político y cultural de este pedazo de mundo. Y lo es, porque llega en un contexto político claramente desregulador, con una Ley de urgencia que sólo trae malas noticias entorno al Instituto Nacional de Colonización, el mercado de tierras y la regulación de uso, malas noticias para la función social del Estado, malas noticias para los que entendemos que los bienes estratégicos deben ser controlados socialmente y anuncia un presupuesto quinquenal durísimo para los intereses de “los más infelices”.

Pensar la economía uruguaya como organizadora principal de todos nosotros es un asunto complejo y plagado de actividades. Pero pensarla en clave estratégica, de prioridades, parece “más sencillo” y pasa centralmente por pensar el control y destino social de la renta agraria, que asciende a unos 4000 millones de dólares anuales, 1500 de los cuales quedan en manos de los terratenientes. Ese problemita tan nuestro de que “acá se escriba la historia según valen los terneros” es un problema político concreto y sustantivoi.

Se alarman economistas liberales y “periodistas agropecuarios” con el patrimonio del Instituto Nacional de Colonización. Se alarman representantes gremiales de los grandes productores y dirigentes políticos del gobierno con los aprox. 1200 millones de dólares de patrimonio que tiene el INC en tierras propias. Se alarman con 400.000 hectáreas de tierras públicas. Se alarman con un mísero 2,5% de la tierra del Uruguay conseguida durante casi 1 siglo. Ese patrimonio de todas conseguido con tanto esfuerzo social y político, representa sólo 2 años de arrendamiento de las 4 millones de hectáreas de tierras que están sistemáticamente en alquiler en Uruguay: son 600 millones de dólares anuales que embolsan los ”rentistas puros”, sin más mérito que un título de propiedad.

Pero el problema político para el gobierno actual es el costo del Estado, el precio del salario y el ambiente de negocios para que el empresariado invierta y genere puestos de trabajo. ¿De dónde sale esa confianza en la clase acomodada nacional? ¿De qué antecedente histórico o dato empírico? ¿Dónde está el dinero de los malla de oro? Por lo pronto, casi medio producto bruto anual uruguayo, unos 25.000 millones de dólares sabemos que están en el exterior, de los cuales 7000 millones están guardados en bancos extranjerosii. En Paraguay, los terratenientes uruguayos compraron aproximadamente unas 2 millones de hectáreas, en el mismo período que el INC compró apenas 140.000 hás. La plata de los uruguayos en el exterior supera toda nuestra deuda externa (22.000 millones de dólares) y todo el stock de inversión extranjera directa (23.000 millones de dólares). Hace tiempo que no nos engañan con versos estos “patriotas” de traje y corbata que acusan al Estado de ser el mayor terrateniente, que gargantean de clima de negocios y condiciones para trabajar, pero la juntan en pala y la sacan para afuera.

Puede sonar mareador tanto número, pero es estrictamente necesario. Si es una batalla dura y permanente multiplicar los peces y mover un punto del PBI, hagamos cuentas. 1% de crecimiento significan 600 millones de dólares, equivalente a la apropiación rentista anual. Si los malla de oro invirtieran un 10% sólo de lo que tienen en los bancos del exterior mueven 1% del PBI. Si de las remesas al exterior de bancos y empresas trasnacionales se reinvierte un 30% movemos otro 1% del PBI.

Nuestra oligarquía es rentista y especuladora. No invierte ni arriesga demasiado. Es la tumba de cualquier nación una clase dirigente tan holgazana y más aún si los subalternos naturalizamos semejante hábito y lo convertimos en anhelo propio. La apuesta progresista a sustituir la oligarquía por capital transnacional como motor económico estimulando la inversión extranjera directa, ha dado frutos de crecimiento evidentes, ha capturado conocimiento, tecnología y mercados, pero tiene como contracara la pérdida gradual de soberanía, la sangría de plusvalía a través de las remesas y la reafirmación de un rol subordinado en la división internacional del trabajo, propio de una economía primarizada.

La realidad no es tan distinta a un año atrás en algunos aspectos sustantivos. Son los mismos los que tienen el sartén por el mango. Pero es cierto también que una de las canillas del derrame fue cerrada. Esa canilla de renta agraria ascendió a unos 2500 millones de dólares transferida mediante política cambiaria a los sectores importadores y el consumo. El movimiento al alza del tipo de cambio no es otra cosa que cerrar la canilla principal de reparto de la renta agraria que tiene la política uruguayaiii.

Ahí debe estar la discusión ahora para levantar un programa social alternativo al neoliberal, pero evitando el atajo extemporáneo de la primavera progresista, cuya política distributiva (sin alterar la estructura de poder) fue posible durante el pico de precios de las materias primas, coyuntura que no está a la vista en el corto plazoiv.

La política cambiaria puede ser un instrumento veloz y práctico para derramar renta agraria sin mayores conflictos. Es un instrumento táctico de evidente impacto en las mayorías, que ha logrado en distintos momentos de nuestra historia incremento de salario y condiciones de vida. Cuando muta en capital público, en empresas y servicios estratégicos, significa también democratizar poder. Pero es cierto que como norma, mantiene intocada la rosca, el poder de fondo, la concentración del ingreso, tiene una enorme dificultad para apropiarse de la renta extraordinaria de las materias primas en ciertos momentos y lo más importante, una enorme dificultad para transformar esa riqueza social en inversión colectiva hacia un proyecto propio, soberano. En el plano estratégico, es una política “Carpe diem” o pan para hoy, hambre para mañana.

La forma cambista de distribuir renta agraria subsidia capitales ineficientes de las ciudades, infla el consumo superfluo de bienes importados sin destino productivo y más temprano que tarde es la tumba de los batllismos. Es un proyecto de desarrollo cuyo derrotero sistemático es el fracaso porque en ningún momento logra democratizar poder, ni disputar la reproducción ideológica. Si el segundo batllismo cae por una política arancelaria que beneficia una burguesía industrial ineficiente, el progresismo lo hace por una política cambiaria con similares consecuencias sobre los importadores: en los dos casos, las mercancías que involucran a estos sectores ciudadanos, logran una masificación artificial en el consumo popular uruguayo que más temprano que tarde implica comerse parte del capital agrario o corroer su productividad.

Hay que discutir con la realidad para que las contradicciones nos impulsen lo más lejos posible hacia adelante. Los niveles de concentración de la tierra son alarmantes: 1100 empresas tienen el 33% de la tierra, las 40 más grandes tienen el 12% (5 veces más que la tierra propiedad pública), una superficie equivalente a la que tienen los 20.000 productores familiares de menor tamaño. El avance del capital transnacional sobre las cadenas de valor es evidente con casi 50% de tierra en manos de sociedades anónimas como principal indicador indirecto. La disminución en el número de establecimientos (12.000 la última década censada) y pobladores rurales es una tendencia que no frena a pesar del esfuerzo colonizador de los últimos años.

Eso no es coyuntura, es proyecto civilizatorio, es causa y consecuencia del devenir rentista del proceso político uruguayo, proceso devenido en una timba parásita en la que estamos todos implicados, claro está, con distintos niveles de responsabilidad. Lo cierto es que lo han abonado oligarquía y reformismo, Herrerismo y Batllismo, reaccionarios y progresistas: El rentismo como fenómeno trascendente del quehacer productivo nacional es causa y consecuencia de la estructura agraria, del tire y afloje entre terratenientes y mayorías sociales.

Esa contradicción económica histórica dio origen al ciclo de revoluciones latinoamericanas que homenajeamos junto con Artigas y sigue sin ser saldada: entre interés terrateniente y el interés general, entre propiedad privada como derecho y propiedad-tenencia como responsabilidad social, entre reparto de ingreso y reparto de poder. Porque si la cosa es vivir de la renta agraria siendo propietario rural o hacerlo sentado en una oficina de ciudad vieja subsidiado por la política cambiaria, vamos a seguir en la misma calesita eterna.

Uruguay es, paradójicamente, uno de los países con menos población rural, superando incluso a países del “mundo rico”. Según datos del Banco Mundial tenemos 5% frente a 18% de América del Norte, 25% de la Unión Europea, 19% de América Latina y el Caribe, 9% de Países bajos, 17% de Nueva Zelandia. Seguramente las formas de cálculo varíen entre naciones y esa información puede tener interpretaciones. Pero basta recorrer el amplísimo listado para ver que estamos en un extremo. Y ese extremo representa simbólicamente nuestra “uva de la ira”, un despojo organizativo y cultural edificado tenazmente por el interés de las minorías. Este trayecto socio-demográfico tan radical debe ser analizado a la luz de la conveniencia colectiva en un mundo que enfrenta la crisis más importante de las últimas décadas, donde son esperables cambios en la hegemonía internacional, cambios anunciados en el mundo del trabajo, cambios imprescindibles en la relación hombre-naturaleza.

Hay un proyecto derrotado de país descentralizado, de economía con desarrollo endógeno, de respeto a la naturaleza y cuidado del entorno, de tierra cuya tenencia este destinada al servicio del bienestar de las mayorías, de integración e interdependencia latinoamericana. Ese proyecto sólo saldrá de la derrota cuando vuelva a estar en la agenda política como necesidad histórica y eso resurge en cada crisis donde se aprieta el bolsillo de las mayorías, donde nos reconocemos como patria ganadera, agricultora, lechera, granjera, forestal, donde volvemos sobre nuestros pasos para buscar donde rascar para poder pagar la olla.

En este problema estructural, que ya estaba ocasionando traspiés al progresismo con una baja sensible del empleo, incremento del déficit fiscal, endeudamiento externo y el comienzo de un ajuste gradual, la historia nos coloca una vez más a la cabeza de la dirección política de la sociedad una alianza herrero-riverista, con manto de chicago boys y algún condimento legitimador extra, propio del oportunismo partidista.

Para quienes luchamos por la democratización de la tierra, hay una tarea de resistencia evidente que tiene como bandera la defensa de su función social, de la ley 11.029, el Instituto Nacional de Colonización y su fuente de financiamiento. Pero hay otra tarea imprescindible y es la programática, para levantar una alternativa global superadora de la vocación rentista y concentradora del Uruguay.

Ese debate programático debe polemizar con la “mirada sindical del campo”, hegemónica en la izquierda, que suele ver la historia como devenir mecánico, productivista, aglomerador, urbanista; una mirada que aguarda la masificación sindical en el agro para considerar que su correlación de fuerzas es suficiente para desafiar la estructura agraria. Es una mirada que proyecta un pedazo menor de nuestra realidad al conjunto, que entiende como necesidad y conveniencia la industrialización del campo. Y es necesario polemizar porque el Uruguay tiene capacidad técnica de modificar sustantivamente el paisaje ganadero nacional, que representa tres cuartas partes de la superficie, sin “capitalismo radical”, con manejo de conocimiento. Debe polemizar porque el incremento sostenible de la riqueza nacional, exige claro está tecnología avanzada, pero no vendrá de una maquinización al estilo gringo en Iowa o la pampa húmeda argentina, en una agricultura que en Uruguay se desarrolla en apenas poco más del millón de hectáreas de “tierras quebradas”, que requieren rotación agrícola forrajera para su sustentabilidad. Debe polemizar con la voracidad forestal, cuyo aporte a la diversificación productivo-económica es bienvenida, pero que en su búsqueda de abaratar fleteo no discrimina suelos agrícolas, despuebla gigantescas áreas y cerca productores, buscando su integración armónica a los sistemas ganaderos. Debe polemizar porque el sujeto popular para la transformación agraria debe comprender además de los trabajadores rurales, a productores familiares, técnicos y profesionales, el sistema de fomento y el cooperativismo de trabajo y agrario nacional.

Sin un imaginario nuevo para el campo uruguayo, sin combatir el imaginario bagalleado por el capital agrario en las mentes de las mayorías sociales a través de expos montadas por empresas de insumos, vamos a seguir luchando para volver a empezar una y otra vez. Hay un proyecto socio-demográfico que debe resurgir como programa político-social, hay un campo esperando un poco más de gente que lo habite y trabaje, hay técnicos y profesionales agrarios sepultando su vocación debajo de tareas menos convenientes para la sociedad, hay pueblos del interior esperando desarrollar servicios sociales, hay formas más eficientes y armónicas de usar la energía de los agreocosistemas, formas muy productivas de obtener alimentos sanos.

Cuando levantamos esta discusión resurge como reflejo una falsa dicotomía entre la pequeña chacra campesina, vista como nostalgia primitiva, y una producción de escala marina, vista como modernidad productiva y eficiente. Claro está que no estamos imaginando una raviolada ingenua. No estamos pensando en abstracto, sino anclado a la realidad nacional concreta y la experiencia social, productiva y académica del devenir agropecuario del Uruguay en toda su diversidad de orientaciones y recursos naturales. Estamos hablando del fomento y desarrollo de unidades productivas cuyo tamaño además de relacionarse al rubro y el modelo productivo que lo oriente, se relacione con la tecnología disponible, la amortización del capital, la productividad del trabajo y la necesidad que tiene un país agropecuario como el nuestro, donde la atención humana es fundamental. Un país, que al vivir de las materias primas, debe jerarquizar la productividad de la tierra y la relación entre insumos importados y bienes exportados de dicha productividad.

En ese país, planificar es un derecho de las sociedades y no sólo de las empresas, es una necesidad democrática. En ese país, el ordenamiento territorial se toma en serio, se cuidan las cuencas estratégicas de agua dulce, se cuidan los ecosistemas y áreas protegidas, se promueve la integración de rubros productivos que garanticen la sostenibilidad económica, social y ambiental de las unidades de producción. Ese país necesita existir en nuestra cabeza como pueblo para disputar seriamente su concreción.

Ese destino posible es distinto al neoliberal de las elites y a los batllismos que hemos construido como alternativa popular. Nos exigirá mucha más capacidad emprendedora colectiva nacional, mucho más conocimiento académico y social orientado a los agroecosistemas. Mucho más conocimiento académico y social orientado a la microeconomía, la economía local y regional. Mucho más conocimiento académico y social orientado a la agroindustria y el comercio internacional.

Podremos discutir cuales son los mejores instrumentos para apropiarnos de la renta agraria, cuales son los caminos más eficaces para que la tierra cumpla su función social, cuales son los mejores instrumentos para regular el uso garantizando libertad, iniciativa y estímulo, pero hay que saber adónde apuntamos. Hay un rumbo rentista que deja hacer a las fuerzas de la economía y pelea por el derrame disputando el aparato del Estado. Hay otro rumbo de dignidad que recoge la tradición revolucionaria latinoamericana, que exige mucho más esfuerzo intelectual y organizativo porque se trata de calificar la tierra como bien estratégico para asegurar que la tenencia cumpla la función social, se trata de enmarcar la economía para garantizar el control democrático del excedente.

El problema de la propiedad privada terrateniente no es sólo ideológico. Es primero práctico. La propiedad privada no ha demostrado ser la forma de tenencia más conveniente para el desarrollo agrario nacional. Muy lejos de lo que sostiene el Ministro Uriarte, el arrendamiento ha sido la forma de tenencia más pujante para la intensificación de la producción. Así nacieron las chacras, así se ha desarrollado la agricultura de secano y el arroz, así ha crecido la lechería, así se lleva adelante parte importante de la forestación y así luchan por acomodar la escala muchos ganaderos. La propiedad privada de la tierra en enormes extensiones no ha incubado una actitud emprendedora, sino parásita. Cuando la propiedad no cumple la función social para la cual fue constituida, debe ser revisada para garantizar que el conjunto de la sociedad se beneficie de los frutos de nuestras capacidades comparativas naturales.

Hay un conjunto diverso de pueblo que piensa en esta clave. La capital no tiene sólo luces que encandilan, tiene también un conjunto de problemas que invitan a irse. Hay un conjunto amplísimo de pueblo que necesita una piola de dónde agarrarse para sortear un futuro incierto. Nunca más acertado decir que sigue tan vigente como ayer la necesidad de reglamentar las tierras para pensar el cambio social duradero en Uruguay.