Daniel Caggiani
Cuando en la campaña electoral discutíamos sobre lo que estaba en juego en esa elección nacional, no era solamente por la elección de diferentes candidatos o una simple formula electoral, sino lo que implicaba y los dos modelos o proyectos de país que estaban en juego, con las mayorías parlamentarias necesarias para plasmarlo luego en definiciones políticas, normativas y presupuestales.
También queríamos transparentar que en esa discusión, entre otras cosas estábamos debatiendo sobre quienes iban a terminar recayendo el peso del ajuste económico. Si en las grandes mayorías sociales que ponen el lomo para sacar esta país adelante o en los sectores económicos que han sido los eternos privilegiados.
Debo decir que nos sorprendieron!
Es verdad que el tiempo nos terminó dando la razón. Pero nunca pensamos que fueran tan rápido y que se animaran a tanto.
Es que en estos casi cuatro meses han sido un carrusel de marchas y contra marchas nunca antes visto. La lista puede ser interminable, parece que en algunas áreas, no estaban tan preparados para gobernar, o lo disimulan bastante bien.
Durante las últimas semanas se han conocido declaraciones públicas de varios integrantes del gobierno, en dónde se cuestiona el gasto que se ejecuta en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y se plantea la necesidad de revisarlo.
En este sentido el propio ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, cuestionó a través de una nota en el semanario Búsqueda del día 4 de junio “las cantidades formidables de dinero que al cabo del año” se gastan en comida para los niños que asisten a las diferentes propuestas de nuestra escuela pública.
Por su parte, la nueva directora general del CEIP, Graciela Fabeyro, entrevistada también por La Diaria el día 13 de junio y consultada acerca de si estaba en sus planes revisar el programa de alimentación expresó: “Los recursos económicos están resultando escasos por toda esta situación de pandemia, entonces habrá que priorizar estrategias. Fijate que en este momento la alimentación de emergencia nos está resultando mucho más cara. Habrá que buscar estrategias (…) No estamos diciendo eliminar ni reducir, digo revisar, porque son muchas las personas que están alimentándose.”
Asimismo, luego de que la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores resolviera citar al Ministro de Educación de Cultura, a la directora de Primaria, al presidente del Codicen y al ex – consejero de Primaria Hector Florit, para explicar las distintas apreciaciones sobre el gasto en alimentación del PAE; la senadora Graciela Bianchi, refiriéndose al tema declaró este lunes ante varios medios de prensa: “Conozco la situación, fui secretaria del Codicen y siempre se gastó más dinero del que se debería gastar. Pasaban por mis manos las resoluciones. La pandemia puso en evidencia que se gastaba muchísimo más dinero y destinatarios de los que había”.
Estas afirmaciones y conclusiones a las que arriban varios del los integrantes del gobierno se basan principalmente en el análisis bastante sesgado de un único dato concreto, y es que durante la emergencia sanitaria el PAE sólo recibió 70.000 solicitudes de atención alimentaria, mientras que en situación normal el programa atiende a más de 230.000 niños en sus diferentes modalidades. De manera muy simplista se asume que si “sólo” se están brindando 70.000 viandas durante la emergencia sanitaria, el resto de los niños que utiliza el servicio normalmente no “necesitaría” acceder a él.
Es que asumen que se estaría gastando “más de lo necesario” y que el programa como tal debería ser revisado buscando reducir el gasto, “sin dejar de darle de comer a nadie que lo necesite” afirmó el ministro de Educación y Cultura en la entrevista antes citada. Cabe preguntarse entonces, ¿qué entiende el ministro como la necesidad alimenticia de nuestras niñas y niños? Creemos que hay muchas variables que no se están teniendo en cuenta al expresar este tipo de afirmaciones.
Hay algunas cuestiones importantes a señalar. En primer lugar en la propia Misión del PAE, según puede verse en la página web del CEIP, se encuentran definidos los siguientes objetivos: “los servicios de alimentación escolar cumplen, al menos, tres funciones básicas en la infancia: la alimentación, la socialización y la educación integral de los escolares, con el objetivo de lograr una correcta nutrición y adquisición de hábitos relacionados con la alimentación, que influirán positivamente en la salud con proyecciones que perdurarán a lo largo de su vida”. Sin lugar a dudas los objetivos del programa se plantean un horizonte mucho más amplio que el sustento de un plato de comida de las niñas y niños cuyas familias no pueden solventarlo.
Es verdad que un Programa de Alimentación Escolar no puede pensarse solamente como el mero hecho de llenar la panza a los gurises. Pero ante la realidad económica y social que estamos atravesando y las que las perspectivas que no parecen ser las mas auspiciantes, sino todo lo contrario, esto ya es importante para un conjunto importante de gurises y sus familias.
De todas formas, la correcta nutrición y la adquisición de hábitos relacionados con la alimentación saludable no debe ser vista como un objetivo menor, sino todo lo contrario. Los números publicados el año pasado por el Ministerio de Salud Pública, a partir de un estudio donde se cataloga a la obesidad y el sobrepeso como una epidemia en nuestro país, indican que el 65% de los uruguayos adultos y casi el 40% de los niños se ve afectado por estas problemáticas.
Colocar en el debate publico que la alimentación en las escuelas es un problema para las nuevas autoridades desde el punto de vista presupuestal, no solo trasluce un desconocimiento supino de la Educación Publica, sino que además desnuda la parte mas jodida de su pequeño corazón que podría venderse casi sin uso.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) distribuye a diario 270.000 raciones de comida, atendiendo a aproximadamente 230.000 niñas y niños de los casi 350.000 que asisten a educación primaria pública , en diferentes modalidades y en más de 2300 escuelas de todo el país. Algunos reciben sólo el almuerzo, otros desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda, otros desayuno, almuerzo y merienda u otros sólo desayuno o sólo merienda dependiendo de la propuesta disponible en la escuela y de los requerimientos nutricionales de cada niña o niño.
Un dato no menor es que un gran porcentaje de las niñas y niños que acceden al servicio de alimentación asisten centros educativos de tiempo completo o extendido, propuestas de educación especial o escuelas rurales, lo que significa su presencia en la institución de al menos 5 horas o más, cuya propuesta educativa supone per se la ingesta de alimentos en el centro dada la extensa permanencia que implica. Otro gran porcentaje asiste a propuestas de 4 horas, pero que pertenecen al programa A.PR.EN.D.E.R (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), por lo que la atención alimenticia, en la mayoría de los casos resulta más que necesaria.
La inversión que implica para el Estado garantizar la alimentación de estas niñas y niños es de un promedio de 1 dólar por niño por día. Monto que se vio triplicado en costos por porción a partir de la emergencia sanitaria y el sistema de reparto de bandejas.
Durante el ejercicio 2019 se ejecturaron para el rubro alimentación escolar aproximadamente $ 1.983 millones de pesos. Esto significa un gasto anual de unos 47 millones de dólares aproximadamente. El dinero que se utiliza para sustentar este rubro proviene del Impuesto de Primaria y el monto ejecutado representa un 62% del total de lo recaudado a través del mismo.
El Impuesto de Primaria es, según su propia definición, a la que se puede acceder en la página web de la DGI: “un impuesto anual que grava las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales para financiar los créditos presupuestales de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria. Lo recaudado a través de este impuesto se utiliza principalmente para la alimentación y el transporte de los niños a las instituciones educativas, para tareas de reparación, mantenimiento y limpieza de escuelas y útiles escolares.”
Cuando se escuchan algunas propuestas de que algunos niños deberían pagar un ticket para acceder a este servicio, de alguna manera lo que se está proponiendo es que las familias paguen nuevamente un servicio por el cual ya pagamos el conjunto de la sociedad.
Por último, asumir linealmente que porque un porcentaje alto de familias no retiraron viandas de alimentos durante la emergencia sanitaria, esto significa que todas esos niños y niñas no necesitan del servicio, sin tener en cuenta los factores de riesgo que implicaba la circulación, la lejanía de algunas familias de los centros de estudio, la reducción de algunos gastos que podría implicar la no asistencia de los niños a los centros educativos, la propia conciencia de las familias ante la situación, intentando hacer los mayores esfuerzos posibles para reducir los gastos durante la emergencia y otros tantos elementos que pueden haber incidido, es al menos irresponsable.
Si bien era esperable que en un gobierno con una supremacía Neo Herrerista en su conducción y con la participación de un viejo ajustador serial como “Lito” Alfie, aplicara un abultado recorte del gasto y la inversión pública como regla, y que esto necesariamente recayera en la reducción de garantías para el ejercicio de derechos -sobre todo de los mas vulnerados-, nadie esperaba que a menos de 4 meses de asumir el nuevo gobierno, se metieran con la inversión en la alimentación saludable de nuestros gurises.
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