Colectivo Histórico Las Chirusas
Cuando la elección de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 1916 le otorgó la mayoría a los conservadores (Partido Nacional + riveristas del Partido Colorado), la ola de medidas reformistas impulsadas por José Batlle y Ordóñez llegó a su fin. Hoy, 104 años después, la historia parece repetirse: un gobierno conservador le pone fin a una etapa que se caracterizó porque el grueso de las políticas se direccionaran mayoritariamente hacia los más desfavorecidos.
La llegada
Los primeros años del siglo XX uruguayo fueron testigos de una nueva etapa de modernización, con cambios económicos, sociales y políticos muy profundos. Con un sistema político que profesaba una cierta independencia de los poderes económicos de la época, independencia que se manifestó ex profeso cuando la Asamblea General optó por darle la presidencia a José Batlle y Ordóñez, y no a “el inglés” Mac Eachen.
Batlle era quien más apoyo popular tenía, aunque eso no influyera para nada ya que la decisión la tomarían los 82 legisladores de la Asamblea General, pero las clases conservadoras preferían a Mac Eachen. Los sectores de poder intuían que la elección de Batlle nos llevaría a la Guerra Civil y a un progresismo económico y social.
De las posibles relaciones entre economía y política, el Uruguay había configurado una “vía media”. Para Barrán y Nahum, la llegada de Batlle al poder solo es “comprensible dentro de un marco interpretativo que tome en cuenta la autonomía del personal político uruguayo frente a los ricos y fuertes sectores sociales que controlaban la economía.”(1)
El “avancismo” batllista
Fruto de esta ‘independencia’ de lo económico y la profesionalización de la política, el batllismo buscó centralizar definitivamente el poder en el aparato del Estado, ejecutar la fase final de la construcción “civilizatoria”, construyendo el “estado social” y democrático.
Don pepe estaba convencido de que el Estado debía jugar un rol importante en la economía y en la sociedad con el objetivo de que ésta sea cada vez más justa, y -en sus propias palabras- «Que los pobres sean menos pobres aunque los ricos sean menos ricos”(2). En consecuencia gobernó, impulsando -principalmente en su segunda presidencia (1907-1911)- una serie de leyes para mejorarle la calidad de vida a los uruguayos y achicar así la brecha social.
Nacionalizó y estatizó empresas privadas con el fin de mejorar la calidad de los servicios, evitar la fuga de ganancias y generar puestos de trabajo.
Impulsó una serie de proyectos de ley en materia de legislación laboral que implicaban un conjunto de medidas en favor de los obreros, siendo la más influyente la ley de regularización de la jornada laboral, popularmente conocida como ley de 8 horas. Pero también reglamentó el derecho de huelga, incluso antes de que éste se estampara en la Constitución.
En materia de educación, el reformismo extendió la gratuidad de la enseñanza a la secundaria, y creó liceos en el interior del país.
El freno
Para afrontar estas -y otras- medidas, el gobierno intentó tocar el gran capital, aumentando por ejemplo la contribución inmobiliaria rural. Pero meterse con los ricos y gobernar para los pobres siempre ha generado problemas en esta patria, y el reformismo no fue la excepción.
La oposición de las clases dominantes (que acusaban a Batlle de socialista) generó que los proyectos de Don pepe quedaran en su gran mayoría encajonados, pudiéndose aprobar una mínima parte de ellos.
Su gran reforma política consistía en modificar, mediante una reforma constitucional, el Poder Ejecutivo presidencialista por un colegiado integrado por nueve miembros: seis de la mayoría y tres del segundo partido más votado. Y así fue que aquel último domingo de julio de 1916 el conservadurismo operó y dejó a Batlle sin mayorías en la constituyente, lo que lo obligó a negociar y abandonar varias partes de su reforma.
La derrota electoral del reformismo generó que el entonces Presidente de la República, Feliciano Viera, comenzara lentamente a alejarse de Batlle para rodearse de los conservadores blancos y riveristas. La nueva correlación de fuerzas impulsó a Viera a ponerle punto final a las reformas batllistas, generando un claro cambio de rumbo por parte del gobierno. «Bien señores, no avancemos más en materia de legislación social y económica (…) hemos marchado bastante a prisa, hagamos un alto en la jornada. No patrocinemos nuevas leyes de esa índole y aún paralicemos aquellas que están en tramitación en el cuerpo legislativo…”(3)
En adelante el gobierno de Viera se encargó de defender los intereses de las clases dominantes, paralizando por ejemplo el proyecto de ley que establecía un salario mínimo para los peones rurales y un día de descanso semanal obligatorio, así como también nuevas nacionalizaciones.
La ley de 8 horas promulgada poco tiempo atrás no fue respetada por numerosos empresarios, motivo por el cual los obreros de Montevideo realizaron reiteradas y masivas huelgas que fueron reprimidas a balazos por la policía.
Viera y los conservadores ganaron por los votos, por el de una consciente oligarquía pero también por el de obreros y peones. Las medidas tomadas por el gobierno nada tuvieron que ver con los intereses de estos últimos, por el contrario, terminaron perjudicándolos más que a nadie.
El mito del eterno retorno
Un siglo después, Uruguay atravesaba un ciclo -ya no de 2, sino- de 3 gobiernos progresistas, de avanzada, cuando un nuevo alto fue decretado y el gobierno volvió a manos de un partido conservador (mejor dicho, una coalición de partidos conservadores).
Al igual que en 1916, con la salvedad de que en este caso algunos poderes fueron creados o restablecidos gracias a la reactivación del aparato productivo nacional (fruto de las políticas del progresismo), los grupos de poder económico vinculados en su gran mayoría al herrerismo del Partido Nacional, con la ayuda del riverismo de Cabildo Abierto y un Partido Colorado al que ya ni el olor a batllismo le queda, decidieron jugar fuerte y volver al poder para cortar una distribución progresista del crecimiento económico y social en nuestro país.
Nuevamente, como en aquel fatídico último domingo de julio de 1916, no todos los que eligieron a este nuevo gobierno son oligarcas y el voto de los trabajadores -y el de aquellos que a pesar de haber mejorado todavía deberían seguir siendo el objeto principal de todas las políticas sociales del Estado- fue fundamental.
A contrapelo de quienes dicen que la historia no se repite, a solo cuatro meses de asumir, el nuevo gobierno ya legisla a favor de quienes detentan el poder económico y en contra de los trabajadores y los desposeídos de nuestro país.
La LUC y la restauración conservadora
Una ley de 500 artículos declarada de urgente consideración no solamente le pone un freno a varias medidas tomadas por el gobierno precedente, sino que también las modifica.
Luego de 15 años, tiempo en que por única vez en la historia la brecha entre los que más y los que menos tienen se achicó mediante la distribución del ingreso, el gobierno del Partido Nacional (y sus aliados) amontonan una serie de cambios en una Ley que haría quedar como un tibio al propio Feliciano Viera.
Si bien intentaron desmonopolizar algunas empresas públicas y no pudieron por un gran manejo retórico del líder de Cabildo Abierto, arriesgando la unidad de la coalición para ir marcando desde ya que quiere ser el sucesor de Lacalle Pou, esta Ley limita el derecho de huelga y habilita el desalojo de los piquetes. Cuando durante el batllismo algunos piquetes se armaban en la puerta de la casa de Batlle y Ordóñez, y el mismo Batlle y Ordóñez podía desarticularlo saliendo al balcón y hablando con los trabajadores aglomerados.
En materia de educación, permitió la injerencia de lo privado en lo público, centralizando el poder en las direcciones.
Eliminó la obligatoriedad de poblar y trabajar las tierras adquiridas mediante colonización.
Una atrás de la otra
Y no termina acá. Este gobierno revisionista, no deja pasar una semana sin despacharse con recortes sorpresivos en su clara necesidad de no cometer los mismos errores del Macrismo, mostrando que vinieron por todo y no tienen tiempo para la gradualidad.
Recortes en el MEC, en el MIDES, perdida de salario real para el trabajador, perdida de poder de compra generalizada. Y la última, ultimísima, la frutilla de su torta de desprecio clasista, también vinieron por el alimento escolar y por estigmatizar la pobreza para que los pobres jamás vuelvan a pensar que pueden ser tratados como iguales, ni siquiera en los ámbitos públicos.
Si el parate de Viera contra el reformismo en 1916 recibió el carácter de “alto”, en términos de tránsito estamos ante una “marcha atrás”, una restauración conservadora que no se va a detener en el 2002 ni en los 90’. Va a ir más allá, porque les dimos 5 años para hacerlo y las consecuencias van a ser tan grandes que en 5 años será barajar y dar de nuevo, por eso se apuraron a mezclar chorizos caseros con seguridad pública.
NOTAS
1- Barrán, José Pedro y Nahum, Benjamín. El Uruguay del Novecientos. Ed. Banda Oriental; Montevideo; 1979; Pág. 240.
2- Rodríguez Fabregat, Enrique. José Batlle y Ordóñez: El Reformador. Ed. Claridad; Buenos Aires; 1950; Pág. 545.
3- Diario El Siglo; Sábado 12 de agosto de 1916; Pág.5.
