Ricardo Pose
Asumir responsable y lealmente con la sociedad, como resolver la conjunción del interés público con el privado, no dejar el mínimo espacio para la duda y la interpretación, ese reflejo republicano que le da su razón de ser al republicanismo, es una actitud que varios integrantes de la coalición multicolor, lucen como una hilacha, vieja y desteñida en sus ropajes.
A poco mas de cien días de asumir el nuevo gobierno, y aún con organismos públicos que siguen con vacantes en sus cargos de autoridades, sigue sorprendiendo la impunidad con que se realizan nombramientos, donde no produce el menor rubor la conjunción de intereses privados con la función pública.
Quienes propician la eficiencia de la gestión de la cosa pública como si fuera una empresa, arriban a la conclusión de que el mejor nombramiento es el de aquella persona que es “exitoso” en su emprendimiento privado.
Se llevan puesto incluso, los claros conceptos y hasta convenios internacionales que Uruguay ha ratificado en materia de Transparencia.
Precisamente la Junta de Transparencia y Ética Pública que abarca a todos los funcionarios y quienes realizan gestión pública sostiene que: “Los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por la República Oriental del Uruguay y que hoy integran el ordenamiento jurídico interno del país, vinculados al combate del fraude y la corrupción administrativa, hacen caudal invariablemente, a la prevención de los conflictos de interés. Efectivamente, se intenta legislar con una intención precisa: evitar que los intereses privados atenten contra los intereses colectivos y que determinados principios básicos del actuar público —lealtad, imparcialidad, probidad, entre otros— se vean afectados por la actuación deshonesta de los servidores del Estado. Conocer cuándo estamos ante un conflicto de intereses, cómo resolverlo, cuáles son los mecanismos que el derecho positivo vigente prevé para enfrentar el problema, sus consecuencias y, sobre todo, los procedimientos preventivos para evitar su producción, resulta materia de imprescindible conocimiento para los funcionarios públicos y, paralelamente, para el ciudadano común, quien a través de adecuados mecanismos de participación social, debe estar en condiciones de exigir al servidor la adecuación de su desempeño funcional a derecho.”
En un lenguaje mas llano, además de ser republicano, hay que parecerlo.
No ha sido la tónica por cierto de esta coalición multicolor, aunque hay que reconocer que todos los partidos integrantes, han aportado su cuota de designaciones pasando por alto los preceptos de la JUTEP.
De las primeras designaciones que generaron alarmas fue la del Ministerio de Ganadería, donde se nombró Director Forestal, a Faroppa, importante empresario de la forestación y del riñón de Talvi.
El nombrado presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Miguel Loinaz, compró todos los boletos. Al mismo tiempo que por ser presidente de la CND tenía la representación de Uruguay ante el mundo por ese organismo, era cónsul de dos naciones y tenia importantes negocios en el extranjero. Levantó la apuesta con un intento detenido a tiempo de nepotismo, contratando a su futura esposa.
Y por cierto, su destitución no obedeció a éste claro ejemplo de la conjunción del interés publico con el privado, sino a su escandalosa gestión.
El diputado colorado por Salto Omar Estevez, es un importante empresario del rubro citricola en su departamento, y votó en el parlamento un aumento del Fondo citrícola, que lo beneficia.
Las modificaciones a través de la LUC de algunos padrones del Instituto Nacional de Colonización, favorecen los intereses del colono Roque Moreira, suegro del senador Guido Manini Ríos, que votó esas modificaciones.
En la incorporación general a la flota del Ministerio de Defensa del sistema de control Vehicular, figura públicamente como asesor del funcionamiento del sistema, Oscar Caviglia Lacalle, primo del Presidente Luis Lacalle Pou.
Tómese nota que nos puede estar faltando alguien que desarrolla su gestión de bajo perfil y la lista es incompleta.
Eso pasaba por ejemplo con la diputada suplente de Canelones por Cabildo Abierto Inés Monzillo, hasta que su actuación en un plenario le dio cierta notoriedad pública, y alguna gente recordó que la diputada junto a su esposo en primeras nupcias, Rubén Marco son propietarios de la empresa de distribución de facturas MarcoPostal.
El asunto aquí es que dicha empresa distribuye facturas de OSE y Antel.
El tiempo dirá si sus firmes convicciones cristianas poseen algo de republicanismo.
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