Ricardo Pose
No nos estamos refiriendo a ningún abuso cometidos contra mujeres que así se llamen, aunque el título puede dar a confusiones; nos referimos a como un Partido como el Nacional que históricamente se erigió y erige como “Defensor de las Leyes”, violente normas legales todo el tiempo, o apadrine las de sus socios de coalición.
Durante su periodo de oposición, el Partido Nacional en su actuar parlamentario y en sus declaraciones de prensa, ha sido el actor político mas enérgico en “denunciar” la presentación o aprobación de proyectos de ley conteniendo inconstitucionalidades.
Lo hacía como aquel famoso hincha de cerro, que ante el avance de su equipo al área rival, empezaba a gritar desaforadamente: “¡penal juez, penal!”.
Escudados en la delgada linea que confunde la acción ilegal con la falta de ética política, han sido en estos casi primeros cinco meses de gobierno, una práctica casi de manual de varios de los coaligados.
En verdad, pertenece a una lógica de una forma de concebir la política, nacida en el clientelismo y en los gestores de tramitar pensiones y carné de salud, donde la Institucionalidad o buena parte de ella, era usada para esos fines políticos.
Lo más bochornoso del escándalo del ex intendente Carlos Moreira más que el contenido de los audios, es la situación aún no aclarada de las pasantías en la Intendencia de Colonia.
Que varios directores de organismos públicos y ministerios, sea a la vez empresarios del mismo rubro en el que deben actuar, como por ejemplo el forestal Carlos Faroppa, director de la dirección forestal del MGAP, está en el pretil de lo legal y en el quinto subsuelo de lo ético.
La sala 17 Paulina Luisi del Palacio Legislativo, famosa por que allí sesiona la comisión de presupuesto cuando el largo debate del mismo, y últimamente la comisión que discutió la Ley de Urgente Consideración, se transformó en este periodo de gobierno en el local de lanzamiento de listas departamentales, entre otras integrantes de la coalición multicolor, las nacionalistas.
A veces, incurren en desesperados esfuerzos de originalidad o creatividad, en flagrantes violaciones a normas, exponiendo propios y ajenos.
El pasado jueves, en la Sala 17 del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, la fórmula nacionalista que disputará la Intendencia de Canelones reunió a varios candidatos a los municipios. Entre ellos estuvo Esteban Vieta, candidato a alcalde por el Municipio de Sauce, quien participó activamente en la redacción del Programa de Gobierno que lleva como candidato a intendente de Canelones a Amin Niffouri, previamente a ser asesor del programa de la candidata a la intendencia de Montevideo Laura Raffo.
Ofreciendo su apoyo a la gestión policial como garantía de resolver los problemas de seguridad de su ciudad, no tuvo mejor idea que difundir un banner donde aparece rodeado de funcionarios policiales uniformados, violando claramente las disposiciones de la Ley Orgánica Policial.
En la plaza de la Charqueada en el departamento de Treinta y Tres, manos anónimas colocaron en pleno mediodía y en el mástil del pabellón nacional, la bandera de la nacionalista Lista 3, aliada de la lista 8 del ex intendente Dardo Sánchez y del ex candidato a presidente en las internas, Sergio Botana.
Ante la actuación policial, el asunto se resolvió, denunciando que la bandera había sido hurtada de un local partidario.
A la empresa Mebilor, proveedora de la tecnología que instalo el Ministerio de Defensa para el control de la flota vehicular, pertenece el primo del presiente Lacalle, Oscar Caviglia Lacalle.
La empresa MARCOPOSTAL distribuyó documentos comerciales en situaciones eventuales, Contratación por COMPRA DIRECTA N° 10060496, por un volumen de 75.000 documentos comerciales. El servicio se efectivizó entre los meses de marzo a mayo de 2020, por lo que significó un 2.46 % del total de la emisión del periodo.
El precio de la compra fue de $U 12.85 (pesos uruguayos, doce con 85/100) por pieza, más IVA, más Tasa Postal.
IVA $ 2.83 (22%) – Tasa Postal $ 1.28 (10 % del servicio).
Esta empresa ya había sido contratada por OSE en el periodo pasado.
La novedad es que la empresa Marco Postal, es propiedad de Rubén Marco, esposo de la diputada cabildante Inés Monzillo, quién también figura en el registro de la propiedad Industrial como propietaria de la empresa.
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