Avanzan causas de tortura y abusos sexuales en FUSNA

@mateamargouy

Rodrigo Barbano

Las torturas y abusos sexuales en el período 1972-1985 en la sede del cuerpo de la Armada llamado “Fusileros Navales”, han sido documentadas en denuncias judiciales, testimonios de víctimas, notas de prensa, y estudios académicos que menciona este lugar, ubicado en unos galpones del puerto de Montevideo, como un centro de detención y tortura por donde pasaron cientos de personas secuestradas.

En particular en el libro “Un marino acusa” de Daniel Rey Piuma, se identifican y recopilan datos del funcionamiento de este y otros centros clandestinos de detención y torturas en dependencias de la Armada.

Los crímenes de lesa humanidad perpetrados por parte de efectivos de la Armada, no se limitaron a este lugar, aunque sí tuvieron en el cuerpo de Fusileros Navales un protagonista principal, ya que fueron creados en 1972 con la finalidad específica del combate a la subversión. Ese combate, fue entendido bajo la doctrina de la seguridad nacional como una avanzada represiva. El patrullaje y la militarización de zonas de la rambla, del Puerto y del propio barrio Ciudad Vieja de Montevideo, fueron una expresión del control dictatorial sobre toda la población.

Pero además la Armada y, en particular del FUSNA, tuvieron un rol relevante en las coordinaciones represivas del Plan Cóndor, con una relación permanente con su par argentino, la Escuela de Mecánicos de la Armada (ESMA), la cual está considerada el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura cívico-militar argentina. Esta coordinación fue ampliamente demostrada por varios documentos oficiales que fueron fundamentales en el Juicio de Roma para la condena a cadena perpetua del torturador y ex fusilero naval Jorge Troccóli.

No obstante, a pesar de todos estos hechos, solo hay un integrante de la Armada condenado en Uruguay por delitos de lesa humanidad. Juan Carlos Larcebeau fue procesado en 2007 y condenado dos años más tarde junto al ex dictador Gregorio Álvarez por su responsabilidad en una treintena de delitos de desaparición forzada en el marco de las coordinaciones del Plan Cóndor1.

En la sentencia de condena de esa causa, un ex Comandante del FUSNA, Eduardo Laffite, declaró:

“ “…específicamente las idas a Buenos Aires es un hecho más de las tareas y eran con mi pleno conocimiento.- En ese período, de octubre de 1978 a junio de 1980, fueron muy pocas veces y al principio de mi período y recuerdo que la mayoría de las veces era para coordinar la seguridad del Almirante Massera que venía frecuentemente.- Hubo un par de idas de coordinación y después se hacía todo desde Colonia…”“…..fue una tarea que se asumió, Fusileros era quien le daba seguridad a Massera que estaba muy amenazado según dato que daban los argentinos”…, “…las otras veces eran las coordinaciones habituales que había permanentemente, pero los viajes fueron muy pocos, no puedo precisar números y con mi conocimiento”.

Laffite, esta vez como indagado, es defendido por la abogada del Centro Militar, Dra. Rosana Gavazzo y está citado a declarar en varias causas iniciadas entre 2011 y 2013.

Durante años, los integrantes de la Armada han contribuido a diluir sus responsabilidades a través de alimentar la leyenda negra del ejército, sugiriendo que la represión y delitos de la dictadura y el período de actuación ilegítima del Estado del gobierno de Pacheco y Bordaberry estuvo casi exclusivamente en manos del ejército y la policía, especialmente su organismo de Inteligencia, la DNII. Según esta línea argumentativa, en los batallones del ejército y las dependencias policiales es donde se habrían cometido los ‘excesos’, mientras que por otro lado la Armada habría tenido un rol opositor a los avances autoritarios, fundamentado en el sonado enfrentamiento con el Ejército en febrero del 73, la oposición al golpe de estado por parte de figuras como Oscar Lebel, etc. Se diluye intencionalmente en ese relato la permanente coordinación del FUSNA y la inteligencia de Prefectura (DIPRE) con el Servicio de Información de Defensa (SID), el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y con sus pares argentinos.

Ese discurso atemperador del rol de la Armada en los crímenes de lesa humanidad que durante años los propios implicados han favorecido, parece empezar a desmontarse.

En la actual estrategia judicial junto con el relato de esquivar la responsabilidad que les cabe a los protagonistas, se apuesta a las dilatorias, las presiones a diferentes actores judiciales y el control sobre los propios testigos e indagados de forma de impedir que den respuestas a los requerimientos de la justicia, etc. Estas acciones pretenden ganar tiempo para que la impunidad sostenida durante décadas ahora se convierta en impunidad biológica por el fallecimiento de los indagados a la vez que se fortalece la reacción contra las acciones punitivas en forma de proyectos de ley de restablecimiento de la impunidad, cambios en la fiscalía, ataques directos a los fiscales encargados de la persecución penal, entre otras.

Es relevante destacar que tanto en las megacausas contra el Plan Cóndor de Argentina e Italia, se han presentado pruebas documentales y testimoniales, que dan cuenta de la participación en la coordinación represiva de militares de la Armada Nacional y el FUSNA. Un caso emblemático es el del ex Capitán de Navío Jorge Tróccoli, prófugo de la justicia uruguaya y condenado a cadena perpetua en 2019 en Roma.2

Las causas en Uruguay

Actualmente, sobre este centro clandestino de detención y tortura de la Armada, hay una decena de causas judiciales activas en etapa de presumario, es decir en investigación, las que pueden dividirse según sus características en 3 grandes grupos:

Causa colectiva “FUSNA”:

Impulsada por CRYSOL en el año 2012,3 esta causa judicial acumula actualmente alrededor de 50 víctimas que denuncian haber estado recluidas y sometidas a distintos tipos de abusos en el FUSNA entre 1972 y 1985. En la denuncia y el aporte de pruebas de dicha causa se recorren los testimonios de las víctimas y se aporta documentación muchas veces con declaraciones de militares de la Armada donde admiten que la misión del FUSNA era específicamente “hacer allanamientos, detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición” y se señalan 25 represores a quienes se solicita se cite en calidad de indagados, entre los que se cuentan nombres que en estos 8 años han sido procesados por otras causas como Jorge Gundelzoph, José Nino Gavazo y Juan Carlos Larcebeau, otros han fallecido sin recibir condena, como Iván Paulós y Vicente Pose Pato y finalmente un tercer grupo de represores cuyos nombres que se repiten en diferentes señalamientos de víctimas como responsables de torturas. Entre estos últimos se encuentran Tabaré Daners, Alex Lebel y Eduardo Laffitte.

Causa colectiva “Morgan”:

Esta causa judicial involucra alrededor de 100 denunciantes en la llamada “Operación Morgan” y consistió en la persecución y represión, principalmente de miembros del Partido Comunista del Uruguay y la Unión de Juventudes Comunistas, entre octubre de 1975 y junio de 1976. Esta causa también incorpora la investigación penal de detenciones y torturas a personas de otros grupos políticos y en fechas previas al período mencionado.

Cabe aclarar que en esta causa se mencionan además del FUSNA, otros 20 centros de detención y torturas ubicados en todo el país. En el año 2018 la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad pidió el procesamiento de José Nino Gavazzo, Ernesto Ramas y Jorge Pajarito Silveira por torturas y abusos sexuales contra las personas detenidas. Este procesamiento aún espera ser resuelto.

Causas individuales:

Además de las causas colectivas, hay un grupo de alrededor de 10 causas judiciales iniciadas en su mayoría a partir de las denuncias ciudadanas en comisarías, realizadas en octubre de 2011 en el marco de la convocatoria que se llamó “Yo Me Hago Cargo”. Las denuncias identifican al FUSNA como el lugar donde se cometieron los delitos, y dentro de ellas al menos 4 fueron archivadas entre el 2012 y 2013, mientras que las restantes siguen en etapa de investigación.

Tanto en las causas colectivas “FUSNA” y “Morgan”, así como las individuales, los defensores de los criminales de lesa humanidad han aplicado los mismos métodos judiciales que han perpetuado la impunidad desde el retorno de la democracia para las cientos de denuncias realizadas desde entonces. Es decir, durante los gobiernos blancos y colorados, apelar a que los crímenes estuvieran amparados en la ley de caducidad (tristemente puesta nuevamente en el tapete gracias a propuestas anacrónicas de parte de algunos legisladores). Luego de restablecida la pretensión punitiva del Estado, en el año 2011, los defensores de la impunidad han apostado a una enorme batería de recursos judiciales y chicanas que parecen estarse agotando. El número de procesamientos tanto solicitados por la fiscalía especializada como los que fueron decretados por los jueces respectivos en los primeros meses de este año dan cuenta de este hecho.

Tal vez esté llegando la hora de que los macabros lugares como el FUSNA, que integró la enorme red represiva del terrorismo de Estado y. sobre el cual pesan esta enorme cantidad de denuncias y evidencias, comience a tener sus propios criminales condenados.