Mtra. Sophie Talbotier
Las palabras que titulan este artículo forman parte de un audio que recibí cómo respuesta ante la manifestación de mi preocupación por un alumno que no estaba asistiendo a clase. No he parado de pensar en ello desde que lo recibí.
No se trata de juzgar la decisión puntual que una madre, en el marco de las políticas educativas actuales, tomó en el entendido de que era lo mejor para su hijo. Tiene argumentos y son, siempre, respetables.
Me pregunto por qué estamos con posibilidades de tomar este tipo de decisiones respecto a nuestros niños y nuestras niñas. Más aún, me pregunto qué hacemos ante una situación así.
Para empezar pongamos el tema en debate. La infancia debe ser priorizada de manera urgente y para ello hay que hablar sobre los problemas que la habitan y cómo abordarlos.
Desde las escuelas, y con una importante labor por parte de las maestras comunitarias en los casos que contamos con ellas, estamos acercando, cuánto más podemos, propuestas educativas a las familias y lxs niñxs que no están asistiendo a clase. Aún a costa de sentir que todo esfuerzo es incluso insuficiente, estamos tejiendo y fortaleciendo vínculos con niñxs y familias en forma permanente.
Sin embargo, la catarata de decisiones políticas, parecen ir en contra de garantizar el derecho a la educación de nuestra infancia.
El trabajo interinstitucional en territorio dio sus primeros pasos formales hace más de diez años y hoy sabemos de su importancia en el abordaje integral de las problemáticas sociales. Cuando ésta se debilita las repercusiones en las familias son inmediatas y significativas. Las escuelas trabajaron durante la no presencialidad, y lo siguen haciendo hoy, con escasas posibilidades de trabajo interinstitucional en territorio. Esto se debe a que muchos programas del MIDES e INAU se vieron recortados en cantidad de integrantes y en tiempos de intervención directa durante los primeros meses de la Emergencia Sanitaria, lo cual repercutió directamente en el acompañamiento y apoyo a familias más vulnerables. Nos constan, los esfuerzos que hicieron los equipos territoriales por sostener las redes y el seguimiento de las situaciones. Sin embargo, y pese a ello, varios servicios demoraron en recuperar la atención y en algunos, hoy en día, está en duda su continuidad.
Sin estos apoyos, disminuyeron las posibilidades de las familias para concentrarse en la educación de sus hijos e hijas. Es entendible, tienen mayores prioridades como sostener el trabajo, sus viviendas, asegurarse el abrigo y la comida. Resulta increíble que aún hoy se niegue la renta básica a sectores más perjudicados por la crisis.
Por otra parte, muchas familias no han podido generar arreglos que les permitan sostener una presencialidad disminuida en relación a lo previsto en marzo. Sería importante hacer un relevamiento de quienes precisan algún sistema de traslado subvencionado por el Estado, o establecer un sistema de cuidados para complementar (por lo menos hasta que termine este año lectivo) el horario laboral de los adultos que trabajan. Se trata de evitar que las familias queden entrampadas entre decidir dejar el trabajo o dejar a sus hijxs solos en sus casas.
En este marco, es de suponer que el fortalecimiento de las escuelas públicas y sus docentes son un pilar fundamental para enfrentar las dificultades antes mencionadas. Sin embargo, las expresiones públicas desde el gobierno y las decisiones que se han tomado hasta el momento van en sentido contrario.
Se puso en tela de juicio el gasto en alimentación demostrando un desconocimiento enorme del funcionamiento de los comedores escolares, así como del funcionamiento de las escuelas luego de la emergencia sanitaria. Pero peor aún, se puso en discusión si debía comer quien más lo necesitara o debían hacerlo todxs como hasta ahora. Rápidamente volvimos a discusiones que parecían saldadas en nuestra sociedad. ¿En la comida de nuestros niños y niñas vamos a ahorrar? No, ¿no? El tiempo de comedor es un espacio educativo, que construye grupalidad y permite la circulación de saberes. Pero además, es la mejor manera de que el estado garantice una alimentación saludable, balanceada y completa para todxs lxs niños y niñas. No sólo no deberían escatimarse recursos al respecto, sino que debería haber incluso una mayor inversión.
Mientras buscábamos las maneras de ampliar el tiempo pedagógico de los niños y las niñas, perdiendo tiempos institucionales para abordar las situaciones familiares más alejadas de la escuela, recibimos la noticia de que el CODICEN de la ANEP decidió por voto de los consejeros designados por el gobierno, asignar un primer paquete de horas (5.000 de las ya presupuestadas) para los proyectos de Trayectorias Protegidas y las horas restantes (10.000) para acompañamiento futuro, ¿¡futuro!? Los proyectos de Trayectorias Protegidas, brindan una atención personalizada a los alumnos con rezago escolar, procurando la recuperación de tiempos pedagógicos, la mejora de los aprendizajes, y el abatimiento del ausentismo. Es una política de impacto, que se desarrolla desde el 2013 en escuelas APRENDER e incorpora nuevos actores educativos, que propuestos por la propia Escuela, trabajan directamente con la población focalizada (1 docente cada 15 alumnos) o trabajan con todo el grupo (1 docente cada 5 grupos) mientras la docente de aula atiende personalizadamente a los alumnos con rezago. Dudo que exista un mejor momento para poner en funcionamiento los proyectos de Trayectorias Protegidas como ahora. Discrepamos profundamente con la decisión de recortar la horas asignadas a este proyecto ya que contamos con plenas posibilidades de implementarlo en las escuelas tal cual funcionan actualmente.
Volviendo al inicio, y sin contar con una solución absoluta respecto a la problemática que da pie al presente artículo, me inclino a pensar que los esfuerzos por fortalecer la Escuela Pública son imprescindibles para disminuir al máximo los impactos negativos de la crisis. En ese sentido el Programa de Maestras Comunitarias es fundamental, por lo cual debe sostenerse y ampliarse. Los proyectos de acompañamiento a las trayectorias educativas (PODES, Trayectorias Protegidas, Maestro más Maestro) deben sostenerse, o por lo menos, no recortarse sin una extensa exposición de motivos que de cuenta de su ineficacia.
Por todo lo expresado, es imprescindible una mayor inversión en la Educación Pública estatal. La infancia tiene que ser prioridad nacional y las decisiones políticas que toma el gobierno deben dar cuenta de ello.
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